Resulta difícil de creer pero es cierto. En pleno siglo XXI, con la democracia en España asentada, la policía sigue ‘cargando’ de forma indiscriminada contra ciudadanos que ejercer su legítimo derecho de manifestación.
Como prueba, los testimonios recogidos por la revista Madrid Sindical de marzo en un interesante reportaje firmado por Alfonso Roldán, director de la publicación de CCOO de Madrid, e ilustrado con imágenes Fran Lorente.
En el mismo se relatan los abusos, agresiones y amenazas de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) –en cumplimiento de las órdenes dictadas por la Delegación del Gobierno en Madrid-, contra algunos sindicalistas por protestar y manifestarse en la calle contra los recortes y ajustes del Gobierno del PP.
El reportaje pone cara y nombres a estas personas que han visto vulnerados sus derechos civiles y a las que les quedan pocas opciones para defenderse en los tribunales.
Elisa, Teresa, Luciano, Javier y Manuel muestran en este reportaje toda su indignación ante unos hechos que recuerdan a tiempos pasados e incluso, como denuncian algunos, a regímenes totalitarios de las dictaduras latinoamericanas.
“Miedo”, es lo que dice sentir Elisa Arrastia tras ser víctima de los hechos denunciados. El pasado 14 de noviembre, día de la huelga general se enfrentó a un agente que amenazaba con una multa a un comerciante por cerrar su tienda. Pocos días después recibía una notificación del juzgado. Su compañera, Teresa Barros, rodó por las escaleras del metro empujada por un agente.
En otro acto de protesta en Madrid, Luciano Palazzo cuenta que le tuvieron casi cinco horas esposado en comisaría y una hora desnudo en el baño y le llamaron “sinvergüenza” y “subversivo”. A otro compañero, Javier Artona, le llovieron golpes por todos lados, cara, testículos y todo con la impunidad más absoluta.
Un atropello en toda regla que según Antonio García, coordinador de servicios jurídicos de CCOO de Madrid no pueden ignorar jueces y fiscales y que tampoco deben olvidar las propais víctimas que, en su opinión, deben seguir denunciando estos hechos ante los tribunales.
