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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 16.07.2009

El Consejo General de Enfermería de España ha cargado contra el gerente del hospital Gregorio Marañón, Antonio Barba, por las declaraciones efectuadas tras conocerse la muerte de Rayán, el hijo de la primera víctima mortal en España por Gripe A, que falleció a causa de un error profesional y cuyos restos mortales han sido trasladados a Marruecos en un avión fletado por el Rey Mohamed VI.

El presidente y portavoz del Consejo que agrupa al gremio de enfermeros, Máximo González Jurado, ha asegurado que sólo un juez puede hablar de "terrorífico error profesional" como dijo el gerente poco después de conocerse el trágico desenlace. "Eso sólo lo puede afirmar de forma tan categórica un juez y tras concluir una investigación", afirmó en una multitudinaria rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid.

Los enfermeros denuncian que no es la primera vez que se da un caso idéntico al de la muerte de Ryan. Hace nueve años murió en las mismas circunstancias un neonato en un hospital de Canarias y “nadie tomó medidas”, denuncia González Jurado.

González Jurado anunció que estudiarán con sus expertos jurídicos iniciar algún procedimiento legal contra Barba, "no por su gestión, sino por sus manifestaciones"; al tiempo que apuntó que cualquier profesional de Enfermería que trabaje en la Unidad de Neonatología de un hospital debe estar debidamente cualificado para practicar actividades de "alto riesgo" como la que provocó la muerte de Rayán.

El máximo responsable del personal de Enfermería en España anunció que han abierto una investigación para determinar la "concatenación de errores" que provocó la muerte del bebé de Dalilah. En este sentido, González Jurado advirtió de que "cuando las enfermeras salen de la facultad tienen toda la responsabilidad de sus actos", pero matizó que "sólo están preparadas para ofrecer unos cuidados generales y, por tanto, no pueden dar seguridad clínica en actividades de alto riesgo" como las que implica la atención a recién nacidos.

De hecho, precisó que "si por él fuera, a una enfermera recién graduada no la pasaría a estas unidades sin haberla formado previamente", sin querer hacer alusión directa a la enfermera en cuestión del Gregorio Marañón, de 22 años, que llevaba dos años ejerciendo como enfermera y sólo un día en la Unidad de Neonatología.

Para dicha formación, González Jurado, explicó que es necesario que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud termine de desarrollar la especialidad de Enfermera Pediátrica y otras que recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) -una de sus continuas reivindicaciones-, así como un periodo de residencia, similar al sistema MIR de los médicos, que permita a las enfermeras hacer prácticas antes de iniciar su etapa profesional.

INVESTIGAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Por el momento, se han puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para obtener información sobre la situación actual de esta unidad y sobre el sistema de contratación que tiene el centro, ya que la joven tenía un contrato temporal que, "aunque es legal, a una enfermera no se la puede contratar por lista".

De hecho, lamentó que la proporción de enfermeras por cada mil habitantes es muy dispar entre unas comunidades y otras, y que, en comparación con otros países de la Unión Europea, España está "a la cola" con 5,4 profesionales por cada mil habitantes, frente a las 9 de media que hay en Europa.

A su juicio, lo sucedido es una "tragedia griega" que "va a suponer un punto y aparte para todo el mundo de la Enfermería", por lo que tras concluir su investigación se pedirá depurar todas las responsabilidad "la tenga quien la tenga".

CASO SIMILAR EN CANARIAS, HACE 9 AÑOS

Ante las posibles consecuencias jurídicas que puedan derivarse de la investigación, el presidente del Consejo General de Enfermería informó de que hace nueve años hubo un "caso gemelo" en Canarias, donde una enfermera "con amplia experiencia profesional" cometió un error similar al actual y lo reconoció ante un juzgado. En su caso, la enfermera fue condenada a un año de prisión y tres de inhabilitación.

Esto demuestra, como explicó, que "no es un hecho excepcional" y, por tanto, se debe trabajar para "minimizar cualquier riesgo" propio de una actividad sanitaria como ésta.

Sin embargo, en el caso de la enfermera del Gregorio Marañón, González Jurado pidió "esperar a que acabe la investigación" y, hasta entonces, acogerse a la presunción de inocencia de esta profesional, que está "sufriendo muchísimo" y recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico, ya que "en una situación como ésta, es una persona muerta".

"Las palabras del gerente del Gregorio Marañón son inmorales e indecentes"