Con motivo de la presentación de la ‘Agenda de derechos humanos para Comunidades Autónomas y Ayuntamiento’, Amnistía Internacional ha instado a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales salidos de las elecciones del pasado 22 de mayo a que tomen medidas para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, muy especialmente en los ámbitos de la sanidad, la justicia o la educación, en los cuales tienen competencias definidas.
“Cuando el Estado no respeta los derechos humanos, las administraciones autonómicas y locales son los primeros interlocutores de quienes buscan protección y justicia. Por lo tanto, estas administraciones son fundamentales para la protección de estos derechos”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Entre las medidas propuestas por AI figura poner fin a los desalojos forzados, así como aprobar una nueva legislación autonómica en materia de alojamiento en caso de emergencia.
A respecto, la organización señala que en España “existe un déficit en la protección jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales”, ya que “tanto las leyes como las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, reflejan que estos derechos son tratados como meras prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos en las vidas de las personas”.
AI denuncia que miles de personas pueden ser desalojadas forzosamente de sus casas. Sólo en Cañada Real (Madrid), entre 25.000 y 40.000 personas, según las fuentes, podrían ser desalojadas sin ningún tipo de garantías. El próximo 24 de junio familias de Cañada Real, vuelven a enfrentarse a un desalojo inminente.
Diferentes organismos internacionales llevan años alertando a España sobre la situación de la vivienda. En 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos. En 2008, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada llamó la atención sobre la necesidad de evaluar los efectos de los desalojos forzosos sobre las personas y garantizar la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada.
“Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos”, manifestó Esteban Beltrán.
Ai, además pide medidas más específicas contra la xenofobia, el racismo y la discriminación que, a su juicio, “continúan siendo invisibles en España” porque “siguen sin existir datos oficiales que permitan registrar y analizar la magnitud de este fenómeno, y tampoco existen órganos independientes que lo investiguen”.
Otra de las cuestiones que se abordan en su informe son los menores tutelados en centros terapéuticos por las Comunidades Autónomas que “ha sido objeto de preocupación para varios organismos internacionales de derechos humanos”.
Diversas investigaciones, entre ellas la de Amnistía Internacional, sacaron a la luz que estos menores “pueden ser víctimas de abusos, malos tratos o trato cruel y degradante, pueden ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados y medicados sin la debida diligencia y en contra de su voluntad. Todo ello en un clima de impunidad por falta de investigaciones imparciales e independientes y en un contexto de invisibilidad, ya que no es posible saber el número de menores internados en este tipo de centros”.
A los anteriormente reseñados, considerados prioritarios por Amnistía Internacional, se suman otros como, por ejemplo, proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia de género; asegurar que las fuerzas de seguridad de ámbito local y autonómico respeten plenamente los derechos humanos y cuenten con la formación adecuada a la hora de desempeñar su trabajo; o abogar por la protección de los derechos humanos en sus programas de cooperación internacional.
