Uno de ellos, Jordan Blackshaw, creó en la red social un evento que pretendía convocar la noche del 8 de agosto una protesta en la localidad de Northwich. El joven puso como título del evento 'Destruir la ciudad de Northwitch'. A su convocatoria únicamente acudió la Policía.
Por su parte, Perry Sutcliffe-Keenan, el otro condenado, creó el 9 de agosto una página titulada 'Los Disturbios de Warrington' que se difundió entre 400 personas y que despertó temores en esta zona pero un nulo seguimiento. El joven retiró la página al día siguiente y se disculpó argumentando que todo había sido una broma, según 'The Guardian'.
El juez Elgan Edwards sostiene que Blackshaw cometió un "acto de maldad" aprovechando la "locura" extendida por el país para "trasladarla a las pacíficas calles de Northwitch". Respecto al hecho de que nadie secundase su llamamiento, el juez lo achaca al "rápido y eficaz" trabajo de la Policía.
De Sutcliffe-Keenan, Edwards dice en la sentencia que "causó un pánico muy real" y obligó a movilizar recursos policiales de Warrington. El juez felicitó a las fuerzas de seguridad por su "moderna e inteligente" política de infiltrarse en las redes sociales.
Las condenas llegan en pleno debate en Reino Unido acerca de la contundencia con la que están actuando algunos jueces sobre los detenidos y que, según algunas asociaciones de abogados, les lleva a dictar condenas desproporcionadas. Por ejemplo, un estudiante ha sido condenado a seis meses de cárcel por robar una botella de agua en un supermercado.
Este martes, otro joven de 22 años, Anderson Fernandes, ha comparecido ante un tribunal de Manchester y podría ser condenado por robo después de que robase un helado durante los disturbios que la semana pasada sacudieron Inglaterra. También se enfrenta a cargos de posesión de bienes robados después de que la Policía hallase en su casa una aspiradora.
El Ministerio de Justicia calcula que, hasta el medio día del pasado martes, habían comparecido ante los tribunales unas 1.300 personas, de las cuales 700 permanecen en prisión. Dos de cada tres casos han tenido lugar en Londres, la ciudad más afectada por la ola de violencia.
