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17 de febrero de 2009, 10:20
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 17.2.2009
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirmó hoy que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, y la Consejera regional de Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, "parecía que estaban contando "Alicia en el país de las maravillas"" cuando comparecieron para negar las irregularidades en los centros de menores de la Comunidad que había denunciado un informe de la institución.
"Me ha parecido insólita la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, responsable en última instancia del contenido de estos informes, y del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia. Más parecía que estaban contando "Alicia en el país de las maravillas", declaró Múgica.
En declaraciones a los medios previas a su intervención ante la Comisión Mixta del Senado para Relaciones con el Defensor del Pueblo, Múgica incidió en que este informe, que recoge las conclusiones de una investigación en 27 de los 58 centros para jóvenes con problemas de conducta que hay en España, "sigue en la pauta" de la Institución "de preocuparse por los menores".
"Hemos recorrido 27 centros y hemos sacado conclusiones en algunos casos esperanzadoras y en otros desalentadoras. En estas, los menores no reciben el tratamiento que debieran y que por lo tanto, cuando salen de esos centros a los 18 años, tienen que adaptarse a la vida en condiciones poco gratas", explicó Múgica, para incidir en que estos jóvenes "se encuentran desarmados ante la vida" y eso se debe "desterrar", al igual que "el método de corregir y castigar".
El informe del Defensor del Pueblo que este martes se presenta ante el Senado, fue difundido a principios del mes de febrero y destapa irregularidades en la atención a los niños internados, como vulneraciones de derechos y castigos "desproporcionados".
MANIATADOS Y ENCERRADOS
En la investigación, el Defensor del Pueblo asegura que muchos de estos tipos de centros vulneran los derechos de los menores, en los que se les maniata, se les prohíbe la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de "medidas educativas creativas" o "medidas correctoras".
El texto revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas se suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración. A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas.
Asimismo, la institución alerta de que más de la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria. Esta práctica se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de "salas de agitación" o de "reflexión" con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.
Entre los motivos para la realización de esta investigación, el Defensor del Pueblo señala la entrada de un considerable número de quejas, "cada vez más significativo y creciente", así como las referidas a las deficiencias e irregularidades que presuntamente se estaban produciendo en el funcionamiento de algunos centros de acogimiento residencial de menores.
INVESTIGAR A FONDO
Entre las 57 recomendaciones del Defensor del Pueblo en el informe, destacan la realización de investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en la sociedad y que se preste especial atención al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.
A raíz de la publicación del informe, el Gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre los centros de menores con trastornos de conducta, y los grupos parlamentarios del PP y de ERC-IU-ICV solicitaron la comparecencia del propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para informar sobre los casos de malos tratos.
Además, IU solicitó un modificación en la Ley del Menor para que se garantice que este tipo de centros "son públicos con garantías públicas", ya que, en opinión del diputado Gaspar Llamazares, "la privatización de estos centros es lo que ha conllevado una desprofesionalización, un deterioro en la atención a los menores y, en algunos casos, actuaciones ilegales". Por su parte, el PSOE ha pedido también en el Congreso que se redacte "un catálogo de buenas prácticas" que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirmó hoy que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, y la Consejera regional de Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, "parecía que estaban contando "Alicia en el país de las maravillas"" cuando comparecieron para negar las irregularidades en los centros de menores de la Comunidad que había denunciado un informe de la institución.
"Me ha parecido insólita la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, responsable en última instancia del contenido de estos informes, y del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia. Más parecía que estaban contando "Alicia en el país de las maravillas", declaró Múgica.
En declaraciones a los medios previas a su intervención ante la Comisión Mixta del Senado para Relaciones con el Defensor del Pueblo, Múgica incidió en que este informe, que recoge las conclusiones de una investigación en 27 de los 58 centros para jóvenes con problemas de conducta que hay en España, "sigue en la pauta" de la Institución "de preocuparse por los menores".
"Hemos recorrido 27 centros y hemos sacado conclusiones en algunos casos esperanzadoras y en otros desalentadoras. En estas, los menores no reciben el tratamiento que debieran y que por lo tanto, cuando salen de esos centros a los 18 años, tienen que adaptarse a la vida en condiciones poco gratas", explicó Múgica, para incidir en que estos jóvenes "se encuentran desarmados ante la vida" y eso se debe "desterrar", al igual que "el método de corregir y castigar".
El informe del Defensor del Pueblo que este martes se presenta ante el Senado, fue difundido a principios del mes de febrero y destapa irregularidades en la atención a los niños internados, como vulneraciones de derechos y castigos "desproporcionados".
MANIATADOS Y ENCERRADOS
En la investigación, el Defensor del Pueblo asegura que muchos de estos tipos de centros vulneran los derechos de los menores, en los que se les maniata, se les prohíbe la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de "medidas educativas creativas" o "medidas correctoras".
El texto revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75 por ciento de las mismas se suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración. A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas.
Asimismo, la institución alerta de que más de la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria. Esta práctica se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de "salas de agitación" o de "reflexión" con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.
Entre los motivos para la realización de esta investigación, el Defensor del Pueblo señala la entrada de un considerable número de quejas, "cada vez más significativo y creciente", así como las referidas a las deficiencias e irregularidades que presuntamente se estaban produciendo en el funcionamiento de algunos centros de acogimiento residencial de menores.
INVESTIGAR A FONDO
Entre las 57 recomendaciones del Defensor del Pueblo en el informe, destacan la realización de investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en la sociedad y que se preste especial atención al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.
A raíz de la publicación del informe, el Gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre los centros de menores con trastornos de conducta, y los grupos parlamentarios del PP y de ERC-IU-ICV solicitaron la comparecencia del propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para informar sobre los casos de malos tratos.
Además, IU solicitó un modificación en la Ley del Menor para que se garantice que este tipo de centros "son públicos con garantías públicas", ya que, en opinión del diputado Gaspar Llamazares, "la privatización de estos centros es lo que ha conllevado una desprofesionalización, un deterioro en la atención a los menores y, en algunos casos, actuaciones ilegales". Por su parte, el PSOE ha pedido también en el Congreso que se redacte "un catálogo de buenas prácticas" que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores.
