nuevatribuna.es
3 de febrero de 2010, 14:11
NUEVATRIBUNA.ES - 03.02.2010
Acusaciones falsas, persecuciones, torturas y cárcel. Desde 1988 hasta 1995 así fue la vida del peruano Juan Manuel Carranza antes de poder huir de su país. ¿Su crimen? Defender a campesinos, obreros y todo aquél que no se podía pagar una defensa legal. Ser abogado en Perú, todavía hoy es una profesión de alto riesgo. Juan Manuel lo sabía, pero sus ideales estuvieron primero.
Tras licenciarse como abogado en Perú, se fue a trabajar a la Asociación de Abogados Democráticos de Lima, que se encargaba de asesorar a campesinos y gente sin recursos. Pero el Gobierno peruano, en su afán por buscar falsos culpables decidió tildar a la asociación como el “brazo legal” de Sendero Luminoso. Ahí comenzaron los problemas: “Esa acusación era absurda, nuestra asociación se fundó en 1977, antes de que surgiera Sendero Luminoso. Lo que sucede es que defendíamos a campesinos que según el Gobierno eran subversivos”, le cuenta Juan Manuel a nuevatribuna.es.
En 1988 comenzó la pesadilla. El Gobierno le acusaba de estar vinculado con la guerrilla comunista. El abogado se imaginaba lo que se venía encima. Ya conocía lo que había pasado con otros compañeros: cárcel, desapariciones o muerte eran las alternativas. En 1992 fue detenido. Tuvo más suerte que otros, dos semanas de cárcel con sus respectivas torturas. Una minusvalía del 33% y la columna vertebral destrozada fue el balance de los quince días de prisión. En 1996 decide exiliarse en Argentina donde le dan la condición de refugiado político.
Dos años más tarde llega a Madrid acompañado por su mujer y sus dos hijos. Solicita asilo político pero se lo deniegan por proceder de un tercer país en el que estaba protegido: “En ningún momento desmintieron mi persecución política, pero como llegaba de Argentina consideraron que no era oportuno darme el asilo”. Entre 1998 y 2001 comenzó a trabajar en Madrid, primero en la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y después como mediador cultural en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). En 2001 consigue su regularización y la nacionalidad española. Su vida vuelve a la normalidad. Un trabajo que le gusta, su familia cerca y una nueva etapa de su vida.
La tranquilidad le duró apenas seis años. En abril de 2008 sus padres le llaman desde Perú. “Estaban muy asustados porque en los diarios de mi país decían que habían detenido en Madrid”. Los fantasmas de la persecución se instalaban una vez más en su vida. Ese miedo angustiante de no saber lo que te pasará al día siguiente revivía su kafkiana pesadilla.
LOS FANTASMAS RESUCITAN
Juan Manuel no sabía nada. Pero tres diarios nacionales peruanos publicaban que había sido detenido en Madrid y que en poco menos de un mes volvería a Perú para ser juzgado. Las mentiras de los periódicos fueron confirmadas por el Fiscal del Estado peruano, Julio Galindo, encargado de antiterrorismo: “El mismo fiscal confirmó esa información cuando a mí no me había pasado nada”. Juan Manuel, desde su puesto de trabajo en la Asociación Vecinal de Villaverde, cuenta a nuevatribuna.es cuál fue su primera reacción ante la noticia: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue huir. Tenía miedo y ya estaba acostumbrado a escapar. Pero después lo pensé mejor y decidí asesorarme con un abogado especializado en extradiciones”.
La orden de extradición estaba pedida. Ahora tocaba preparar su defensa e impedir una vuelta suicida a su país de origen. “Mi abogado me aconsejó que diera la cara, que no tuviera miedo y explicara las acusaciones falsas y el peligro que supone para mí regresar a Perú”. Así lo han hecho. Es más Juan Manuel y su abogado han llegado a sugerir que sea juzgado en España si fuera necesario.
La vista oral en la Audiencia Nacional se produjo el pasado lunes. Juan Manuel Carranza llegó a la Audiencia acompañado de decenas de amigos, representantes de asociaciones de derechos humanos y otras ONG. Sus vecinos de Villaverde son los primeros que le han apoyado: “No podemos permitir que lo extraditen a Perú”, reza una carta que han elaborado para explicar su situación.
Desde 1995 Juan Manuel Carranza tiene una orden de busca y captura por el Gobierno peruano. La acusación es más que endeble. Le acusan de formar parte de Sendero Luminoso. Las únicas ‘pruebas’ del Estado son dos testigos que dijeron haber visto al acusado en lugares relacionados con la guerrilla. Sin embargo, el primer testigo dijo esta afirmación tras haber sido brutalmente torturado.
Después ante dos instancias primero al Juez y posteriormente al Tribunal, el mismo testigo pidió perdón por todas las acusaciones falsas que había realizado y explicó que había mentido por las torturas a las que había sometido. Con lo cual el primer testigo ya no serviría para acreditar nada. El segundo, como dice Juan Manuel Carranza es un “arrepentido” que frente a los “jueces sin rostro” declaró haber visto a Juan Manuel en 1997 en un lugar donde no debía: “Lo curioso es que en 1997 yo ya vivía en Argentina”, nos explica la víctima. Por lo tanto las únicas pruebas que habría se caen por su propio peso.
Pero el tribunal de la Audiencia Nacional no está para juzgar a Juan Manuel. Se encargan de revisar cuestiones formales de modo que el acusado no corra peligro si es extraditado a Perú. El convenio de extradición entre España y Perú, indica que no pueden ser extraditados personas perseguidas políticamente, ni aquellas que pusieran su vida en peligro si regresaran a su país. Ambos casos le corresponden a Juan Manuel. Su defensa lo dejó claro el lunes. Si el acusado volviera a Perú no se podría llevar a cabo un proceso legal seguro, sería culpable desde el momento en que pusiera un pie en el aeropuerto de Lima.
Las brutales condiciones en las que se encuentran las cárceles peruanas han sido otras de las bazas que presentaron ante la Audiencia Nacional. Diversas ONG y asociaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Wrigts o la Comisión de la Verdad Peruana acreditan las nefastas condiciones en las que se encuentran las prisiones del país andino. “No hay comida, hasta el agua se raciona, si te enfermas no te dan una medicina, el hacinamiento es tal que muchos de los presos duermen al raso, por no hablar del hampa que impera en las prisiones y el riesgo de ser asesinado allí dentro”, nos cuenta Juan Manuel.
CAMPAÑA DEL GOBIERNO
El caso de Juan Manuel Carranza no es el único. En abril de 2008 el Gobierno peruano solicitó la extradición de otros cinco abogados, todos ellos exiliados, dos en Europa y el resto en América Latina. “Sabemos que esto ha sido una campaña de propaganda del Gobierno”, afirma con contundencia Juan Manuel. No es casualidad que la extradición se pidiera en el mismo momento en el que se estaban descubriendo cientos de fosas de desaparecidos que habían sido asesinados en el primer Gobierno de Alan García (actual presidente): “El propio Alna García ha sido acusado de genocidio y tiene mucho miedo de que ahora se le juzgue por todo lo que ha hecho, por eso lleva a cabo estas extradiciones que sirven de cortina de humo de sus propios crímenes”.
A su vez las acusaciones que le hicieron a Carranza se produjeron durante el Gobierno de Fujimori (condenado hoy por diversos delitos) en una etapa en la que eran frecuentes los montajes donde se acusaba de terrorismo a toda la disidencia política.
Los otros abogados a los que les solicitaron la extradición siguen en sus países de acogida y el Gobierno peruano ha perdido todos los juicios. El último caso es el de Juan Manuel. “Sé que tengo la razón, que no soy culpable y que no hay pruebas para juzgarme de nada. Sería una locura que volviera a mi país donde me puede suceder cualquier cosa”.
Las sensaciones después de la vista oral fueron buenas: “Mi abogado hizo una muy buena defensa y el tribunal no le interrumpió en ningún momento, lo cual es algo positivo, pero también sabemos que este jurado tiene fama de ser muy severo así que hasta el último momento no sé cuál será la resolución”, dice Juan Manuel. El temor de este mediador cultural, que ya tiene su vida hecha en Villaverde, es que las relaciones políticas y económicas que hay entre España y Perú puedan jugarle una mala pasada: “Puede suceder que España no quiera tener problemas con mi país y que acepte mi extradición. Sólo pido que no me usen como moneda de cambio”.
Acusaciones falsas, persecuciones, torturas y cárcel. Desde 1988 hasta 1995 así fue la vida del peruano Juan Manuel Carranza antes de poder huir de su país. ¿Su crimen? Defender a campesinos, obreros y todo aquél que no se podía pagar una defensa legal. Ser abogado en Perú, todavía hoy es una profesión de alto riesgo. Juan Manuel lo sabía, pero sus ideales estuvieron primero.
Tras licenciarse como abogado en Perú, se fue a trabajar a la Asociación de Abogados Democráticos de Lima, que se encargaba de asesorar a campesinos y gente sin recursos. Pero el Gobierno peruano, en su afán por buscar falsos culpables decidió tildar a la asociación como el “brazo legal” de Sendero Luminoso. Ahí comenzaron los problemas: “Esa acusación era absurda, nuestra asociación se fundó en 1977, antes de que surgiera Sendero Luminoso. Lo que sucede es que defendíamos a campesinos que según el Gobierno eran subversivos”, le cuenta Juan Manuel a nuevatribuna.es.
En 1988 comenzó la pesadilla. El Gobierno le acusaba de estar vinculado con la guerrilla comunista. El abogado se imaginaba lo que se venía encima. Ya conocía lo que había pasado con otros compañeros: cárcel, desapariciones o muerte eran las alternativas. En 1992 fue detenido. Tuvo más suerte que otros, dos semanas de cárcel con sus respectivas torturas. Una minusvalía del 33% y la columna vertebral destrozada fue el balance de los quince días de prisión. En 1996 decide exiliarse en Argentina donde le dan la condición de refugiado político.
Dos años más tarde llega a Madrid acompañado por su mujer y sus dos hijos. Solicita asilo político pero se lo deniegan por proceder de un tercer país en el que estaba protegido: “En ningún momento desmintieron mi persecución política, pero como llegaba de Argentina consideraron que no era oportuno darme el asilo”. Entre 1998 y 2001 comenzó a trabajar en Madrid, primero en la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y después como mediador cultural en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). En 2001 consigue su regularización y la nacionalidad española. Su vida vuelve a la normalidad. Un trabajo que le gusta, su familia cerca y una nueva etapa de su vida.
La tranquilidad le duró apenas seis años. En abril de 2008 sus padres le llaman desde Perú. “Estaban muy asustados porque en los diarios de mi país decían que habían detenido en Madrid”. Los fantasmas de la persecución se instalaban una vez más en su vida. Ese miedo angustiante de no saber lo que te pasará al día siguiente revivía su kafkiana pesadilla.
LOS FANTASMAS RESUCITAN
Juan Manuel no sabía nada. Pero tres diarios nacionales peruanos publicaban que había sido detenido en Madrid y que en poco menos de un mes volvería a Perú para ser juzgado. Las mentiras de los periódicos fueron confirmadas por el Fiscal del Estado peruano, Julio Galindo, encargado de antiterrorismo: “El mismo fiscal confirmó esa información cuando a mí no me había pasado nada”. Juan Manuel, desde su puesto de trabajo en la Asociación Vecinal de Villaverde, cuenta a nuevatribuna.es cuál fue su primera reacción ante la noticia: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue huir. Tenía miedo y ya estaba acostumbrado a escapar. Pero después lo pensé mejor y decidí asesorarme con un abogado especializado en extradiciones”.
La orden de extradición estaba pedida. Ahora tocaba preparar su defensa e impedir una vuelta suicida a su país de origen. “Mi abogado me aconsejó que diera la cara, que no tuviera miedo y explicara las acusaciones falsas y el peligro que supone para mí regresar a Perú”. Así lo han hecho. Es más Juan Manuel y su abogado han llegado a sugerir que sea juzgado en España si fuera necesario.
La vista oral en la Audiencia Nacional se produjo el pasado lunes. Juan Manuel Carranza llegó a la Audiencia acompañado de decenas de amigos, representantes de asociaciones de derechos humanos y otras ONG. Sus vecinos de Villaverde son los primeros que le han apoyado: “No podemos permitir que lo extraditen a Perú”, reza una carta que han elaborado para explicar su situación.
Desde 1995 Juan Manuel Carranza tiene una orden de busca y captura por el Gobierno peruano. La acusación es más que endeble. Le acusan de formar parte de Sendero Luminoso. Las únicas ‘pruebas’ del Estado son dos testigos que dijeron haber visto al acusado en lugares relacionados con la guerrilla. Sin embargo, el primer testigo dijo esta afirmación tras haber sido brutalmente torturado.
Después ante dos instancias primero al Juez y posteriormente al Tribunal, el mismo testigo pidió perdón por todas las acusaciones falsas que había realizado y explicó que había mentido por las torturas a las que había sometido. Con lo cual el primer testigo ya no serviría para acreditar nada. El segundo, como dice Juan Manuel Carranza es un “arrepentido” que frente a los “jueces sin rostro” declaró haber visto a Juan Manuel en 1997 en un lugar donde no debía: “Lo curioso es que en 1997 yo ya vivía en Argentina”, nos explica la víctima. Por lo tanto las únicas pruebas que habría se caen por su propio peso.
Pero el tribunal de la Audiencia Nacional no está para juzgar a Juan Manuel. Se encargan de revisar cuestiones formales de modo que el acusado no corra peligro si es extraditado a Perú. El convenio de extradición entre España y Perú, indica que no pueden ser extraditados personas perseguidas políticamente, ni aquellas que pusieran su vida en peligro si regresaran a su país. Ambos casos le corresponden a Juan Manuel. Su defensa lo dejó claro el lunes. Si el acusado volviera a Perú no se podría llevar a cabo un proceso legal seguro, sería culpable desde el momento en que pusiera un pie en el aeropuerto de Lima.
Las brutales condiciones en las que se encuentran las cárceles peruanas han sido otras de las bazas que presentaron ante la Audiencia Nacional. Diversas ONG y asociaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Wrigts o la Comisión de la Verdad Peruana acreditan las nefastas condiciones en las que se encuentran las prisiones del país andino. “No hay comida, hasta el agua se raciona, si te enfermas no te dan una medicina, el hacinamiento es tal que muchos de los presos duermen al raso, por no hablar del hampa que impera en las prisiones y el riesgo de ser asesinado allí dentro”, nos cuenta Juan Manuel.
CAMPAÑA DEL GOBIERNO
El caso de Juan Manuel Carranza no es el único. En abril de 2008 el Gobierno peruano solicitó la extradición de otros cinco abogados, todos ellos exiliados, dos en Europa y el resto en América Latina. “Sabemos que esto ha sido una campaña de propaganda del Gobierno”, afirma con contundencia Juan Manuel. No es casualidad que la extradición se pidiera en el mismo momento en el que se estaban descubriendo cientos de fosas de desaparecidos que habían sido asesinados en el primer Gobierno de Alan García (actual presidente): “El propio Alna García ha sido acusado de genocidio y tiene mucho miedo de que ahora se le juzgue por todo lo que ha hecho, por eso lleva a cabo estas extradiciones que sirven de cortina de humo de sus propios crímenes”.
A su vez las acusaciones que le hicieron a Carranza se produjeron durante el Gobierno de Fujimori (condenado hoy por diversos delitos) en una etapa en la que eran frecuentes los montajes donde se acusaba de terrorismo a toda la disidencia política.
Los otros abogados a los que les solicitaron la extradición siguen en sus países de acogida y el Gobierno peruano ha perdido todos los juicios. El último caso es el de Juan Manuel. “Sé que tengo la razón, que no soy culpable y que no hay pruebas para juzgarme de nada. Sería una locura que volviera a mi país donde me puede suceder cualquier cosa”.
Las sensaciones después de la vista oral fueron buenas: “Mi abogado hizo una muy buena defensa y el tribunal no le interrumpió en ningún momento, lo cual es algo positivo, pero también sabemos que este jurado tiene fama de ser muy severo así que hasta el último momento no sé cuál será la resolución”, dice Juan Manuel. El temor de este mediador cultural, que ya tiene su vida hecha en Villaverde, es que las relaciones políticas y económicas que hay entre España y Perú puedan jugarle una mala pasada: “Puede suceder que España no quiera tener problemas con mi país y que acepte mi extradición. Sólo pido que no me usen como moneda de cambio”.
