nuevatribuna.es
3 de febrero de 2009, 11:48
NUEVATRIBUNA.ES | 03.02.2009
Celdas de aislamiento de cuatro metros cuadrados. Paredes forradas por goma o caucho y pintadas de negro. Ventanas blindadas, ningún tipo de ventilación ni forma de comunicación con el exterior. En el Centro Picón de Jarama, estas habitaciones son conocidas como “Salas de Tiempo libre” o “Salas de tiempo fuera”. Ironía, o más bien humor negro no le falta al asunto. Esta descripción forma parte del panorama dibujado por el monográfico del Defensor del Menor, en relación a la calidad y atención de los Centros de Protección de Menores con trastorno de conducta.
“Se trata de que el niño toque fondo, de anular toda su resistencia”, señalaba uno de los trabajadores del centro cuando era preguntado por este tipo de salas. Un menor marroquí de apenas13 años se ahorcó a los tres días de llegar al Centro Picón de Jarama. En el mismo lugar una niña tuvo que ser ingresada en el Hospital madrileño Gregorio Marañón, al haber sido encontrada con síntomas de asfixia. Ella también había intentado ahorcarse.
Según señala el informe del Defensor del Pueblo, algunos menores solicitan medicación cuando les obligan a encerrarse en las “salsa de tiempo libre”. La desesperación de los internos no es un hecho puntual. Las entrevistas realizadas con niños de 27 centros muestran el miedo, la angustia y la rabia que sienten. Una menor de 12 años, de nacionalidad rumana no entendía qué hacía en este lugar. Entró allí semanas después de haber abortado: �“Sólo tuve relación con un chico al que quiero”- contó la pequeña �“¿tanto mal he hecho como para que me encierren aquí?. En mi país tenemos relaciones y nos casamos muy pronto ... Además, si sospechan de alguien de mi familia, que le hagan pruebas ... Éste centro no es para mí: aquí aprendo cosas de los chicos mayores que no me gustan ... ¿Es esto justicia? ¿Cuándo voy a poder salir?”.
La situación de esta menor es un reflejo de un problema más profundo. Una de las conclusiones principales del informe es que en estos centros son ubicados niños con problemáticas muy diversas, lo que dificulta la convivencia y el dar la ayuda necesaria que precisa cada menor. La demanda de plazas en este tipo de centros crece cada año, lo que supone que se mezclen diversos tipos de jóvenes en la que su problema social no es el que determina un centro u otro, sino el número de vacantes.
Las investigaciones del Defensor del Menor señalan que de los 27 centros visitados (en España hay un total de 58) el perfil habitual es el de un niño español, entre los 13 y 18 años (en ocasiones desde los 9 años), que con anterioridad ha pasado por otros centros asistenciales. El nivel socioeconómico ha variado en los últimos años. En estos momentos los menores proceden tanto de familias de clase media o clase media-alta, así como de otras más humildes. Hace siete años, la mayoría de los menores procedían de un entorno familiar desestructurado con una renta económica muy baja. Los problemas económicos y sociales ya no tienen la relevancia suficiente para entenderlos como excusa de los trastornos de conducta y de la violencia de los menores.
Sedados y maltratados
Una de las denuncias más escalofriantes que se encuentran en el informe es la sobremedicación que reciben muchos de los internos. Enfermeros de un centro han llegado a confirmar que cuando el menor no quería tomar una pastilla, los directores de algunos centros les obligaban a inyectarlos. El ansiolítico o el antidepresivo no se utiliza sólo en momentos de crisis, si no que sirve como amenaza: “Hay que decir que sí a todo lo que te mandan para que te dejen en paz, porque, si rechistas, es peor. Como se enfaden te pueden hacer una contención y encerrarte varios días. O incluso darte una pastilla para ‘tranquilizarte’ que te deja para el arrastre”, contaba un menor a personal del Defensor del Pueblo.
Lo que en los códigos de conducta de los centros se conoce como “medidas de contención”, en más de una ocasión se traduce en malos tratos. Educadores que trabajaban en centros como el de Picón de Jarama, denunciaban que cuando algún chico se ponía nerviosa era “contenido” por dos personas de seguridad, tumbado en el suelo boca abajo y golpeado cuando lo creían necesario.
En el monográfico que presenta el Defensor del Pueblo informa que un chico de 14 años tuvo que ser atendido después de que uno de los vigilantes le fracturara el brazo. Otro menor ha denunciado en dos ocasiones al centro tras haber recibido sendas palizas con golpes en la cabeza y en el cuerpo que le llevaron a ingresar en urgencias en el Hospital de La Paz de Madrid.
Los malos tratos continúan en las técnicas educativas. Dos menores contaron que cuando había compañeros que se llevaban mal entre ellos, tenían que atarlos y dejarlos sólo durante varias horas para que solucionaran el conflicto. Respecto a la educación que reciben, en los casaos en los que se tienen profesores privados que asisten al centro, los propios directores del lugar aseveran que es un personal “poco preparado”.
Los internos tampoco tienen suerte con las visitas. El 70% de los centros están ubicados lejos de zonas urbanas y sin apenas medio de transporte para moverse, lo que implica que las familias les visiten menos y que se aumente la “sensación carcelaria” que perciben los menores.
Las instalaciones de algunos de los centros visitados también dejan mucho que desear, pero el informe precisa que en varios lugares estaban haciendo reformas de emergencia al conocer su inspección. En la Casa Joven de Cuenca hacía dos semanas que los menores no tenían agua caliente. En otros sitios se encontraron ventanas rotas en algunas habitaciones, puertas blindadas que sólo se podían abrir desde fuera y un fuerte mal olor y falta de higiene. Una menor presa de un ataque de pánico solicitó que el abrieran la habitación y nadie la escuchó. A la mañana siguiente la encontraron sangrando debido a sus automutilaciones.
Dentro del capítulo de conclusiones que ofrece el informe elaborado por el Defensor del Pueblo destacan una frase que les confesó uno de los menores: “Cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo” y “cuanto mejor me tratan y más querido me siento, más hago por portarme bien”.
La denuncia llega a la Fiscalía General del Estado
El Gobierno anunció hoy que va a poner en manos de la Fiscalía General del Estado una investigación sobre la situación de los centros de menores con trastornos de conducta, que denuncia el informe el Defensor del Pueblo.
"Voy a poner en conocimiento de la Fiscalía este informe para que actúe de la manera que considere conveniente porque estos hechos tienen que ser investigados y, por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga", aseveró la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, en una rueda de prensa en su departamento.
Si bien las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de menores, la ministra señaló que "dada la importancia, el Ejecutivo no puede quedarse al margen". En este sentido, indicó que se pondrá en contacto con las administraciones autonómicas, para que respondan a este informe del Defensor del Pueblo y así su departamento tenga un conocimiento riguroso de lo que allí se está haciendo.
Asimismo, Cabrera indicó que el Observatorio de la Infancia, que depende del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, se va a poner en marcha "para contribuir a ese mejor conocimiento de lo que puede haber ocurrido".
Celdas de aislamiento de cuatro metros cuadrados. Paredes forradas por goma o caucho y pintadas de negro. Ventanas blindadas, ningún tipo de ventilación ni forma de comunicación con el exterior. En el Centro Picón de Jarama, estas habitaciones son conocidas como “Salas de Tiempo libre” o “Salas de tiempo fuera”. Ironía, o más bien humor negro no le falta al asunto. Esta descripción forma parte del panorama dibujado por el monográfico del Defensor del Menor, en relación a la calidad y atención de los Centros de Protección de Menores con trastorno de conducta.
“Se trata de que el niño toque fondo, de anular toda su resistencia”, señalaba uno de los trabajadores del centro cuando era preguntado por este tipo de salas. Un menor marroquí de apenas13 años se ahorcó a los tres días de llegar al Centro Picón de Jarama. En el mismo lugar una niña tuvo que ser ingresada en el Hospital madrileño Gregorio Marañón, al haber sido encontrada con síntomas de asfixia. Ella también había intentado ahorcarse.
Según señala el informe del Defensor del Pueblo, algunos menores solicitan medicación cuando les obligan a encerrarse en las “salsa de tiempo libre”. La desesperación de los internos no es un hecho puntual. Las entrevistas realizadas con niños de 27 centros muestran el miedo, la angustia y la rabia que sienten. Una menor de 12 años, de nacionalidad rumana no entendía qué hacía en este lugar. Entró allí semanas después de haber abortado: �“Sólo tuve relación con un chico al que quiero”- contó la pequeña �“¿tanto mal he hecho como para que me encierren aquí?. En mi país tenemos relaciones y nos casamos muy pronto ... Además, si sospechan de alguien de mi familia, que le hagan pruebas ... Éste centro no es para mí: aquí aprendo cosas de los chicos mayores que no me gustan ... ¿Es esto justicia? ¿Cuándo voy a poder salir?”.
La situación de esta menor es un reflejo de un problema más profundo. Una de las conclusiones principales del informe es que en estos centros son ubicados niños con problemáticas muy diversas, lo que dificulta la convivencia y el dar la ayuda necesaria que precisa cada menor. La demanda de plazas en este tipo de centros crece cada año, lo que supone que se mezclen diversos tipos de jóvenes en la que su problema social no es el que determina un centro u otro, sino el número de vacantes.
Las investigaciones del Defensor del Menor señalan que de los 27 centros visitados (en España hay un total de 58) el perfil habitual es el de un niño español, entre los 13 y 18 años (en ocasiones desde los 9 años), que con anterioridad ha pasado por otros centros asistenciales. El nivel socioeconómico ha variado en los últimos años. En estos momentos los menores proceden tanto de familias de clase media o clase media-alta, así como de otras más humildes. Hace siete años, la mayoría de los menores procedían de un entorno familiar desestructurado con una renta económica muy baja. Los problemas económicos y sociales ya no tienen la relevancia suficiente para entenderlos como excusa de los trastornos de conducta y de la violencia de los menores.
Sedados y maltratados
Una de las denuncias más escalofriantes que se encuentran en el informe es la sobremedicación que reciben muchos de los internos. Enfermeros de un centro han llegado a confirmar que cuando el menor no quería tomar una pastilla, los directores de algunos centros les obligaban a inyectarlos. El ansiolítico o el antidepresivo no se utiliza sólo en momentos de crisis, si no que sirve como amenaza: “Hay que decir que sí a todo lo que te mandan para que te dejen en paz, porque, si rechistas, es peor. Como se enfaden te pueden hacer una contención y encerrarte varios días. O incluso darte una pastilla para ‘tranquilizarte’ que te deja para el arrastre”, contaba un menor a personal del Defensor del Pueblo.
Lo que en los códigos de conducta de los centros se conoce como “medidas de contención”, en más de una ocasión se traduce en malos tratos. Educadores que trabajaban en centros como el de Picón de Jarama, denunciaban que cuando algún chico se ponía nerviosa era “contenido” por dos personas de seguridad, tumbado en el suelo boca abajo y golpeado cuando lo creían necesario.
En el monográfico que presenta el Defensor del Pueblo informa que un chico de 14 años tuvo que ser atendido después de que uno de los vigilantes le fracturara el brazo. Otro menor ha denunciado en dos ocasiones al centro tras haber recibido sendas palizas con golpes en la cabeza y en el cuerpo que le llevaron a ingresar en urgencias en el Hospital de La Paz de Madrid.
Los malos tratos continúan en las técnicas educativas. Dos menores contaron que cuando había compañeros que se llevaban mal entre ellos, tenían que atarlos y dejarlos sólo durante varias horas para que solucionaran el conflicto. Respecto a la educación que reciben, en los casaos en los que se tienen profesores privados que asisten al centro, los propios directores del lugar aseveran que es un personal “poco preparado”.
Los internos tampoco tienen suerte con las visitas. El 70% de los centros están ubicados lejos de zonas urbanas y sin apenas medio de transporte para moverse, lo que implica que las familias les visiten menos y que se aumente la “sensación carcelaria” que perciben los menores.
Las instalaciones de algunos de los centros visitados también dejan mucho que desear, pero el informe precisa que en varios lugares estaban haciendo reformas de emergencia al conocer su inspección. En la Casa Joven de Cuenca hacía dos semanas que los menores no tenían agua caliente. En otros sitios se encontraron ventanas rotas en algunas habitaciones, puertas blindadas que sólo se podían abrir desde fuera y un fuerte mal olor y falta de higiene. Una menor presa de un ataque de pánico solicitó que el abrieran la habitación y nadie la escuchó. A la mañana siguiente la encontraron sangrando debido a sus automutilaciones.
Dentro del capítulo de conclusiones que ofrece el informe elaborado por el Defensor del Pueblo destacan una frase que les confesó uno de los menores: “Cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo” y “cuanto mejor me tratan y más querido me siento, más hago por portarme bien”.
La denuncia llega a la Fiscalía General del Estado
El Gobierno anunció hoy que va a poner en manos de la Fiscalía General del Estado una investigación sobre la situación de los centros de menores con trastornos de conducta, que denuncia el informe el Defensor del Pueblo.
"Voy a poner en conocimiento de la Fiscalía este informe para que actúe de la manera que considere conveniente porque estos hechos tienen que ser investigados y, por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga", aseveró la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, en una rueda de prensa en su departamento.
Si bien las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de menores, la ministra señaló que "dada la importancia, el Ejecutivo no puede quedarse al margen". En este sentido, indicó que se pondrá en contacto con las administraciones autonómicas, para que respondan a este informe del Defensor del Pueblo y así su departamento tenga un conocimiento riguroso de lo que allí se está haciendo.
Asimismo, Cabrera indicó que el Observatorio de la Infancia, que depende del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, se va a poner en marcha "para contribuir a ese mejor conocimiento de lo que puede haber ocurrido".
