jueves. 28.03.2024
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La pandemia que estamos sufriendo y la previsible cuarta ola que se espera en abril/mayo ha dejado en evidencia muchos problemas de nuestro sistema sanitario, pero uno de los más importantes es la debilidad de Atención Primaria, y eso es el resultado de una actuación, en unos casos intencionada, en otros más de desatención, por parte de las CCAA que, manteniendo una tónica general de desatención, ha tenido una gran variabilidad entre ellas.

La primera cuestión llamativa es la disminución del gasto sanitario y de los presupuestos por habitante. Entre 2010 y 2018 la proporción del gasto sanitario público destinado a la AP disminuyo un 0,98% en el conjunto del país (desde el -6,51% de Baleares hasta  el +1,27% de Cantabria). En 2018 este porcentaje sobre el gasto sanitario público estaba entre el 17,45% de Andalucía hasta el 11,48% en Madrid. En 2018 solo 6 CCAA superan el porcentaje de 2010.

El gasto sanitario por habitante y año en 2018 fue de 206,73 euros oscilando entre 261,75 de Extremadura y 147,97 en Madrid, siete de las CCAA están situadas por debajo de la media y son llamativos los casos de Madrid y Baleares (178,38 euros). Unas diferencias tan importantes generan necesariamente desigualdad en las prestaciones de la Atención Primaria.

En 2019 se había producido una pequeña disminución en el número de tarjetas sanitarias individuales (TSI) por profesional en medicina de familia, pediatría, enfermería y administrativos respecto a 2010 (-51, -57, -121 y -266 respectivamente), con una gran variabilidad entre las CCAA. De todas maneras las ratios (TSI/profesional) siguen siendo muy elevadas en todas ellas).

Los problemas detectados explican, aparte de las actuaciones irresponsables de la Sra. Ayuso, el porqué la Comunidad de Madrid ha sido una de las que ha tenido una peor situación en Atención Primaria durante la pandemia

En medicina de familia, en 2019, la ratio oscila entre 1.762 de Baleares y 907 de Castilla y León (media 1.342). El porcentaje de profesionales con más de 1.500 TSI es muy elevado y globalmente inaceptable (el 38,83%) y en algunas de las CCAA realmente escandaloso (Baleares 88,28%, Madrid 56,75%), en esta ultima comunidad están el 52,9% de quienes tienen más de 2.000 TSI/profesional.

En pediatría la ratio también es elevada, a pesar de la bajada de natalidad que obviamente favorece una disminución de las mismas, las ratios oscilan entre 1.149 de Cataluña y 766 de Valencia. De nuevo Baleares y Madrid concentran los mayores porcentajes con más de 1.250 TSI, siendo Madrid la que acoge al 56,89% con más de 1.500 TSI.

En enfermería existe una anomalía crónica en el sistema sanitario español, ya que la ratio de TSI por profesional es mayor que la de medicina, cuando lo habitual en otros países (UE, OCDE) es que sea 1,5 inferior, a pesar de ello la ratio ha aumentado en cuatro CCAA entre 2010 y 2019. La ratio de TSI profesional es muy elevada en 2019 (1.485 de promedio) y varia entre 1.113 de Canarias y 2.016 de Madrid.

El personal administrativo también presenta ratios muy elevadas (2.779 de promedio en 2019) con gran variabilidad (máximo de 5.026 en la Rioja y mínimo de 1.720 en Canarias). La escasez de personal administrativo es precisamente una de las causas de la sobrecarga burocrática del personal asistencial.

A la vez el número de consultas realizadas en Atención Primaria disminuyo globalmente entre 2010 y 2019 (-4,62%), si bien lo hizo a costa de las consultas médicas (-8,11%), porque se objetivo un aumento del 2,23% en las de enfermería, lo que se evidencio en todas las CCAA. No obstante el número de consultas de medicina continuo siendo muy superior al de enfermería (1,76 veces mayor).

La frecuentación obviamente es mayor en las consultas médicas que en las de enfermería ((5,06 versus 2,87), y mayor entre la población de más de 65 años. Oscila en las CCAA entre 6,8 de Extremadura y 3,84 de Cataluña en el caso de las de medicina y 4,1 en Castilla y León y 2,08 en Cataluña en el caso de enfermería. La frecuentación esta influida positivamente por la edad, y negativamente por el nivel socioeconómico, las mayores demoras en las citaciones y el grado de privatización en Atención Primaria.

La tasa de urgencias y emergencias fue elevada, en 2019: 44,51/1.000 habitantes son resueltas por los centros coordinadores y 102,84 precisaron de un desplazamiento de profesionales sanitarios. Mientras tanto la tasa de interconsultas por 1000 habitantes se mantuvo prácticamente estable pasando de 386,48 en 2013 a 381,31 en 2017 (primer y ultimo año disponibles). Las CCAA con mayores tasas en 2017 fueron Canarias y La Rioja (564 y 474 respectivamente) y la que menos Extremadura (265,06).

El gasto farmacéutico por recetas que es el que depende sobre todo de Atención Primaria ha experimentado un crecimiento del 12,6% en el conjunto del país, oscilando entre el 24,1% de Valencia y un ligero decrecimiento (- 0,7%) de Navarra. En todo caso el crecimiento promedio se ha situado por delante del aumento del presupuesto. El gasto por habitante y año paso de 207,1 € en 2014 a 233,4 en 2019, oscilando este ultimo año entre 319,7 en Extremadura y 202,6 en Madrid, y es superior en todas las CCAA al gasto realizado en Atención Primaria.

De todas maneras conviene resaltar que en el barómetro sobre Covid19 del CIS  en diciembre de 2020 un 71,7% de las personas que creían padecer la enfermedad acudieron a Atención Primaria (frente a solo un 4,6% que acudieron a un medico privado) lo que significa una gran confianza de la población en la Atención Primaria pública, estos datos oscilaban entre el 82,5% en Aragón y el 44,6% en Cantabria.

Los problemas detectados en la Atención Primaria son probablemente una de las causas de las dificultades para atender la pandemia y para realizar el seguimiento y detección de casos durante la misma y también explican, aparte de las actuaciones irresponsables de la Sra. Ayuso, el porque la Comunidad de Madrid ha sido una de las que ha tenido una peor situación en Atención Primaria durante la pandemia.


Firman este artículo: Imara Garit, Carlos S. Fernández, Sergio F. Ruiz y Marciano Sánchez Bayle de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Una atención primaria descapitalizada y debilitada