nuevatribuna.es
25 de enero de 2010, 10:31
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G.CABALLERO 25.01.2010
Las organizaciones ecologistas mantendrán su ofensiva contra el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) impulsado por el Ministerio de Industria. Así lo ha hecho saber a este periódico el responsable de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, en la víspera del pleno municipal de Ascó donde se deberá decidir la candidatura o no de esta localidad catalana a albergar un cementerio nuclear.
Bravo se ha mostrado muy crítico con el ministro Miguel Sebastián, al que reprocha su “falta de transparencia” en esta materia, su actitud “antidemocrática” y el haber actuado “a escondidas” y al margen de las organizaciones sociales y ecologistas. Por ello, Greenpeace continuará con sus protestas (el miércoles está prevista una concentración en Barcelona) y tampoco descarta llevar el asunto a los tribunales.
“Es un casus belli, este proceso no tiene ni pies ni cabeza”, dice Bravo. El dirigente ecologista augura un nuevo fracaso a la empresa que gestiona los residuos de las centrales nucleares en España (ENRESA) y avala la competencia que tienen las Comunidades Autónomas, negada por el propio Sebastián y por ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa.
Los ecologistas reconocen la necesidad de buscar una fórmula para almacenar la basura nuclear pero ponen como condición previa para sentarse a negociar que el Gobierno presente un plan de cierre de las centrales nucleares: “La condición previa es no generar más residuos”, afirma.
Actualmente existen en España ocho reactores nucleares: Garoña (Castilla y León); Trillo (Castilla La Mancha); Ascó I, Ascó II y Vandellós II (Cataluña); Cofrentes (Valencia); y Almaraz I y II (Extremadura). La mayoría de ellas almacena sus propios recursos menos los que generó la ya clausurada central de Vandellós I que se encuentran en Francia.
Después del mandato del parlamento para la instalación de un ATC, Industria abrió las candidaturas que deberían reunir una serie de condiciones como disponer de servicio ferroviario, estar ubicada en una zona con centrales nucleares y encontrarse alejada de las grandes ciudades, en decir, en zonas rurales o simirurales. Tanto Yebra como Ascó parecen reunir estas condiciones pero los presidentes autonómicos de las comunidades que albergan estas dos poblaciones, los socialistas Montilla y Barreda, han mostrado su rechazo al proyecto.
Greenpeace considera que el ATC no se ajusta a la legalidad y confía en que finalmente sea frenado por la Justicia ante la “enorme protesta social” generada. Bravo destaca el fracaso tras fracaso que ha ido acumulando ENRESA desde 1984, como la polémica generada estos días ante la falta de consenso social y político.
Las organizaciones ecologistas mantendrán su ofensiva contra el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) impulsado por el Ministerio de Industria. Así lo ha hecho saber a este periódico el responsable de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, en la víspera del pleno municipal de Ascó donde se deberá decidir la candidatura o no de esta localidad catalana a albergar un cementerio nuclear.
Bravo se ha mostrado muy crítico con el ministro Miguel Sebastián, al que reprocha su “falta de transparencia” en esta materia, su actitud “antidemocrática” y el haber actuado “a escondidas” y al margen de las organizaciones sociales y ecologistas. Por ello, Greenpeace continuará con sus protestas (el miércoles está prevista una concentración en Barcelona) y tampoco descarta llevar el asunto a los tribunales.
“Es un casus belli, este proceso no tiene ni pies ni cabeza”, dice Bravo. El dirigente ecologista augura un nuevo fracaso a la empresa que gestiona los residuos de las centrales nucleares en España (ENRESA) y avala la competencia que tienen las Comunidades Autónomas, negada por el propio Sebastián y por ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa.
Los ecologistas reconocen la necesidad de buscar una fórmula para almacenar la basura nuclear pero ponen como condición previa para sentarse a negociar que el Gobierno presente un plan de cierre de las centrales nucleares: “La condición previa es no generar más residuos”, afirma.
Actualmente existen en España ocho reactores nucleares: Garoña (Castilla y León); Trillo (Castilla La Mancha); Ascó I, Ascó II y Vandellós II (Cataluña); Cofrentes (Valencia); y Almaraz I y II (Extremadura). La mayoría de ellas almacena sus propios recursos menos los que generó la ya clausurada central de Vandellós I que se encuentran en Francia.
Después del mandato del parlamento para la instalación de un ATC, Industria abrió las candidaturas que deberían reunir una serie de condiciones como disponer de servicio ferroviario, estar ubicada en una zona con centrales nucleares y encontrarse alejada de las grandes ciudades, en decir, en zonas rurales o simirurales. Tanto Yebra como Ascó parecen reunir estas condiciones pero los presidentes autonómicos de las comunidades que albergan estas dos poblaciones, los socialistas Montilla y Barreda, han mostrado su rechazo al proyecto.
Greenpeace considera que el ATC no se ajusta a la legalidad y confía en que finalmente sea frenado por la Justicia ante la “enorme protesta social” generada. Bravo destaca el fracaso tras fracaso que ha ido acumulando ENRESA desde 1984, como la polémica generada estos días ante la falta de consenso social y político.
