martes. 25.06.2024

Barajas: parada y fonda

AGNESE MARRA
Aunque cumplan los requisitos de entrada, decenas de inmigrantes residen durante días bajo condiciones infrahumanas en el aeropuerto. El último caso ha sido el de un empresario guineano que venía a someterse a un tratamiento médico y le denegaron la entrada. A pesar de su grave estado de salud pasó una semana en la sala de 'no admitidos'. Se volvieron a vulnerar las normas.
NUEVATRIBUNA.ES - 26.02.2010

Ser de origen africano o latinoamericano y pretender venir a España se convierte en una aventura de tintes kafkianos. Las fronteras están más cerradas que nunca y Europa deja claro que no quiere en sus países a ciudadanos ‘molestos’. La Directiva de la Vergüenza es el mejor ejemplo del ‘aquí no cabemos todos’.

Pero en esta paranoica vigilancia se cometen muchos errores y las autoridades policiales vulneran las leyes a su antojo utilizando métodos de retención bastante dudosos. Las deportaciones están a la orden del día y la sala de rechazados del aeropuerto madrileño de Barajas cuelga a diario el cartel de ‘completo’.

Los requisitos que les exigen no son menores. Según la normativa cada una de las personas extranjeras que desean ingresar a España como turistas debe acreditar que cuentan con medios económicos para mantenerse durante su estadía. La cifra mínima que imponen es de 62,4 euros por persona y día, con un mínimo de 561, 6 euros. Si no se tiene el dinero en efectivo se deben presentar cheques de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito (con el extracto bancario o libreta bancaria).

También deben tener el pasaporte en vigor y si lo requiere su país de procedencia su correspondiente visado. A su vez deben mostrar un justificante de la reserva en un Hotel, si viene en viaje organizado, su reserva y en caso de venir a casa de un familiar o amigo la carta de invitación. Este último requisito es el más complicado y demorado. La carta de invitación la debe solicitar la persona de acogida en la comisaría más cercana a su domicilio, donde tiene que mostrar el contrato de alquiler donde reside, constancia laboral y la cartilla de la entidad bancaria para confirmar que cuenta con recuerdos para recibir al familiar. La aceptación de la carta por parte del Ministerio puede demorar entre 20 a 90 días y su tramitación ronda los 100 euros.

A pesar de cumplir los requisitos que se solicitan para acceder a este país, muchos inmigrantes quedan detenidos en tierra de nadie a la espera de conseguir su objetivo. Lucas Olo Hondo, un ingeniero guineano de 43 años, ha sufrido algunas de las ilegalidades que se llegan a cometer en el aeropuerto.

Este empresario guineano, que tuvo residencia permanente en España hasta 2007, aterrizó en Madrid el 4 de febrero. Llegaba desde Malabo y su viaje tenía un objetivo claro, poder llegar al Hospital del Rey para ser sometido a un tratamiento médico en la conocida unidad de enfermedades tropicales. Todo estaba planeado, tenía 14.000 euros para poder quedarse las semanas que fueran necesarias y tratar las tres enfermedades que padece: tuberculosis, malaria y diabetes. Lo que no se esperaba Lucas Olo era que le denegaran la entrada.

Durante una semana el guineano estuvo viviendo en la sala de no admitidos, con unas condiciones de salud muy graves y sin ser escuchado por las autoridades policiales. Gracias a la ayuda de dos familiares suyos que viven en España pudo tener un abogado que defendiera los derechos que le habían vulnerado.

La excusa que le dieron era que el permiso de residencia estaba caducado. Sin embargo, él llevaba la información necesaria, explicó los motivos y las pruebas de su estadía y mostró los 14.000 euros que tenía en efectivo: “No quiero ganar dinero en España, voy a gastar el mío para poder tener un buen tratamiento médico”, declaraba el guineano.

El 11 de febrero tras las tramitaciones de su abogado, el empresario pudo cruzar el puesto fronterizo y en estos momentos ya está siendo sometido al tratamiento médico que necesitaba. Sin embargo los siete días que pasó en el limbo no los olvida: “Fue como una estancia en la cárcel. Cada día llegaban 40 o 50 inmigrantes a los que se les denegaba la entrada. Estábamos en unas condiciones infrahumanas”, ha denunciado la víctima.

Sus problemas de salud eran motivo suficiente para poder entrar por “razones humanitarias”, tal y como lo señala el Artículo 25 de la ley de extranjería, el mismo que permitió a entrada de Aminatou Haidar. Sin embargo tuvieron que pasar siete días para que cumplieran la normativa. Durante toda la semana sólo una vez le visitó el médico, a pesar de que Lucas Olo insistía en que se encontraba muy mal: “Me dijeron que los médicos sólo venían los viernes y que tenía que esperar”, ha contado en la Cadena Ser.

Casos similares a los de este guineano se repiten normalmente. En 2008 detuvieron a dos profesores brasileños que venían a España para dar unas conferencias. Esa decisión provocó una gran polémica en Brasil y el presidente Lula decidió pagar con la misma moneda a todos los españoles que quisieran llegar al país latinoamericano. La crisis diplomática se resolvió con un pacto en el que se permite que funcionarios brasileños estén en los aeropuertos españoles controlando que todo se haga bien.

Argentina ha sido el último país en suscribirse al mismo pacto, mientras Venezuela y Bolivia han denunciado en varias ocasiones las deportaciones masivas que se hacen con sus ciudadanos.

Según Víctor Sáez, presidente de Ferine (Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados) “todos los días están deportando a gente en el aeropuerto de Barajas”. Según afirma, “expulsan a entre dos y cinco personas cada día” y como métodos habituales “les atan, les esposan o les ponen un bozal”, denunció el pasado mes de octubre.

Otras ONG y asociaciones de inmigrantes han recibido quejas similares de los aeropuertos españoles. El número de extranjeros devueltos a sus países de origen han aumentado de forma considerable. En 2009 fueron rechazados un total de 9.215 extranjeros, de los cuales 6.000 eran latinoamericanos, concretamente 1.338 venezolanos, 1.254 argentinos, 1.050 paraguayos y en menor medida bolivianos y uruguayos.


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