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NUEVATRIBUNA.ES - 16.03.2009

Amnistía Internacional (AI) ha dado hoy la voz de alarma ante la posibilidad de que España apruebe en los próximos meses tres importantes reformas legislativas (Ley de Asilo, Ley de Extranjería y Código Penal) que impliquen recortes en los derechos de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. En un acto simbólico celebrado este lunes frente al Congreso de los Diputados, la presidenta de Amnistía Internacional en España, Itziar Ruiz-Giménez, ha explicado que “en dichas reformas el Gobierno no debe dar un paso atrás en las garantías de protección reconocidas hasta ahora. No tener papeles no significa no tener derechos. En ningún caso se pueden rebajar los derechos de las personas migrantes ni de quienes defienden sus derechos”.

La organización ha valorado que el Proyecto de Ley actualmente en discusión en el Congreso supone un "claro paso atrás" respecto a la Ley de Asilo actual y un retroceso en las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Entre las preocupaciones de AI sobre este proyecto se encuentran la imposibilidad de que ciudadanos europeos puedan pedir asilo, la desaparición de la posibilidad de pedir asilo en embajadas, la inclusión de cláusulas contrarias a la Convención de Ginebra o la creación de varios procedimiento acelerados que reducen las garantías para los solicitantes de asilo, entre otras.

Amnistía también ha manifestado su preocupación por la tendencia que se observa en la iniciativa gubernamental de reforma de la Ley de Extranjería, aún no formulada como proyecto de ley para su tramitación parlamentaria. Ésta supone, a juicio de AI, un recorte de derechos y recoge disposiciones restrictivas que incrementan la vulnerabilidad de las personas inmigrantes. "Es especialmente grave en lo que concierne a los menores no acompañados y los menores en conflicto con la ley, la ampliación del periodo de internamiento en los centros de extranjeros, la limitación al derecho a la reagrupación familiar, así como la ampliación del catálogo de sanciones graves", ha indicado AI.

INCIDENTES RACISTAS

Según Amnistía Internacional, un contexto de especial sensibilidad de la población hacia los problemas económicos "puede contribuir a crear un ambiente que justifique la adopción de más medidas de control migratorio que supongan una amenaza para los derechos humanos de las personas migrantes". La organización no gubernamental teme que una situación de mayor conflictividad social "genera una percepción pública negativa de las personas inmigrantes que puede exacerbar su vulnerabilidad frente a la discriminación, el racismo, la xenofobia y otros abusos de derechos humanos".

"El Gobierno tiene la obligación de contrarrestar ese fenómeno", ha recordado Ruiz-Giménez. "Sin embargo, aunque ha anunciado la elaboración de una Estrategia Nacional e Integral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, ni siquiera ha adoptado todavía medidas efectivas para documentar los incidentes de índole racista a manos de particulares o agentes del Estado, ni ofrece datos periódicos sobre estos fenómenos".

Amnistía Internacional ha puesto en marcha en Internet una campaña para presionar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de que su Gobierno no rebaje los derechos de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo.

"No tener papeles no significa no tener derechos"