viernes. 29.03.2024

¿Por qué endurece la Ley del Aborto?

AGNESE MARRA
Esa es la pregunta que se hacen algunas de los organismos que ayudaron al ministerio de Igualdad a escribir la Ley del Aborto. Sin dar explicaciones, Bibiana Aído cambiaba su discurso para obligar a las menores a contarles su decisión a sus padres y a ser acompañadas por ellos. Nuevatribuna.es habla con una especialista que explica como el cambio de rumbo de la normativa “sólo complica las cosas”.
NUEVATRIBUNA.ES - 01.07.02010

Sorpresa. Consternación. Indignación. Así se sienten algunas de las asociaciones pro aborto que durante casi dos años se han visto involucradas en sacar adelante la Ley. Fueron los últimos en enterarse que el decreto se corregía para obligar a las menores de 16 y 17 años a ser acompañadas por uno de sus progenitores cuando practicasen el aborto y sobre todo, para decidir si llevarlo a cabo o no.

Era uno de los puntos más polémicos de la Ley. El PP se llevaba las manos a la cabeza, y una fracción del PSOE tampoco estaba muy convencida de que los padres de las menores no tuvieran que saber que sus hijas iban a abortar. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se pasó varios meses defendiendo esta opción.

Las explicaciones que daba eran muchas. Por un lado señalaba como un menor de 16 años puede someterse a diversas operaciones como un transplante de corazón sin que sus padres lo sepan. También argumentaba la importancia de que las jóvenes que tuvieran problemas con sus familias o se vieran obligadas a tener un embarazo no deseado por las creencias de sus padres, pudieran sentirse libres de elegir sin tener que contarlo. Este último argumento era el más importante, pero de repente, a última hora, Aído ha defendido lo contrario.

La excusa que ha dado el PSOE para dar marcha atrás a uno de los artículos más importantes ha sido la de reforzar la seguridad jurídica del personal sanitario. “Esta es una prueba más de que la Ley se ha orientado para defender a las clínicas privadas abortistas y no se ha respetado que el aborto deba ser algo que también traten los servicios públicos”, cuenta la presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Isabel Serrano.

“El decreto acompañante de la Ley lo que ha hecho es endurecer las medidas, y en la práctica sólo consigue que se aumenten las complicaciones”, le explica a nuevatribuna.es la presidenta de FPFE. Isabel Serrano lleva años trabajando con adolescentes que se enfrentan a embarazos no deseados o que tiene problemas familiares. Su experiencia se hizo escuchar a la hora de planificar la normativa, pero ahora se muestra decepcionada: “El punto fuerte de la Ley era el hecho de que las mujeres pudieran ser libres para tomar la decisión, pero obligarlas a que uno de sus padres esté presente lo complica todo, ya no son libres, su decisión estará muy influida por la opinión de su familia”.

El día a día en los centros de planificación familiar tiene una realidad muy distinta a la que se describe en la Ley. Según Serrano una gran parte de las menores de 16 y 17 años tiene problemas con sus progenitores y temen contarles lo que les ha sucedido. “Nosotros hablamos con ellas, valoramos su madurez, les explicamos las opciones que tienen y sobre todo apostamos porque la última palabra la tengan las jóvenes y no sus padres”. También reconoce que hay otro sector de menores que puede hablar con sus padres sin problemas: “Estas chicas no tendrán ningún problema porque tienen la suerte de ser comprendidas y apoyadas por sus familias, pero no es la mayoría”.

LOS PUNTOS NEGROS DE LA LEY

La presidenta de la FPFE no sólo se queja del cambio de última hora. También quiere puntualizar que la información que se va a ofrecer a las menores no es la más adecuada: “Cuando una chica de 16 años llega a un centro de planificación familiar para pedir información sobre el aborto, suele tener bastante claro que quiere interrumpir su embarazo. Pero el folleto que quiere dar el ministerio está más orientado a las mujeres que desean tener hijos que a las que no. Por lo tanto sólo contribuye a confundirlas más y no ofrece el apoyo necesario para aquellas que lo que quieran es abortar”.

Pero el favoritismo que reciben las clínicas privadas es uno de los puntos que más preocupa a Serrano, ya que son las que han solicitado un endurecimiento de la norma para evitar riesgos jurídicos: “Si todos los organismos públicos sanitarios estuviéramos involucrados seríamos más fuertes y habría menos riesgo jurídico y mejor atención a las menores, pero si sólo se ocupa un sector pequeño como el de estas clínicas se sienten mucho más frágiles”, explica Serrano, que opina que “la responsabilidad debería estar en todos los sectores sanitarios para que el tema se normalizara. Todo el sistema sanitario se tiene que involucrar tal y como dice la Ley”, insiste.

UN CUESTIONARIO PARA LAS CHICAS CONFLICTIVAS

A pesar del cambio de rumbo de la normativa, la Ley contempla un apartado que se refiere a las menores que declaren tener conflictos con su familia, las cuales podrían evitar contárselo a sus padres. Los médicos de estas clínicas privadas son las que tendrían la última palabra.

¿Y cómo se decide que una menor tiene problemas con sus padres? ¿Cuáles son los parámetros con los que se medirá el conflicto? Estas preguntas todavía no tienen respuesta, es una laguna en la normativa. Hasta el momento la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) ha propuesto al ministerio de Igualdad hacer un cuestionario a las menores para ver si realmente no pueden contarlo a sus padres.

Si el cuestionario ofreciera dudas el médico que practicaría el aborto podría pedir ayuda a un psicólogo o a un trabajador social, pero ninguna de estas opiniones es definitiva. “Un cuestionario es una prueba parcial, hay que hacer una entrevista integral y sobre todo ofrecer apoyo y ayuda a la menor no tanto cuando se le vaya a practicar el aborto sino durante la etapa previa”, indican desde FPFE.

El recorrido de la Ley del Aborto todavía está pendiente de un organismo más, el Tribunal Constitucional, que este jueves admitió los dos recursos del PP y de la comunidad de Navarra que se oponen tajantemente a la normativa. Los precedentes legislativos indican que el TC no pondrá freno a la normativa. Después de la sentencia el ministerio de Igualdad tendrá que pensar cómo cubrir las lagunas pendientes.

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