viernes. 29.03.2024

Aguirre saca las uñas por el trabajo del PSM con la Ley de Dependencia

A. M.
Lo que no hace la presidenta de la Comunidad de Madrid lo hace la oposición, concretamente la asesoría jurídica del PSM. Después de tres años de Ley, Madrid sigue siendo la última comunidad autónoma en atender a sus dependientes. El PSM ofrece ayuda gratuita para luchar por este derecho, y Esperanza Aguirre utiliza medios afines para inculpar a Tomás Gómez de los problemas que sus responsables no resuelven.
> Sombras sobre la Ley de Dependencia
NUEVATRIBUNA.ES - 08.03.2010


Tres años después de que se pusiera en marcha la Ley de Dependencia, la Comunidad de Madrid ha suspendido estrepitosamente en todos los aspectos. Durante el primer año no existían oficinas físicas donde tramitar las solicitudes, después no había personal especializado en el tema. Tras diversas denuncias se consiguió poner personal al frente sin embargo sus gestiones se han caracterizado por el silencio administrativo y por tiempos de respuesta eternos que hacen de Madrid la última comunidad autónoma española en atender a sus dependientes.

Esperanza Aguirre parece no preocuparse por estos datos, y gasta sus fuerzas en hacer una campaña contra el PSM, en vez de reservárselas para mejorar la situación. De este modo el director general de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, denunciaba este lunes en el diario La Razón, que el PSM asesora jurídicamente a centenares de familiares y tramita las solicitudes de dependencia de forma errónea basándose en una normativa caducada hacía un año: “Lejos de informar, confunden, y en vez de agilizar, están retrasando la tramitación de los expedientes de los dependientes, generando falsas expectativas a las personas que acuden a ellos”, decía García Martín en dicho diario.

Tomás Gómez no ha tardado en responder a las acusaciones. “Los ciudadanos cuentan con los servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid, con varios despachos de abogados que están trabajando en aras a defender lo que es justo, lo que es digno, a defender los derechos que tienen por ley los ciudadanos dependientes en nuestra región” ha asegurado el secretario general del PSM. “Los recursos son correctos, los ciudadanos que quieran recurrir tienen a su disposición nuestros servicios jurídicos y hasta la fecha es el único instrumento eficaz para que la gente cobre lo que le corresponde por ley” ha subrayado.

Por si quedara alguna duda ha retado a Esperanza Aguirre: “Si se atreve la Comunidad de Madrid a contestar en escrito jurídico eso que ha aparecido hoy en un diario de tirada nacional estaremos personados en dos horas en el contencioso porque es una información falsa”.

Gómez ha reconocido el trabajo que está haciendo la asesoría jurídica del PSM. En estos momentos tienen en marcha 350 acciones jurídicas reclamando que se den las asignaciones correspondientes a cada dependiente que ha sido reconocido como tal. “A medida que hemos ido poniendo reclamaciones previas algunos ciudadanos han acelerado el cobro de su prestación”. El secretario del PSM ha señalado que todavía no se ha ido al contencioso con ningún caso, pero ha asegurado que “en cuanto que pasen los plazos de reclamación previa vamos a ir al contencioso”.

MARID, LA ÚLTIMA DE LA FILA

La población madrileña alcanza los 6.386.932 de habitantes (13% respecto al total de la población nacional). Hasta el mes de marzo se han admitido 66.300 solicitudes de dependencia, lo que supone el 5,42% del país, y tan sólo el 1,04% del total de la población de Madrid.

Con estos datos, la comunidad gobernada por Esperanza Aguirre vuelve a situarse al final de la cola en atención a la dependencia, incluso por detrás de Ceuta y Melilla, confirma la secretaria de Políticas Sociales de UGT-Madrid, Ana Sánchez de la Coba.

Los últimos datos indican que 29.238 madrileños reciben sus prestaciones de dependencia, lo que supone menos de la mitad de las personas que la han solicitado. El gran problema al que se enfrentan los madrileños es conseguir la prestación una vez que les han aceptado como dependientes.

El primer procedimiento se produce cuando el ciudadano requiere su prestación. A partir de ese momento la Comunidad de Madrid tiene un plazo de seis meses para contestar y señalar si lo consideran dependiente o no. En el caso de que sí lo sea, se le envía una carta en el que le indica su grado de dependencia y le explican que posteriormente sabrá qué prestación recibirá. Sin embargo, entre el primer procedimiento y el segundo, el plazo de tiempo que puede pasar es indefinido: “Aquí radica el problema, conocemos muchos casos que han esperado más de un año desde que recibieron la carta de dependiente y hasta que comenzaron a tramitar su prestación”, explica para nuevatribuna.es cuenta la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de CCOO Madrid, Ana González.

El segundo procedimiento (la decisión sobre qué prestación ofrecer) se inicia a través de una llamada telefónica y a partir de ese momento el plazo de respuesta vuelve a ser de seis meses: “Esto también es muy perverso ya que una llamada de teléfono no tiene constancia administrativa, el ciudadano no puede demostrar que se la han hecho y de ese modo se puede jugar con el periodo de tiempo”, dice González.

Desde CCOO Madrid también denuncian que los datos que ofrece la CAM son falsos. “Está manipulando la implantación de la Ley”, dice Ana González. En este caso se debe a que la consejería de Asuntos Sociales y Familia pone en la lista de dependientes con prestaciones, a los mayores que ya antes de la aplicación de la Ley cubrían una plaza en residencias públicas de la Comunidad: “No están incluyendo a nuevos dependientes”, denuncia la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid.

UGT Madrid denuncia una situación parecida: “Los retrasos en las valoraciones, así como la escasez de infraestructuras y recursos públicos y la falta de información a los ciudadanos, hacen de la Comunidad de Madrid una región donde las personas dependientes no pueden disfrutar plenamente de un derecho reconocido”, señala Ana Sánchez de la Coba. En este sentido, defiende el trabajo que está haciendo el PSM con su asesoría jurídica para dependientes: “Cualquier iniciativa encaminada a mejorar la situación de personas dependientes de la región, en este caso, la existencia de plataformas cuyo fin es el asesoramiento sobre las maneras de dirigir sus reclamaciones y quejas a la Administración es positiva”. Sánchez de la Coba aclara que el trabajo de dichas asesorías “no se dedica a la tramitación de las solicitudes, puesto que esto sólo lo pueden hacer los servicios sociales”, señala desmintiendo la información que ha publicado el diario La Razón.

Desde UGT opinan que “la existencia de estas plataformas es fruto, entre otras, de casos de beneficiarios de las prestaciones de la Ley que llevan dos años esperando el Programa Individual de Atención (PIA) a pesar de que el plazo máximo es de 6 meses”.

En este sentido Tomás Gómez ha reflexionado de este modo: “Si yo fuese presidente de la Comunidad de Madrid, se me caería la cara de vergüenza ser la última Comunidad en poner en marcha la Ley de Dependencia. Se me caería la cara de vergüenza solamente acelerar el proceso de las prestaciones económicas a los ciudadanos porque tengan que interponer recursos jurídicos. Y se me caería la cara de vergüenza intentar desincentivar a los ciudadanos que reclamen jurídicamente lo que les corresponde”.







Aguirre saca las uñas por el trabajo del PSM con la Ley de Dependencia