Apertura de expediente sancionador a Alquiler Seguro
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El sector inmobiliario español se ha caracterizado históricamente por unas prácticas que han originado un elevadísimo coste tanto de la venta de viviendas como del alquiler de las mismas. La desproporción entre ingresos de los trabajadores y coste de la vivienda es cada día mayor. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra la agencia Alquiler Seguro por presuntas prácticas abusivas en la gestión de alquileres. Esta acción se enmarca dentro de una investigación más amplia que podría involucrar a muchas otras inmobiliarias a nivel nacional.
La Dirección General de Consumo ha requerido información no solo a Alquiler Seguro, sino también a otras inmobiliarias sospechosas, tras recibir las denuncias presentadas por organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, CECU, FACUA y la OCU, que señalan que Alquiler Seguro y otras inmobiliarias habrían exigido a los inquilinos el pago de comisiones por la gestión del arrendamiento, además de imponer la contratación de seguros y otros servicios no solicitados.
Estas prácticas contravienen la Ley por el Derecho a la Vivienda, que prohíbe trasladar a los arrendatarios los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato.
Esta ley establece que los costes de gestión inmobiliaria y formalización del contrato son responsabilidad exclusiva de los propietarios. Sin embargo, informes recientes indican que algunas agencias continúan trasladando estos gastos a los inquilinos, la parte débil de estos contratos, incumpliendo la normativa vigente.
Además del cobro indebido de comisiones, se ha detectado la imposición de seguros de impago a los inquilinos, una práctica que vulnera los derechos de los consumidores al obligarlos a asumir costes adicionales no contemplados en la ley.
Alquiler Seguro ya ha sido emplazada para presentar sus alegaciones, y cuenta con la posibilidad de reconocer total o parcialmente las infracciones, comprometerse a corregirlas y abonar la sanción con una rebaja sustancial, según el procedimiento previsto por la normativa de Consumo.
La apertura de este expediente no es un caso aislado. El Ministerio de Consumo mantiene investigaciones abiertas contra otras agencias inmobiliarias por prácticas similares, lo que indica una problemática extendida en el sector. Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la imposición de seguros, la obligación de contratar servicios no solicitados o el cobro de honorarios injustificados.
Todas ellas podrían constituir infracciones graves o muy gravesen virtud de la Ley de Defensa de los Consumidores, con sanciones que podrían ir desde los 100.000 euros hasta más de un millón, dependiendo del beneficio económico obtenido de manera ilícita
Este procedimiento se suma a acciones previas del Ministerio, como el expediente sancionador iniciado en diciembre contra una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por publicidad ilícita, y el de febrero contra empresas gestoras de viviendas turísticas por prácticas engañosas.
La apertura de este expediente sancionador subraya la importancia de que todas las partes involucradas en el mercado inmobiliario cumplan con la legislación vigente. Es esencial que los inquilinos estén informados sobre sus derechos y que las agencias inmobiliarias ajusten sus prácticas para garantizar un mercado de alquiler justo y transparente. También los propietarios deben entender que la normativa ha cambiado y que ahora son ellos los que deben asumir los gastos de contratar a una agencia para que gestione el alquiler de su propiedad.