Más de 120 asociaciones de mujeres -como Mujeres Juristas Themis o Federación de Mujeres Progresistas-, sindicatos -CCOO y UGT- organizaciones profesionales sanitarias -Asociación en Defensa de la Sanidad Pública- y clínicas especializadas en interrupciones del embarazo -Dator o El Bosque- han presentado un manifiesto en el que muestran su "total indignación" ante la reforma anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo con la que se pasaría de una ley de plazos a otra de supuestos.
De esta forma, los firmantes afirman que las mujeres tienen derechos específicos en salud sexual y reproductiva y exigen que haya derecho a prestaciones específicas en la cartera nacional básica de servicios sanitarios. Además, apuntan que la "negación" de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conlleva "el retroceso en cuestiones como la educación sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia".
Así, muestran su "absoluta negativa a aceptar un recorte en la libertad y autonomía de las mujeres en relación a su sexualidad y a decidir sobre su maternidad" y consideran que la posible reforma de la legislación supondría "un retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".
"Donde hay derechos no hay supuestos y el ejercicio de un derecho no es punible"
En este sentido, afirman su "desacuerdo" con el fondo argumental por el que se quiere llevar a término la reforma pues lo ven "retrógrado, manipulador e ideológico" y manifiestan su "repulsa" en relación con que "la vulneración de los derechos de las mujeres se convierta en el sello ideológico de la derecha".
Asimismo, advierten de que la pérdida de derechos en salud sexual y reproductiva "expondría a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres" y, en este sentido, recuerdan que el Gobierno está "obligado, de acuerdo a la normativa europea e internacional, a refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos".
Por otro lado, denuncian que "violencia de género estructural" es "la coacción y la limitación en el uso de las libertades individuales" y rechazan la "presión de la jerarquía eclesiástica y grupos ultraconservadores" que, a su juicio, existe. Así, piden "una sociedad laica y democrática libre de imposiciones religiosas".
En el manifiesto también afirman el derecho de cada uno "a decidir sobre su cuerpo y su vida" y critican la "arbitrariedad en el manejo y uso del concepto 'derechos' y que la aceptación de los derechos humanos de las mujeres es incompatible con su regulación en el código penal". "Donde hay derechos no hay supuestos y el ejercicio de un derecho no es punible", concluyen.
