La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunciará por prevaricación al Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja (VOX), “si trata de llevar a cabo cualquier tipo de protección de la pirámide fascista dedicada al ejército italiano de Mussolini, que celebra su terrible y temible papel en el golpe de Estado franquista y no comienza a desmontarlo y a tramitar la desaparición de un monumento cuyo único destino es humillar a las víctimas de la dictadura franquista y festejar los crímenes del fascismo en la Europa de mediados del siglo XX”.
Así se ha pronunciado la asociación tras conocer la intención de la consejería de Cultura de tramitar como Bien de Interés Cultural (BIC) la conocida Pirámide de los Italianos situada en la provincia de Burgos.
La ARMH exige la retirada del monumento en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y advierte de que llevará a cabo acciones judiciales en caso de no llevarse a cabo.
Asimismo, reclamará a la Fiscalía General del Estado la apertura de un proceso “que termine con la prevaricación administrativa del consejero y de quienes lo están llevando a cabo y, conscientes de lo que dicta una ley del Estado, pretenden proteger un monumento que exalta el golpe de Estado de 1936 y las victoria de tres ejércitos fascistas en el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial que se produjo en España con la intervención de los ejércitos de Mussolini y de Hitler apoyando a los fascistas españoles”, señala.
Querer mantener homenajes a un ejército fascista no cabe en el marco de una democracia
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, “querer mantener homenajes a un ejército fascista que colaboró en el derrocamiento de un Gobierno legítimo y ayudó a instaurar una terrible dictadura no cabe en el marco de una democracia porque no se puede blanquear el fascismo y difundir ningún mensaje desde ninguna institución que le diga a la sociedad que el fascismo fue bueno para la sociedad”.
“Que el consejero tome esa medida, consciente de que hay dos leyes estatales que se lo impiden, supone una prevaricación administrativa de manual y debe sancionarse judicialmente con la inhabilitación del responsable y la instauración de la legalidad que debe comenzar con la detallada documentación de la pirámide y su posterior derribo. Esos monumentos agreden a las víctimas de la dictadura y tratan de humillarlas y como cualquier otra víctima de hechos violentos deben ser protegidas por las instituciones”, añade.
