Unas 1.000 familias de toda España llevan 10 años reclamando al Estado recuperar el dinero que les fue incautado a partir de 1938 y hasta bien entrada la posguerra.
En 2005, tras coincidir varios afectados en un programa de TV3, constituyeron la Agrupación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (Apigf), y todos ellos comparten una misma historia: sus antecesores tuvieron que entregar al Estado franquista los billetes impresos por la República que poseían, y les dieron un recibo impreso por el Banco de España, que todavía esperan cobrar.
El colectivo se quedó al margen de la Ley de Memoria Histórica aprobada en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como presidente del Gobierno, y aseguran que luego la crisis ha sido la "excusa" que se les ha puesto para que su reivindicación siga pendiente. Durante este tiempo, han acudido a varios partidos y a las diferentes poderes públicos: Congreso, Gobierno central, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Parlament e incluso a la Casa Real, pero su demanda sigue pendiente.
Miembros de la entidad llevan años indagando en los archivos oficiales pruebas documentales de la incautación, que estiman que fue de 3.500 millones de pesetas de la época, según las actas del Banco de España, y estiman que por cada peseta incautada, su valor actual sería de 56 euros.
En declaraciones a Europa Press, una de las afectadas, Lidia Martínez, aseguran que piden al Estado que reconozca los hechos y dice que están abiertos a negociar la cuantía que les correspondría, y recuerda que les han llegado casos de familias a quienes les incautaron "viviendas, terrenos, coches y otros bienes".
Martínez ha recordado que a sus abuelos les incautaron 1.365 pesetas, y el recibo lo recibió como dote la madre de Lidia, Montserrat Capdevila, cuando se casó, quien ahora tiene 84 años, y que desde los años 60 ha acudido en varias ocasiones al Banco de España para cobrar el recibo, "aunque nunca lo ha logrado".
EL DINERO DEL "ENEMIGO"
En 1938, en plena Guerra Civil, un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Gobierno franquista, con sede en Burgos, ordenó la prohibición de "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo".
Esta orden gubernativa también establecía la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno republicano a partir de 1936, y con esta finalidad, se creó el "Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo".
Vecinos de toda España tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y a los ayuntamientos, aunque no lo han cobrado: "La gente sigue teniendo memoria muchos años después. Ahora ya no hay tanto miedo, como ocurría antes", ha agregado Martínez.
