nuevatribuna.es
22 de enero de 2010, 6:22
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 21.01.2010
“La falta de respeto a los derechos de los trabajadores, consagrados en la Constitución y en las leyes vigentes, viene siendo una constante del Gobierno regional, que además insulta a las organizaciones sindicales representativas, que se han ganado su legitimidad en las elecciones sindicales”.
Así se pronuncia Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid tras conocerse la anulación por sentencia en firme del Tribunal Supremo de la Orden de centros bilingües para el curso 2005-2006.
En virtud de esa orden se crearon 50 centros bilingües en la Comunidad lo que supuso una serie de modificaciones a las condiciones laborales de muchos profesores relacionadas con complementos salariales, formación o reestructuración de plantillas entre otras. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre se negó en ese momento a sentarse con los interlocutores sindicales que decidieron acudir a los tribunales, los que finalmente les han dado la razón.
CCOO pedirá por carta una reunión urgente con la consejera de Educación, Lucía Figar, para analizar las consecuencias que se derivan de esta sentencia y la mejor manera de reestablecer la legalidad vigente. En este sentido, Francisco García asegura que el sindicato “no va a tomar ninguna decisión que perjudique a los centros educativos, ni al profesorado, ni al alumnado, ni a las familias”.
A este varapalo judicial se unen otras dos sentencias contrarias a la política educativa del Gobierno Aguirre en tan solo un mes. En noviembre pasado, el Supremo también dio la razón a CCOO y UGT después de que el Ejecutivo anulara un acuerdo firmado en 2005 en virtud del cual se incorporaba un incremento retributivo a los profesores de la enseñanza pública y concertada.
Por otro lado, a finales de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco en la localidad del Álamo alegando “falta de argumentación” en la cesión de dicho centro a una empresa privada. Sobre este caso, CCOO anuncia que pedirá que se ejecute la sentencia en un plazo de dos semanas.
Francisco García, que lamenta la “actitud autoritaria y refractaria” de la Consejería, afirma que “a tenor de las recientes sentencias, lo que resulta verdaderamente anacrónico es el Gobierno regional que, en su afán por no reconocer a los legítimos representantes del profesorado se coloca en una posición antidemocrática y preconstitucional y con sus decisiones irresponsables, además de ilegales, coloca a los ciudadanos en una situación de inseguridad jurídica.
“La falta de respeto a los derechos de los trabajadores, consagrados en la Constitución y en las leyes vigentes, viene siendo una constante del Gobierno regional, que además insulta a las organizaciones sindicales representativas, que se han ganado su legitimidad en las elecciones sindicales”.
Así se pronuncia Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid tras conocerse la anulación por sentencia en firme del Tribunal Supremo de la Orden de centros bilingües para el curso 2005-2006.
En virtud de esa orden se crearon 50 centros bilingües en la Comunidad lo que supuso una serie de modificaciones a las condiciones laborales de muchos profesores relacionadas con complementos salariales, formación o reestructuración de plantillas entre otras. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre se negó en ese momento a sentarse con los interlocutores sindicales que decidieron acudir a los tribunales, los que finalmente les han dado la razón.
CCOO pedirá por carta una reunión urgente con la consejera de Educación, Lucía Figar, para analizar las consecuencias que se derivan de esta sentencia y la mejor manera de reestablecer la legalidad vigente. En este sentido, Francisco García asegura que el sindicato “no va a tomar ninguna decisión que perjudique a los centros educativos, ni al profesorado, ni al alumnado, ni a las familias”.
A este varapalo judicial se unen otras dos sentencias contrarias a la política educativa del Gobierno Aguirre en tan solo un mes. En noviembre pasado, el Supremo también dio la razón a CCOO y UGT después de que el Ejecutivo anulara un acuerdo firmado en 2005 en virtud del cual se incorporaba un incremento retributivo a los profesores de la enseñanza pública y concertada.
Por otro lado, a finales de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco en la localidad del Álamo alegando “falta de argumentación” en la cesión de dicho centro a una empresa privada. Sobre este caso, CCOO anuncia que pedirá que se ejecute la sentencia en un plazo de dos semanas.
Francisco García, que lamenta la “actitud autoritaria y refractaria” de la Consejería, afirma que “a tenor de las recientes sentencias, lo que resulta verdaderamente anacrónico es el Gobierno regional que, en su afán por no reconocer a los legítimos representantes del profesorado se coloca en una posición antidemocrática y preconstitucional y con sus decisiones irresponsables, además de ilegales, coloca a los ciudadanos en una situación de inseguridad jurídica.
