nuevatribuna.es
7 de abril de 2010, 9:19
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 6.4.2010
Aunque la llegada de las excavadoras se ha producido por sorpresa, la plataforma vecinal "Salvem el Cabanyal" estaba en alerta ya que, tal y como ha explicado su portavoz, Maribel Domenech, hoy entra en vigor la ley aprobada el pasado 24 de marzo en el pleno de Les Corts, por la mayoría de votos del PP, que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio del Cabanyal. Por ello, desde las 08.00 horas varios vecinos del barrio han acudido al lugar, en el número 29 de la citada vía.
Los vecinos han rodeado las casas que se tenía previsto derribar cuando han llegado "alrededor de 30 o 40 policías en varios furgones" y les han retirado del lugar "por la fuerza". Poco después de las diez de la mañana el primero de los derribos ya había finalizado. El inmueble situado entre las calles San Pedro y Luis Despuig es ya un montón de escombros. De nada han servido las protestas ciudadanas como la gran manifestación que se celebró a finales de enero.
En la actuación intervienen "numerosas" palas excavadoras y coches-grúa, y Doménech ha afirmado que, por los medios desplegados en la calle, los vecinos temen que los derribos de hoy vayan a ser "en cadena". Según ha declarado, "se está viviendo un ataque masivo" en el barrio, "cuyo objetivo esta jornada es la calle San Pedro". No obstante, ha insistido en que los vecinos concentrados en la vía, que protagonizan constantes pitadas, quejas y sentadas de protesta, no van a abandonar la zona a pesar de la presión policial. "No nos hemos movilizado antes de que entrara en vigor, en enero, la orden ministerial que protegía el barrio. Posteriormente a ella, sí lo estamos haciendo porque esto es un atropello", se ha quejado.
Ha criticado además el "excesivo" despliegue policial -del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local- desarrollado con motivo de los derribos, "unos policías que nunca antes han venido a una zona que se considera peligrosa por la venta de drogas", ha criticado.
Otro representante de la plataforma, Faustino Villora, ha explicado que su estrategia pasa por ofrecer una resistencia pacífica para impedir el paso de las excavadoras. En la zona también está el concejal socialista Vicente González Móstoles, cuyo grupo municipal se ha opuesto al Plan Urbanístico al igual que el resto de la oposición. Para el PSPV, el Cabanyal es "el error Barberá", que ha convertido la ciudad en "territorio para hacer negocio"; para Compromís el PP ha traspasado "todos los límites legales y morales" para "arrasar" ese barrio, y para EU esta ley busca "destruir, expoliar y acabar" con un barrio declarado BIC (Bien de Interés Cultural). La diputada del Grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, ha asegurado hoy mismo que el derribo del Cabanyal es una operación para "tapar las vergüenzas del PP porque hoy se levanta el secreto del sumario del caso Gürtel" al que, por cierto, no es ajeno el plan urbanístico para el parrio, tal y como ha denunciado la plataforma vecinal.
El derribo del Cabanyal choca, además, con la orden de paralización del Ministerio de Cultura, aunque el Gobierno municipal defiende que las demoliciones de hoy se producen fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural. Sólo en este ámbito se ha acordado paralizar cualquier actuación hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. El Ejecutivo consideraba en su recurso que la norma del Gobierno valenciano menoscababa las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado y que no estaba justificada por la existencia de una "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución en estos casos.
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ya ha cursado instrucciones a la Abogacía del Estado para que "con carácter inmediato y como medida cautelarísima", se solicite del juzgado "la suspensión de todo tipo de derribos" en el barrio valenciano de El Cabanyal "en base a la orden vigente del Ministerio de Cultura que así lo dispone y que establece la obligación del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat de ejecutar esa orden".
Aunque la llegada de las excavadoras se ha producido por sorpresa, la plataforma vecinal "Salvem el Cabanyal" estaba en alerta ya que, tal y como ha explicado su portavoz, Maribel Domenech, hoy entra en vigor la ley aprobada el pasado 24 de marzo en el pleno de Les Corts, por la mayoría de votos del PP, que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio del Cabanyal. Por ello, desde las 08.00 horas varios vecinos del barrio han acudido al lugar, en el número 29 de la citada vía.
Los vecinos han rodeado las casas que se tenía previsto derribar cuando han llegado "alrededor de 30 o 40 policías en varios furgones" y les han retirado del lugar "por la fuerza". Poco después de las diez de la mañana el primero de los derribos ya había finalizado. El inmueble situado entre las calles San Pedro y Luis Despuig es ya un montón de escombros. De nada han servido las protestas ciudadanas como la gran manifestación que se celebró a finales de enero.
En la actuación intervienen "numerosas" palas excavadoras y coches-grúa, y Doménech ha afirmado que, por los medios desplegados en la calle, los vecinos temen que los derribos de hoy vayan a ser "en cadena". Según ha declarado, "se está viviendo un ataque masivo" en el barrio, "cuyo objetivo esta jornada es la calle San Pedro". No obstante, ha insistido en que los vecinos concentrados en la vía, que protagonizan constantes pitadas, quejas y sentadas de protesta, no van a abandonar la zona a pesar de la presión policial. "No nos hemos movilizado antes de que entrara en vigor, en enero, la orden ministerial que protegía el barrio. Posteriormente a ella, sí lo estamos haciendo porque esto es un atropello", se ha quejado.
Ha criticado además el "excesivo" despliegue policial -del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local- desarrollado con motivo de los derribos, "unos policías que nunca antes han venido a una zona que se considera peligrosa por la venta de drogas", ha criticado.
Otro representante de la plataforma, Faustino Villora, ha explicado que su estrategia pasa por ofrecer una resistencia pacífica para impedir el paso de las excavadoras. En la zona también está el concejal socialista Vicente González Móstoles, cuyo grupo municipal se ha opuesto al Plan Urbanístico al igual que el resto de la oposición. Para el PSPV, el Cabanyal es "el error Barberá", que ha convertido la ciudad en "territorio para hacer negocio"; para Compromís el PP ha traspasado "todos los límites legales y morales" para "arrasar" ese barrio, y para EU esta ley busca "destruir, expoliar y acabar" con un barrio declarado BIC (Bien de Interés Cultural). La diputada del Grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, ha asegurado hoy mismo que el derribo del Cabanyal es una operación para "tapar las vergüenzas del PP porque hoy se levanta el secreto del sumario del caso Gürtel" al que, por cierto, no es ajeno el plan urbanístico para el parrio, tal y como ha denunciado la plataforma vecinal.
El derribo del Cabanyal choca, además, con la orden de paralización del Ministerio de Cultura, aunque el Gobierno municipal defiende que las demoliciones de hoy se producen fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural. Sólo en este ámbito se ha acordado paralizar cualquier actuación hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. El Ejecutivo consideraba en su recurso que la norma del Gobierno valenciano menoscababa las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado y que no estaba justificada por la existencia de una "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución en estos casos.
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ya ha cursado instrucciones a la Abogacía del Estado para que "con carácter inmediato y como medida cautelarísima", se solicite del juzgado "la suspensión de todo tipo de derribos" en el barrio valenciano de El Cabanyal "en base a la orden vigente del Ministerio de Cultura que así lo dispone y que establece la obligación del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat de ejecutar esa orden".
