Viguer, que ha presentado los datos estadísticos del primer semestre de este año, ha señalado en rueda de prensa que la actual ley procesal "está dejando un reguero de perjudicados" y que los jueces están preocupados por el incremento de los lanzamientos de bienes.
Los jueces, ha dicho Viguer, "no tenemos margen, poco podemos hacer más que aplicar la ley, pero no somos insensibles ante la grave situación social"
Para Viguer, la ley está al servicio de los ciudadanos "y no de determinadas entidades más poderosas" y ha señalado que las entidades bancarias se adjudican muchas veces los inmuebles que han sido lanzados "muy por debajo del valor real".
Ha destacado que las ejecuciones hipotecarias siguen creciendo al pasar de las 768, en el primer semestre de 2011, a las 892 en ese mismo periodo de este año lo que supone que este año se cierre con un incremento 10,9 %.
Ha llegado a referirse a una situación de "emergencia nacional" y ha requerido que se busquen posible alternativas como la dación en pago o el incremento del tanto por ciento en la adjudicación al banco de las viviendas que salen a subasta.
En ese sentido ha afirmado que el Código de Buenas practicas bancarias "ha resultado ineficaz" pues es muy bajo el número de entidades que se acogen a este, ya que es de carácter voluntario.
En cuanto al número de causas que entran en los juzgados ha indicado que el aumento, con motivo de la crisis económica, es de más del 50% en los juzgados de lo civil respecto a 2007.
Antes de dar algunos datos concretos sobre el primer semestre de este año, el juez decano de los juzgados de Valencia ha criticado "con dureza" que no se creen nuevas plazas judiciales y que se hayan suspendidos las oposiciones.
En su opinión, hay que exigir que el sistema judicial "sea una prioridad" para los gobiernos pues es "un servicio público esencial y parece que a los políticos les parece algo extraño y ajeno ya que no les reporta ningún beneficio".
"No hay ni hubo interés por la Justicia", a pesar de que el "núcleo duro de las cuestiones con trascendencia social se tramitan en los juzgados".
Ha insistido que el que un caso de despido tarde seis meses en dilucidarse "no es de recibido" y ha lamentado varias veces que no se incremente el número de jueces.
Otra de las quejas de los jueces, según Viguer es que no haya un sistema informático único en todas las Comunidades Autónomas.
Respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Viguer ha indicado que no puede "reducirse este a la mínima expresión" aunque sí que se ha mostrado partidario de su reorganización.
