jueves. 28.03.2024
desahucio

Más de ochocientas cuarenta mil ejecuciones ilegales desde 2017. Cerca de cien mil ejecuciones pendientes en los juzgados de aplicarse la jurisprudencia europea con el consiguiente archivo de los procedimientos. Más de cincuenta mil familias pendientes de la moratoria que vence en mayo de 2020. Alrededor del 70% de las personas que componen estas cifras son mujeres.

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El interés de los parásitos financieros que buscan seguir coleccionando fortunas absorbiendo la sangre de las clases populares han convertido la vivienda en un tesoro inalcanzable para una gran parte de la población. Si tenemos en cuenta la brecha salarial, la incompatibilidad de trabajar y cuidar de sus hijas e hijos y la desigualdad de oportunidades, obtenemos la respuesta al número tan alto de mujeres que se encuentran con una orden de desahucio.

El ejemplo más reciente es el de Martha, una mujer de Carabanchel, en Madrid, que hace unos días iba a ser desahuciada de su casa junto a su hijo pequeño. Finalmente el desahucio se ha parado hasta el 11 de septiembre gracias al apoyo de las vecinas que han acudido. ”Ellas son totalmente vulnerables, ¿Qué hacen con el niño mientras están trabajando? No hay guarderías que puedan ayudarlas y que sean gratuitas" afirman desde la PAH.

Según fuentes de la Plataformas de Afectados por la Hipoteca, de todos los desahucios que se producen en familias con un solo miembro, casi el 100% están formados por mujeres. Además, somos nosotras las que más luchamos por el derecho a la vivienda, un 80% de personas que acuden a las asambleas son mujeres. “La mujer lucha mucho más por la casa, pelea mucho más por la vivienda que el hombre”, afirma Raquel Boca, componente de la PAH.

Dentro del núcleo familiar tradicional, son las mujeres con hijos e hijas las que el desahucio les causa un golpe más duro

Dentro del núcleo familiar tradicional, son las mujeres con hijos e hijas las que el desahucio les causa un golpe más duro debido, en gran medida, a la carga de cuidados que históricamente hemos tenido a nuestras espaldas. “Los desahucios para una madre que sabe que sus hijos tienen una irregularidad total en su día a día es mucho más grande. Los hombres siguen delegando en ellas todo el peso de la educación, de los cuidados, de la comida incluso, del techo” asegura Raquel Bocca.

Pero la situación de vulnerabilidad se acentúa aún más en las mujeres que han sufrido violencia machista. Aunque la Ley Integral contra la Violencia de Género establece que las víctimas deben tener acceso prioritario a la vivienda, la realidad es que una gran parte de las solicitudes son rechazadas.

En la Comunidad de Madrid, la victima necesita una sentencia condenatoria o una orden de protección para tener derecho a una vivienda social. “Es algo que se tiene en cuenta pero no por ello siempre van a poder conseguir una plaza en alguna de las casas de acogida. Normalmente a estas mujeres les atiende un profesional psicológico y un trabajador social pero solo les hacen caso cuando presentan una denuncia, sino la hay quedan invisibles, aunque vayan con un ojo morado” comenta.

El derecho a la vivienda es un derecho humano, un derecho que los distintos gobiernos, lejos de garantizar protección y orientar políticas públicas a salvaguardarlo, han dado vía libre a las empresas privadas y han hecho oídos sordos a los gritos de las personas que se quedan cada día en la calle. Los gobiernos se han encargado de hacer leyes que agilizan los procedimientos de desahucio y reducen a la mitad el tiempo con el que debe avisar el arrendador al arrendatario de que se le va a demandar como es la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta ley reduce, también a la mitad -de un mes a 10 días- el tiempo que las familias tienen para pagar la deuda.

Los barrios se han convertido en epicentros de la gentrificación y la turistificación pasando a ser un gran resort vacacional que se vende como lugares con historia sin gente que la haga. Las mujeres protagonizamos gran parte de los desahucios y cargamos con el peso – una vez más- de las hijas e hijos que están a nuestro cargo, de la incertidumbre, del trabajo y de los cuidados. Somos nosotras quienes sufrimos en nuestro propio cuerpo un trato discriminatorio que vulnera de forma transversal todos los derechos fundamentales como la vivienda, los derechos económicos y los sociales.

La convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obliga a los Estados a eliminar toda forma de exclusión a las mujeres. Que seamos nosotras las que ocupemos un porcentaje tan elevado de desahucios no es una casualidad, es una consecuencia más de la desigualdad que sufrimos en todos los entornos. Para lograr una igualdad real, los estados no pueden mirar para otro lado, deben abordar las causas que subyacen de la desigualdad y poner especial énfasis en las mujeres en riesgo de exclusión social y que son víctimas de varias formas de discriminación a la vez.

Fuente: AmecoPress

El 70% de los desahucios los sufren mujeres