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NUEVATRIBUNA.ES - 13.7.2010

El PP está haciendo todo lo posible por obstaculizar la aplicación de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una vez apagado el conato de insumisión que protagonizaron algunas comunidades gobernadas por este partido contra la norma -y sólo porque están obligadas a cumplir la ley como todo el mundo- los 'populares' intentan forzar la vía de la objeción, proponiendo incluso una regulación específica para los objetores. El Gobierno ha desechado la propuesta por considerar que la objeción está suficientemente contemplada y protegida en la ley actual.

Pero nada de esto sería necesario si el Tribunal Constitucional suspendiera la nueva Ley del Aborto mientras resuelve el recurso de inconstitucionalidad que ya presentó en su día el PP. Es decir, que el principal partido de la oposición ha buscado una vez más un atajo para suplantar la voluntad de la representación popular. Claro que por este mismo motivo la Abogacía del Estado ya ha cursado un escrito en el que argumentaba que el Constitucional no tiene competencias para suspender la entrada en vigor de una norma que ha aprobado el Parlamento.

Junto a las alegaciones del Gobierno, el Constitucional estudiará este miércoles las que le han remitido el Congreso y el Senado. El pasado 30 de junio el TC admitió a trámite los recursos interpuestos contra la ley por el Gobierno de Navarra y el Partido Popular y dio un plazo de tres días hábiles a las partes para presentar alegaciones sobre una posible suspensión de la entrada en vigor de la norma, que estaba prevista para el 5 de julio. Durante ese plazo, la Mesa del Congreso envió una "respuesta automática" declinando la posibilidad de presentar alegaciones mientras que la Abogacía del Estado sí envió las suyas.

Tampoco el Consejo General del Poder Judicial se muestra partidario de la suspensión. Su portavoz, Gabriela Bravo, ha asegurado que la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad "no tiene efectos suspensivos" por lo que a su juicio, "lo normal" es que se cumpliese la ley que ya está en vigor.

La nueva ley, que entró en vigor el 5 de julio, 25 aniversario de la Ley de Despenalización del Aborto en Determinados Supuestos vigente hasta el momento, liberaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, establece un comité clínico para evaluar los abortos por problemas en el feto a partir de la semana 22 y permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Llama la atención que el PP se oponga ahora al aborto con tanto ahínco cuando durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar no tocó ni una coma de la normativa que entonces estaba vigente y gracias a la cual se practicaron más de 600.000 abortos, a razón de 80.000 al año.

¿Osará el Constitucional suspender una ley que lleva 10 días en vigor?