nuevatribuna.es
15 de junio de 2010, 14:25
NUEVATRIBUNA.ES - 15.06.2010
Lleida desató la voz de alarma. Desde entonces ya son cuatro los municipios catalanes que han seguido su ejemplo y han decidido prohibir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos municipales. El debate no se había puesto sobre la mesa hasta el momento, pero las elecciones catalanas del próximo otoño necesitan problemas que denunciar y sobre todo partidos que se erijan como salvadores.
La carrera catalana contra el burka tiene más que ver con la suma de votos que con los derechos de las mujeres o con las cuestiones de seguridad pública a las que apelaba esta semana el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. El mejor ejemplo son las contradicciones que surgen entre los partidos que están a favor y los que están en contra.
En Barcelona tanto el PP como CIU ambos oposición del edil barcelonés y más que críticos con la gestión de Hereu, de repente se vieron unidos por la misma causa. Se mostraron encantados de que el uso del burka se prohibiera en guarderías, mercados, oficinas de atención al ciudadano, bibliotecas y centros cívicos. En realidad el PP sólo reclamó ir más allá y prohibirlo también en la calle. Paradójicamente los socios del Gobierno catalán, ICV-EUiA, se opusieron rotundamente.
En Tarragona también oposición (CIU) y gobierno (PSC) se han unido en la batalla contra el velo integral en los espacios municipales. Sin embargo ERC socio del gobierno local prefirió presentar una moción independiente.
El ayuntamiento de Lleida, el pionero en esta prohibición, también congregó a varios partidos. El PP, PSC y CIU votaron a favor y en el Vendrell sucedió algo parecido. Por ahora el único partido que muestra con claridad sus resquemores hacia la nueva normativa es ERC, mientras que los conservadores se unen a los socialistas en su campaña de votos.
La excusa que utilizan CIU y PP responde a la defensa de los derechos de la mujer, mientras que el PSC que también señala esta justificación prefiere apostar por la seguridad cívica. En este sentido, el edil de Barcelona defendía ayer: “Es peligroso que entre al ayuntamiento o a lugares públicos una persona a la que no se le ve la cara, tampoco permitimos que entre alguien con pasamontañas o con el casco de una moto. Es una cuestión de seguridad pública”.
Pero los que hablan del burka como un apartado más de su campaña electoral son hasta el momento sólo el PP y CIU. La primera en anunciarlo fue la popular Alicia Sánchez Camacho quien prometió que presentaría al Senado una moción para regular el uso del burka y el niqab a nivel estatal. Duran Lleida ha preferido centrarse en Cataluña y ha asegurado que si Artur Mas llega a presidir la Generalitat abordará la regulación del uso del velo integral en espacios públicos de Cataluña.
¿HAY BURKA EN CATALUÑA?
Los datos del censo catalán de 2010 dicen que de siete millones y medio de ciudadanos que viven en Cataluña, casi 1.200.000 son inmigrantes, lo que supondría un 15,9%. De esta última cifra hay 250.000 personas que se declaran musulmanas. Sin embargo mujeres con burka por las calles catalanas no es una imagen típica de la inmigración de la comunidad.
Tanto la Generalitat como el Parlament han denunciado que los municipios planteen un problema que no existe. La directora general de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Montserrat Coll, ha manifestado en diversas ocasiones que la prohibición del burka es “desproporcionada” debido a las “pocas mujeres que lo llevan”. Además Coll ha señalado la contradicción que supone la prohibición: “La libertad de la mujer es lo más importante. Es posible que las esclavicen, pero nos encontraríamos con la paradoja de obligarlas a hacer lo contrario”.
El president José Montilla apenas ha querido entrar en el debate y cuando lo ha hecho lo ha cerrado de golpe: “Actualmente el burka no supone ningún problema en la calle ni tiene relación con la demanda social”. En este sentido ha reclamado que “no se inventen problemas ni se haga categoría de excepción”.
En la misma línea se ha mostrado el presidente del Parlament, Ernest Benach: “No tengo conciencia de que esto suponga un problema, quizás llegue el día en que deba legislarse, pero ahora no es el momento”.
Sea o no un problema, los municipios catalanes han encontrado una baza electoral en el debate del burka. La campaña que inició Lleida incluso ha llegado a Andalucía, y ahora Coín se ha convertido en el primer municipio andaluz que podría prohibir esta prenda, el resultado se conocerá el próximo 28 de junio. No en todas partes ha triunfado el debate ya que en municipios como Girona la propuesta perdió por goleada y no se piensa llevar a cabo ninguna prohibición.
Este martes el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha adelantado que la reforma de la Ley de Libertad Religiosa podría contemplar la regulación del burka, pero todavía no ha señalado en qué términos se haría. Sin embargo una decisión a nivel estatal parecería la única medida que pudiera frenar el uso electoralista de un asunto complejo cargado de simbolismo.
Lleida desató la voz de alarma. Desde entonces ya son cuatro los municipios catalanes que han seguido su ejemplo y han decidido prohibir el uso del burka y del niqab en los espacios públicos municipales. El debate no se había puesto sobre la mesa hasta el momento, pero las elecciones catalanas del próximo otoño necesitan problemas que denunciar y sobre todo partidos que se erijan como salvadores.
La carrera catalana contra el burka tiene más que ver con la suma de votos que con los derechos de las mujeres o con las cuestiones de seguridad pública a las que apelaba esta semana el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. El mejor ejemplo son las contradicciones que surgen entre los partidos que están a favor y los que están en contra.
En Barcelona tanto el PP como CIU ambos oposición del edil barcelonés y más que críticos con la gestión de Hereu, de repente se vieron unidos por la misma causa. Se mostraron encantados de que el uso del burka se prohibiera en guarderías, mercados, oficinas de atención al ciudadano, bibliotecas y centros cívicos. En realidad el PP sólo reclamó ir más allá y prohibirlo también en la calle. Paradójicamente los socios del Gobierno catalán, ICV-EUiA, se opusieron rotundamente.
En Tarragona también oposición (CIU) y gobierno (PSC) se han unido en la batalla contra el velo integral en los espacios municipales. Sin embargo ERC socio del gobierno local prefirió presentar una moción independiente.
El ayuntamiento de Lleida, el pionero en esta prohibición, también congregó a varios partidos. El PP, PSC y CIU votaron a favor y en el Vendrell sucedió algo parecido. Por ahora el único partido que muestra con claridad sus resquemores hacia la nueva normativa es ERC, mientras que los conservadores se unen a los socialistas en su campaña de votos.
La excusa que utilizan CIU y PP responde a la defensa de los derechos de la mujer, mientras que el PSC que también señala esta justificación prefiere apostar por la seguridad cívica. En este sentido, el edil de Barcelona defendía ayer: “Es peligroso que entre al ayuntamiento o a lugares públicos una persona a la que no se le ve la cara, tampoco permitimos que entre alguien con pasamontañas o con el casco de una moto. Es una cuestión de seguridad pública”.
Pero los que hablan del burka como un apartado más de su campaña electoral son hasta el momento sólo el PP y CIU. La primera en anunciarlo fue la popular Alicia Sánchez Camacho quien prometió que presentaría al Senado una moción para regular el uso del burka y el niqab a nivel estatal. Duran Lleida ha preferido centrarse en Cataluña y ha asegurado que si Artur Mas llega a presidir la Generalitat abordará la regulación del uso del velo integral en espacios públicos de Cataluña.
¿HAY BURKA EN CATALUÑA?
Los datos del censo catalán de 2010 dicen que de siete millones y medio de ciudadanos que viven en Cataluña, casi 1.200.000 son inmigrantes, lo que supondría un 15,9%. De esta última cifra hay 250.000 personas que se declaran musulmanas. Sin embargo mujeres con burka por las calles catalanas no es una imagen típica de la inmigración de la comunidad.
Tanto la Generalitat como el Parlament han denunciado que los municipios planteen un problema que no existe. La directora general de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Montserrat Coll, ha manifestado en diversas ocasiones que la prohibición del burka es “desproporcionada” debido a las “pocas mujeres que lo llevan”. Además Coll ha señalado la contradicción que supone la prohibición: “La libertad de la mujer es lo más importante. Es posible que las esclavicen, pero nos encontraríamos con la paradoja de obligarlas a hacer lo contrario”.
El president José Montilla apenas ha querido entrar en el debate y cuando lo ha hecho lo ha cerrado de golpe: “Actualmente el burka no supone ningún problema en la calle ni tiene relación con la demanda social”. En este sentido ha reclamado que “no se inventen problemas ni se haga categoría de excepción”.
En la misma línea se ha mostrado el presidente del Parlament, Ernest Benach: “No tengo conciencia de que esto suponga un problema, quizás llegue el día en que deba legislarse, pero ahora no es el momento”.
Sea o no un problema, los municipios catalanes han encontrado una baza electoral en el debate del burka. La campaña que inició Lleida incluso ha llegado a Andalucía, y ahora Coín se ha convertido en el primer municipio andaluz que podría prohibir esta prenda, el resultado se conocerá el próximo 28 de junio. No en todas partes ha triunfado el debate ya que en municipios como Girona la propuesta perdió por goleada y no se piensa llevar a cabo ninguna prohibición.
Este martes el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha adelantado que la reforma de la Ley de Libertad Religiosa podría contemplar la regulación del burka, pero todavía no ha señalado en qué términos se haría. Sin embargo una decisión a nivel estatal parecería la única medida que pudiera frenar el uso electoralista de un asunto complejo cargado de simbolismo.
