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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 11.2.2010

El diputado nacional del PSOE por Ciudad Real, Fernando Moraleda, ha contestado a las declaraciones del obispo Antonio Algora asegurando que "son impropias de un representante eclesiástico". Moraleda ha admitido que "hay unos parlamentarios mejores que otros, como unos obispos mejores que otros", pero ha recordado que "en democracia no se gobierna con el Catecismo, sino con la Constitución (...), en España y en cualquier democracia europea y del mundo".

Lo más grave, a juicio del parlamentario del PSOE, es que "la descalificación general que ha hecho a los parlamentarios conlleva alejar a los ciudadanos de sus representantes políticos y eso significa alejar a los ciudadanos de la democracia". Y ha añadido que el obispo de Ciudad Real "ni entiende ni comprende" de democracia ya que "no es un obispo electo, como ninguno, y ni siquiera sus fieles lo eligen".

El diputado socialista cree que para opinar "es mejor tener información que prejuicios", más aún cuando se trata de opiniones que van a trascender a los ciudadanos. Y ha hecho algunas aclaraciones a las afirmaciones del obispo. En primer lugar, ha dicho que "no existen pensiones vitalicias, como apunta el obispo de Ciudad Real", sino que "existe un complemento de pensiones para quienes no llegan a la pensión media", y que "de los 3.609 diputados elegidos en la etapa democrática, hay 70 que tienen ese complemento, lo que supone un gasto de cerca de 1.000 euros al mes".

Además, Moraleda ha indicado que, "sin pedírselo a nadie más, los parlamentarios hemos decidido congelar nuestros salarios dos años consecutivos" y ha recordado que la partida económica destinada a financiar los gastos del Congreso, el Senado, el Defensor del Pueblo y la Junta Electoral Central supone el 0,09% de los Presupuestos Generales del Estado. "Es una de las democracias más baratas de Europa", ha aseverado y ha recomendado al obispo ciudadrealeño "prudencia", uno de los valores parlamentarios, ha resaltado, que están representados en el hemiciclo de las Cortes Generales. "Usando ese valor parlamentario, le voy a señalar quién aprueba su salario y cuál es el coste público que supone mantener el concordato en cumplimiento de la relación entre el Estado y la Iglesia Católica Española", ha concluido.

"Aleja al ciudadano de la democracia"