nuevatribuna.es
9 de julio de 2009, 0:19
AGNESE MARRA / NUEVATRIBUNA.ES- 08.07.2009
Agresiones sexuales invisibles. Es así como Amnistía Internacional (AI) califica a las cientos de mujeres y niñas que han sufrido agresiones sexuales o que han caído en redes de trata de blancas y cuya situación sigue sin ser atendida. El informe ‘Una vida sin violencia para mujeres y niñas’ presentado hoy por la ONG hace un recorrido por todas las lagunas estatales en materia de asistencia y ayuda a las víctimas.
La ONG reclama un Plan Marco Integral que sirva para todas las mujeres y niñas víctimas de violencia, ya que hasta ahora la Ley de Violencia de Género sólo tiene en cuenta a las mujeres que son maltratadas por sus parejas o ex parejas: “Hay otra serie de mujeres que son víctimas de violencia y que no son vistas por las instituciones”, explicaba la presidenta de AI España, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta. Desde Amnistía solicitan que al igual que hay una ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo también la haya con las víctimas de género en la que se contemple a todas las mujeres agredidas.
La investigación realizada por María Naredo de AI, revela carencias asistenciales y legislativas que tienen como consecuencia el desamparo de las víctimas. Según denuncia Naredo no existen datos sobre el número de mujeres que sufren agresiones sexuales, ni sobre las denuncias que han tramitado y menos aún sobre las resoluciones finales: “Imaginamos que deben haber muchos márgenes de impunidad y muchas sentencias absolutorias”, señala la investigadora.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DIVIDIDAS
Pero no sólo hay ausencia de datos, el mayor problema es la deficiencia de medios y de leyes integrales que sean iguales en todas las comunidades autónomas: “No existe ningún protocolo médico a la hora de explorara a una mujer que ha sido violada, los forenses de guardia son escasos y además no están cualificados para esta labor que implica un cuidado psicológico especial”, explica Naredo.
Tampoco existen los centros de crisis que la Unión Europea exige que haya en todos los países. Son aquellos lugares que están abiertos 24 horas durante toda la semana y donde se pueden acercar las mujeres que han sido agredidas para contar su situación y ser informadas sobre las medidas a tomar. “Incluso los centros que hay con horario reducido no se encuentran en todo el país, en Galicia por ejemplo no hay ninguno”. Pero quizás una de las ‘anécdotas’ más escandalosas sucede en Madrid, cuando en este tipo de centros exige que una niña que haya sufrido abusos de su padre pueda hacerle las pruebas con un permiso paterno. El humor negro roza el esperpento.
Según explica la investigadora este tipo de problemas son el reflejo de la falta de coordinación entre las comunidades: “Dentro de la misma comunidad puede haber localidades con muy buenas prácticas y otras penosas”. El ejemplo más claro sucede en Cataluña. En Lleida sus juzgados han decidido que los interrogatorios a las mujeres que han sufrido este tipo agresiones se los haga un psicólogo, convirtiéndose el único lugar que hace lo más conveniente para la víctima. Sin embargo en la misma comunidad hay mujeres que han tenido que denunciar enfrentándose con el violador, o que no han sido protegidas con los mínimos requisitos para no ser identificadas: “Si al menos tuvieran distorsionadores de voz, algo muy simple y que de alguna manera protege la identidad de la mujer que denuncia, ya sería algo”, denuncia Naredo.
LA IMPUNIDAD DE LOS AGENTES DEL ESTADO
Según el marco internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia internacional, la violación sexual cometida por los agentes del Estado se puede considerar tortura. Sin embargo en España la violación sexual como tortura cometida por agentes no ha motivado desarrollo legislativo jurisprudencial.
AI recordó lo que sucedió en 2006 en el CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) de Capuchinos de Málaga cuando algunos funcionarios del centro se atrevieron a denunciar que las mujeres internadas sufrían abusos sexuales por parte de los agentes. Incluso una de las víctimas se quedó embarazada y sufrió un aborto en el propio CIE sin ningún tipo de ayuda médica y según las internas bajo las risas de los funcionarios presentes. Diez mujeres aseguraron que testificarían en el juicio contra dichos agentes, todas ellas solicitaron protección del Estado y la respuesta fue que siete fueron expulsadas del país. Tres años después los agentes no han ido a juicio y no tienen ninguna acusación.
La falta de protección que tienen las mujeres inmigrantes cuando sufren un abuso sexual se duplica respecto a las españolas: “Tienen miedo de denunciar porque saben que en la comisaría prima tramitar la orden de expulsión y más tarde atenderán a su denuncia. Además son las ilegales las que padecen más abusos sexuales en las comisarías, ya que los policías no se atreven a violar a las españolas, aprovechan el miedo de ser expulsadas para denigrarlas”. En este sentido AI viene luchando porque se retire la Instrucción 14/2005 emitida por el Ministerio de Interior, en la que se ordena a los funcionarios que investigue la situación migratoria en la que se encuentran las ciudadanas extranjeras que denuncian malos tratos, con el fin de tramitar la orden expulsión.
LA INDEFENSIÓN DE LAS MENORES
Desde AI denuncian que la alarma social en relación a las agresiones sexuales de menores sólo ha servido para poner el acento en el incremento de penas más duras, sin embargo hay un vacío legal respecto a la ayuda psicológica y a la primera asistencia médica que reciben las menores.
Diversas organizaciones de mujeres han señalado que en el caso de violencia sexual contra niñas en el ámbito de la familia, el entorno coactivo o la opresión psicológica resultan evidentes. AI pone como ejemplo una sentencia del tribunal Supremo que consideró que “aunque las menores se sintieron intimidadas, los actos intimidatorios descritos carecen objetivamente del componente normativo de intimidación”.
Otro de los obstáculos con los que se encuentran las menores es la “falta de cuidado y atención”. En la mayoría de las ocasiones son interrogadas por agentes que les obligan a revivir el drama saltándose todas las recomendaciones psicológicas. Algunas como sucedió en el juicio de Barcelona en el que cuatro niñas denunciaron abusos por parte de su profesor de karate, fueron obligadas a testificar frente a él: “Ese tipo de acciones son totalmente contraproducentes, es más en muchos países está prohibido que esto suceda, no hay una mínima atención y preocupación por el estado psíquico de la menor”, denuncia la investigadora del informe.
¿DESPUÉS DE LOS ABUSOS QUÉ?
Tanto las menores, las mujeres maltratadas por sus parejas o simplemente las mujeres que han sufrido cualquier tipo de abuso sexual o violento tienen el mismo problema: la falta de ayuda psicológica después del drama.
Las víctimas y sus familiares se enfrentan a procesos muy largos y a una dolorosa carrera de obstáculos para tener resarcimiento: “no se garantiza la indemnización económica, ni hay garantías de apoyo para la plena recuperación, ni se ofrecen las medidas necesarias para evitar la repetición de la agresión”, denuncia María Naredo.
AI solicita que el Gobierno de Zapatero se enfrente a estos problemas y que no permita “que estas mujeres convivan solas con su dolor”.
> PDF: Informe AI sobre violencia contra las mujeres
Agresiones sexuales invisibles. Es así como Amnistía Internacional (AI) califica a las cientos de mujeres y niñas que han sufrido agresiones sexuales o que han caído en redes de trata de blancas y cuya situación sigue sin ser atendida. El informe ‘Una vida sin violencia para mujeres y niñas’ presentado hoy por la ONG hace un recorrido por todas las lagunas estatales en materia de asistencia y ayuda a las víctimas.
La ONG reclama un Plan Marco Integral que sirva para todas las mujeres y niñas víctimas de violencia, ya que hasta ahora la Ley de Violencia de Género sólo tiene en cuenta a las mujeres que son maltratadas por sus parejas o ex parejas: “Hay otra serie de mujeres que son víctimas de violencia y que no son vistas por las instituciones”, explicaba la presidenta de AI España, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta. Desde Amnistía solicitan que al igual que hay una ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo también la haya con las víctimas de género en la que se contemple a todas las mujeres agredidas.
La investigación realizada por María Naredo de AI, revela carencias asistenciales y legislativas que tienen como consecuencia el desamparo de las víctimas. Según denuncia Naredo no existen datos sobre el número de mujeres que sufren agresiones sexuales, ni sobre las denuncias que han tramitado y menos aún sobre las resoluciones finales: “Imaginamos que deben haber muchos márgenes de impunidad y muchas sentencias absolutorias”, señala la investigadora.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DIVIDIDAS
Pero no sólo hay ausencia de datos, el mayor problema es la deficiencia de medios y de leyes integrales que sean iguales en todas las comunidades autónomas: “No existe ningún protocolo médico a la hora de explorara a una mujer que ha sido violada, los forenses de guardia son escasos y además no están cualificados para esta labor que implica un cuidado psicológico especial”, explica Naredo.
Tampoco existen los centros de crisis que la Unión Europea exige que haya en todos los países. Son aquellos lugares que están abiertos 24 horas durante toda la semana y donde se pueden acercar las mujeres que han sido agredidas para contar su situación y ser informadas sobre las medidas a tomar. “Incluso los centros que hay con horario reducido no se encuentran en todo el país, en Galicia por ejemplo no hay ninguno”. Pero quizás una de las ‘anécdotas’ más escandalosas sucede en Madrid, cuando en este tipo de centros exige que una niña que haya sufrido abusos de su padre pueda hacerle las pruebas con un permiso paterno. El humor negro roza el esperpento.
Según explica la investigadora este tipo de problemas son el reflejo de la falta de coordinación entre las comunidades: “Dentro de la misma comunidad puede haber localidades con muy buenas prácticas y otras penosas”. El ejemplo más claro sucede en Cataluña. En Lleida sus juzgados han decidido que los interrogatorios a las mujeres que han sufrido este tipo agresiones se los haga un psicólogo, convirtiéndose el único lugar que hace lo más conveniente para la víctima. Sin embargo en la misma comunidad hay mujeres que han tenido que denunciar enfrentándose con el violador, o que no han sido protegidas con los mínimos requisitos para no ser identificadas: “Si al menos tuvieran distorsionadores de voz, algo muy simple y que de alguna manera protege la identidad de la mujer que denuncia, ya sería algo”, denuncia Naredo.
LA IMPUNIDAD DE LOS AGENTES DEL ESTADO
Según el marco internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia internacional, la violación sexual cometida por los agentes del Estado se puede considerar tortura. Sin embargo en España la violación sexual como tortura cometida por agentes no ha motivado desarrollo legislativo jurisprudencial.
AI recordó lo que sucedió en 2006 en el CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) de Capuchinos de Málaga cuando algunos funcionarios del centro se atrevieron a denunciar que las mujeres internadas sufrían abusos sexuales por parte de los agentes. Incluso una de las víctimas se quedó embarazada y sufrió un aborto en el propio CIE sin ningún tipo de ayuda médica y según las internas bajo las risas de los funcionarios presentes. Diez mujeres aseguraron que testificarían en el juicio contra dichos agentes, todas ellas solicitaron protección del Estado y la respuesta fue que siete fueron expulsadas del país. Tres años después los agentes no han ido a juicio y no tienen ninguna acusación.
La falta de protección que tienen las mujeres inmigrantes cuando sufren un abuso sexual se duplica respecto a las españolas: “Tienen miedo de denunciar porque saben que en la comisaría prima tramitar la orden de expulsión y más tarde atenderán a su denuncia. Además son las ilegales las que padecen más abusos sexuales en las comisarías, ya que los policías no se atreven a violar a las españolas, aprovechan el miedo de ser expulsadas para denigrarlas”. En este sentido AI viene luchando porque se retire la Instrucción 14/2005 emitida por el Ministerio de Interior, en la que se ordena a los funcionarios que investigue la situación migratoria en la que se encuentran las ciudadanas extranjeras que denuncian malos tratos, con el fin de tramitar la orden expulsión.
LA INDEFENSIÓN DE LAS MENORES
Desde AI denuncian que la alarma social en relación a las agresiones sexuales de menores sólo ha servido para poner el acento en el incremento de penas más duras, sin embargo hay un vacío legal respecto a la ayuda psicológica y a la primera asistencia médica que reciben las menores.
Diversas organizaciones de mujeres han señalado que en el caso de violencia sexual contra niñas en el ámbito de la familia, el entorno coactivo o la opresión psicológica resultan evidentes. AI pone como ejemplo una sentencia del tribunal Supremo que consideró que “aunque las menores se sintieron intimidadas, los actos intimidatorios descritos carecen objetivamente del componente normativo de intimidación”.
Otro de los obstáculos con los que se encuentran las menores es la “falta de cuidado y atención”. En la mayoría de las ocasiones son interrogadas por agentes que les obligan a revivir el drama saltándose todas las recomendaciones psicológicas. Algunas como sucedió en el juicio de Barcelona en el que cuatro niñas denunciaron abusos por parte de su profesor de karate, fueron obligadas a testificar frente a él: “Ese tipo de acciones son totalmente contraproducentes, es más en muchos países está prohibido que esto suceda, no hay una mínima atención y preocupación por el estado psíquico de la menor”, denuncia la investigadora del informe.
¿DESPUÉS DE LOS ABUSOS QUÉ?
Tanto las menores, las mujeres maltratadas por sus parejas o simplemente las mujeres que han sufrido cualquier tipo de abuso sexual o violento tienen el mismo problema: la falta de ayuda psicológica después del drama.
Las víctimas y sus familiares se enfrentan a procesos muy largos y a una dolorosa carrera de obstáculos para tener resarcimiento: “no se garantiza la indemnización económica, ni hay garantías de apoyo para la plena recuperación, ni se ofrecen las medidas necesarias para evitar la repetición de la agresión”, denuncia María Naredo.
AI solicita que el Gobierno de Zapatero se enfrente a estos problemas y que no permita “que estas mujeres convivan solas con su dolor”.
> PDF: Informe AI sobre violencia contra las mujeres
