CCOO denuncia que la Dirección General de Tráfico continúa privatizando servicios públicos, y apunta directamente a los Centros de Gestión de Tráfico, encargados de la vigilancia de las carreteras y de la seguridad vial. Considera que, dada la importante labor del servicio público más directamente implicado en el cuidado de la seguridad vial, se debe asegurar su atención por personal público, “garantizando la atención al interés general y no al empresarial.”
El organismo dispone de un total de nueve Centros de Gestión de Tráfico repartidos por todo el territorio nacional, desde donde se asume la responsabilidad de controlar e informar sobre la situación del tráfico de las principales carreteras, autovías y autopistas del país. Dichos centros están dotados de multitud de cámaras de vigilancia, paneles de mensaje variable, estaciones de toma de datos de tráfico, meteorológicos o cinemómetros. En estas unidades trabaja tanto personal funcionario, que se encarga de su gestión, como personal de empresas externas, responsable del mantenimiento de los equipos instalados.
“La DGT, a lo largo de estos últimos años, ha dejado de formar a nuevo personal operador funcionario, que atienda debidamente estos Centros de Gestión, todo ello en un alarde de desidia e incapacidad”, señala Fernando García, secretario general de FSC-CCOO en el Ministerio del Interior. Esta dejadez en la gestión de estas dependencias ha desembocado en un empobrecimiento de las condiciones laborales que la Dirección General, lejos de atajar, ha seguido promoviendo. Esto ha provocado que Centros de Gestión como Valencia o Valladolid no hayan podido ser atendidos por personal funcionario en servicios de noche y fines de semana, teniendo que sobrecargar el servicio de otras unidades al atenderse estos tramos laborales de manera muy precaria desde el Centro de Gestión de Madrid, con el peligro que esto conlleva para la seguridad de la ciudadanía.
En respuesta, Tráfico ha publicado una instrucción a través de la cual se encomienda al personal de las empresas privadas de mantenimiento las funciones y potestades públicas que antes realizaba el personal funcionario. “Esta ha sido la decisión tomada por las personas responsables de la DGT, quienes se dedican a seguir privatizando y troceando la DGT, en lugar de seguir una línea adecuada en la gestión de los recursos humanos y ocuparse de cubrir, a través de los procesos de provisión de puestos de trabajo legalmente establecidos o de una oferta de empleo público extraordinaria, los puestos necesarios para atender de manera adecuada un servicio público especialmente sensible para la ciudadanía”, recalca García.
El personal funcionario adscrito a estos Centros de Gestión cuenta con una formación muy específica en materias relativas a ingeniería de tráfico, derecho de la circulación y seguridad vial, tramitación de tráfico, explotación de carreteras, sistemas de control de accesos, sistemas de información, informática básica, métodos de atención al ciudadano y otros sistemas instalados en los Centros de Gestión de Tráfico. Sin embargo, la DGT va a pasar a asignar funciones de señalización, control y gestión del tráfico interurbano a personal de empresas privadas del que se desconoce la formación y cualificación que hayan podido recibir en estas materias.
“Un servicio que exige una especial dedicación en turnos rotatorios, así como la responsabilidad propia de una tarea tan relevante como es la seguridad en carreteras, y que no se corresponde con las retribuciones que actualmente perciben estos trabajadores y estas trabajadoras”, remarcan desde la organización sindical.
“Por tanto, con estas decisiones, y a pesar de sus costosas campañas publicitarias, la DGT evidencia de esta forma la poca importancia que concede a un hecho tan relevante como preocupante: dejar la seguridad vial de nuestras principales carreteras en manos de personal inexperto y no cualificado”, destaca CCOO.
