nuevatribuna.es
13 de noviembre de 2010, 5:49
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 11.11.2010
Todo empezó cuando Nuria, la prima de Alberto vio por televisión la exhumación de una fosa del franquismo. Su madre entonces rememoró la tragedia vivida por su familia setenta años atrás y expresó a su hija el deseo de recuperar los restos de sus familiares que estaban “tirados como perros”, le dijo. Esta familia se puso en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que después de tramitar los permisos necesarios ha iniciado la exhumación del enterramiento situado en la localidad toledana de Calzada de Oropesa.
Más de una veintena de casquillos de bala, encontrados gracias a un detector de metales, dieron la pista para la localización de la fosa. En ella hay enterrados siete vecinos de Las Ventas de San Julián. Alberto García Simón es el abuelo materno de Alberto y Manuel Gutiérrez Castaño, su abuelo paterno. El hermano de éste, Antolín Gutiérrez Castaño, también fue asesinado por las fuerzas sublevadas de Franco. Junto a ellos se encuentran los cuerpos de Germán Sarro García, Francisco Herreruela Arroyo, Lorenzo Polo Hernández y Enemesio Hernández Álvarez.
La ARHM ya se ha puesto manos a la obra para proceder con los trabajos de exhumación que estiman durarán tres días. Como viene haciendo tras el hallazgo de una nueva fosa, la asociación ha denunciado ante el cuartel más cercano de la Guardia Civil la aparición de restos humanos con signos de violencia instando al juez que se persone en el lugar de los hechos según obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal y “si la justicia no actúa estará incumpliendo gravemente un deber que genera indefensión a las víctimas”, recuerda el vicepresidente, Santiago Macías.
Desde que Baltasar Garzón remitiera las causas a los correspondientes juzgados, tan sólo el 5% de los jueces a los que han llegado este tipo de denuncias se han personado en el lugar y los que no lo han hecho han esgrimido argumentos como que el delito había preescrito o que, por el contrario, no se observaba la comisión de ningún delito. Y eso cuando en la mayoría de las fosas encontradas se ha localizado casquillos de balas. Por ello, Macías insiste en que el juez, acompañado de un forense, debe recoger in situ la información necesaria para decidir las diligencias que puede llevar a cabo. La ARHM advierte de que el incumplimiento de la ley conlleva una falta que será denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial.
Durante los dos días transcurridos desde que se encontraron los restos se han desplazado hasta el lugar algunos familiares, muchos de ellos llegados desde bastante lejos. Alberto cuenta, en conversación con nuevatribuna.es, lo que sabe de lo ocurrido a sus dos abuelos. Fueron fusilados en la madrugada del 25 de noviembre de 1936 después de haber sido retenidos en el cuartel de la Guardia Civil durante catorce días. Su abuelo paterno dejó siete hijos, y el padre de su madre tres más uno en camino ya que su abuela estaba embarazada. Alberto no quiere venganza: “Sólo queremos llevar los restos al cementerio. Queremos cerrar página”, asegura, al tiempo que denuncia que con su familia se cometieron “dos crímenes”, el de los fusilamientos y el “dolor y la pena” que durante todos estos años han padecido.
Todo empezó cuando Nuria, la prima de Alberto vio por televisión la exhumación de una fosa del franquismo. Su madre entonces rememoró la tragedia vivida por su familia setenta años atrás y expresó a su hija el deseo de recuperar los restos de sus familiares que estaban “tirados como perros”, le dijo. Esta familia se puso en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que después de tramitar los permisos necesarios ha iniciado la exhumación del enterramiento situado en la localidad toledana de Calzada de Oropesa.
Más de una veintena de casquillos de bala, encontrados gracias a un detector de metales, dieron la pista para la localización de la fosa. En ella hay enterrados siete vecinos de Las Ventas de San Julián. Alberto García Simón es el abuelo materno de Alberto y Manuel Gutiérrez Castaño, su abuelo paterno. El hermano de éste, Antolín Gutiérrez Castaño, también fue asesinado por las fuerzas sublevadas de Franco. Junto a ellos se encuentran los cuerpos de Germán Sarro García, Francisco Herreruela Arroyo, Lorenzo Polo Hernández y Enemesio Hernández Álvarez.
La ARHM ya se ha puesto manos a la obra para proceder con los trabajos de exhumación que estiman durarán tres días. Como viene haciendo tras el hallazgo de una nueva fosa, la asociación ha denunciado ante el cuartel más cercano de la Guardia Civil la aparición de restos humanos con signos de violencia instando al juez que se persone en el lugar de los hechos según obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal y “si la justicia no actúa estará incumpliendo gravemente un deber que genera indefensión a las víctimas”, recuerda el vicepresidente, Santiago Macías.
Desde que Baltasar Garzón remitiera las causas a los correspondientes juzgados, tan sólo el 5% de los jueces a los que han llegado este tipo de denuncias se han personado en el lugar y los que no lo han hecho han esgrimido argumentos como que el delito había preescrito o que, por el contrario, no se observaba la comisión de ningún delito. Y eso cuando en la mayoría de las fosas encontradas se ha localizado casquillos de balas. Por ello, Macías insiste en que el juez, acompañado de un forense, debe recoger in situ la información necesaria para decidir las diligencias que puede llevar a cabo. La ARHM advierte de que el incumplimiento de la ley conlleva una falta que será denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial.
Durante los dos días transcurridos desde que se encontraron los restos se han desplazado hasta el lugar algunos familiares, muchos de ellos llegados desde bastante lejos. Alberto cuenta, en conversación con nuevatribuna.es, lo que sabe de lo ocurrido a sus dos abuelos. Fueron fusilados en la madrugada del 25 de noviembre de 1936 después de haber sido retenidos en el cuartel de la Guardia Civil durante catorce días. Su abuelo paterno dejó siete hijos, y el padre de su madre tres más uno en camino ya que su abuela estaba embarazada. Alberto no quiere venganza: “Sólo queremos llevar los restos al cementerio. Queremos cerrar página”, asegura, al tiempo que denuncia que con su familia se cometieron “dos crímenes”, el de los fusilamientos y el “dolor y la pena” que durante todos estos años han padecido.
