nuevatribuna.es
30 de marzo de 2010, 3:26
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 26.03.2010
Profesor de la Universidad autónoma de Barcelona y presidente de la Asociación Justícia i Pau, organización destinada a la promoción de la paz y de los derechos humanos, Arcadi Oliveres lleva más de veinte años estudiando el comercio de armas en todo el mundo, incluida España.
El sector de producción armamentística española tuvo un importante auge con la entrada en la OTAN. En ese momento, a principios de la década de los ochenta -explica Oliveres en conversación con nuevatribuna.es- y en plena crisis económica “existía no sólo la necesidad de homologar las armas españolas” con el resto de los países miembros de la Alianza Atlántica, sino también “impulsar la producción en nuevos sectores industriales”. Fue lo que él denomina un “matrimonio de conveniencia” entre los poderes públicos en cuyas manos estaban en ese momento estas industrias, ahora prácticamente privatizadas.
La tendencia a día de hoy es al alza. España figura en el octavo puesto de ventas de armas a otros países y esto al margen del color de los gobiernos, resalta Oliveres, ya que el asunto “se ha convertido en razón de Estado” independientemente de quien gobierne. En este sentido, lamenta que no exista más transparencia en estas exportaciones que empezaron a regularse por ley gracias a la normativa aprobada en 2007. Pese a ello, el Gobierno español sigue ocultando los nombres de las empresas que realizan las exportaciones y sólo aporta datos de las cantidades y los países destinatarios.
Esta opacidad viene de largo. Oliveres recuerda un episodio con él de protagonista cuando hace unos años denunció en una cadena de radio que el Gobierno de Felipe González estaba vendiendo armas a Pinochet. Un diputado socialista le desmintió pero el asunto llegó finalmente a la opinión pública ya que los datos fueron publicados en el informe que anualmente elabora el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres y que a su vez es traducido por el Ministerio de Defensa.
Oliveres también pone de manifiesto el dinero público que se ha destinado para rescatar algunas de las empresas del sector como con la privatización de Santa Bárbara (empresa creada por el Ejército), donde el Estado asumió unas pérdidas de 250.000 millones de las antiguas pesetas. Al respecto, explica, el sector “resulta lucrativo para los responsables de estas empresas” pero no para la sociedad en su conjunto dado que “genera pocos puestos de trabajo” y sigue dando pérdidas millonarias. “Estas empresas absorben mucha tecnología y parte de las partidas destinadas a I+D+i “se han ido a financiar investigaciones militares”, asegura.
Pero lo más llamativo a su juicio no es sólo la venta de armas en el mundo sino que en los últimos años “han aumentado notablemente las cesiones de licencias de tecnología” lo que ha hecho que países como India produzcan su propio material sin necesidad de importarlo. España también ha vendido y comprado distintas tipos de tecnología con Israel, pone como ejemplo.
Marruecos, Colombia, Israel o Indonesia son destinos donde llega armamento producido en España. Otros países de Europa hacen lo mismo “rompiendo –denuncia- el consenso europeo” sobre las limitaciones que han de ponerse a países que sufren conflictos internos o donde se vulneran derechos humanos. Oliveres da un dato: un estudio relativo a la Europa del los 15 reflejaba que el 72% “violaba el código de conducta”, una situación que espera pueda corregirse en el futuro con la firma de un Tratado Internacional.
Profesor de la Universidad autónoma de Barcelona y presidente de la Asociación Justícia i Pau, organización destinada a la promoción de la paz y de los derechos humanos, Arcadi Oliveres lleva más de veinte años estudiando el comercio de armas en todo el mundo, incluida España.
El sector de producción armamentística española tuvo un importante auge con la entrada en la OTAN. En ese momento, a principios de la década de los ochenta -explica Oliveres en conversación con nuevatribuna.es- y en plena crisis económica “existía no sólo la necesidad de homologar las armas españolas” con el resto de los países miembros de la Alianza Atlántica, sino también “impulsar la producción en nuevos sectores industriales”. Fue lo que él denomina un “matrimonio de conveniencia” entre los poderes públicos en cuyas manos estaban en ese momento estas industrias, ahora prácticamente privatizadas.
La tendencia a día de hoy es al alza. España figura en el octavo puesto de ventas de armas a otros países y esto al margen del color de los gobiernos, resalta Oliveres, ya que el asunto “se ha convertido en razón de Estado” independientemente de quien gobierne. En este sentido, lamenta que no exista más transparencia en estas exportaciones que empezaron a regularse por ley gracias a la normativa aprobada en 2007. Pese a ello, el Gobierno español sigue ocultando los nombres de las empresas que realizan las exportaciones y sólo aporta datos de las cantidades y los países destinatarios.
Esta opacidad viene de largo. Oliveres recuerda un episodio con él de protagonista cuando hace unos años denunció en una cadena de radio que el Gobierno de Felipe González estaba vendiendo armas a Pinochet. Un diputado socialista le desmintió pero el asunto llegó finalmente a la opinión pública ya que los datos fueron publicados en el informe que anualmente elabora el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres y que a su vez es traducido por el Ministerio de Defensa.
Oliveres también pone de manifiesto el dinero público que se ha destinado para rescatar algunas de las empresas del sector como con la privatización de Santa Bárbara (empresa creada por el Ejército), donde el Estado asumió unas pérdidas de 250.000 millones de las antiguas pesetas. Al respecto, explica, el sector “resulta lucrativo para los responsables de estas empresas” pero no para la sociedad en su conjunto dado que “genera pocos puestos de trabajo” y sigue dando pérdidas millonarias. “Estas empresas absorben mucha tecnología y parte de las partidas destinadas a I+D+i “se han ido a financiar investigaciones militares”, asegura.
Pero lo más llamativo a su juicio no es sólo la venta de armas en el mundo sino que en los últimos años “han aumentado notablemente las cesiones de licencias de tecnología” lo que ha hecho que países como India produzcan su propio material sin necesidad de importarlo. España también ha vendido y comprado distintas tipos de tecnología con Israel, pone como ejemplo.
Marruecos, Colombia, Israel o Indonesia son destinos donde llega armamento producido en España. Otros países de Europa hacen lo mismo “rompiendo –denuncia- el consenso europeo” sobre las limitaciones que han de ponerse a países que sufren conflictos internos o donde se vulneran derechos humanos. Oliveres da un dato: un estudio relativo a la Europa del los 15 reflejaba que el 72% “violaba el código de conducta”, una situación que espera pueda corregirse en el futuro con la firma de un Tratado Internacional.
