- UGT considera que los PGE para 2018 en materia de Consumo son muy insuficientes y no acordes con la evolución del PIB.
- A pesar de que se han registrado más de un millón de reclamaciones en esta materia y hay numerosos sectores afectados (banca, telecomunicaciones, seguros, suministros de luz, agua, gas) todavía carecemos de políticas de consumo adecuadas, singularizadas, transversales y con poder ejecutivo. Esto refleja el escaso interés del Gobierno en este asunto.
- El sindicato exige una rápida adaptación de nuestra normativa al derecho de la Unión Europea en esta materia. Se trata de conseguir que los consumidores españoles se equiparen en derecho al resto de ciudadanos comunitarios.
Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, le compete la gestión de la política de consumo para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios que reconoce la Constitución Española en su artículo 51. El órgano encargado de su ejecución es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Organismo Autónomo creado recientemente (2014), adscrito al citado Ministerio.
Dentro del Programa se definen toda una serie de líneas de actuación para el presente ejercicio presupuestario. entre otras:
- Definir el marco jurídico de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, proyectándose tanto a nivel interno como a nivel de la UE.
- Reforzar los sistemas de atención e información de consumidores y usuarios.
- Cooperación institucional e integración del consumo en otras políticas.
- Control y vigilancia del consumo.
- Fomento y potenciación del asociacionismo de consumo a través de las organizaciones de consumidores y usuarios.
Por lo que respecta al Proyecto de Presupuestos para 2018 a continuación se inserta una tabla comparativa en la que se relacionan los diferentes Capítulos que conforman el citado Programa:
En base a los anteriores datos, hay que destacar:
- En términos comparativos (2017/2018), el Presupuesto sufre un descenso de un -16,82%, consecuencia de que en este ejercicio no se consigna la transferencia relativa a la obligación contraída por parte del ICO para atender los gastos derivados de la cesión de fondos de la línea de mediación de anticipos a cuenta a los afectados por el caso de Forum y Afinsa (3.700.000 euros).
- En otro orden de cosas, destacar la subida del 1,55% del Capítulo I (Gastos de Personal), porcentaje insuficiente que no contempla la previsión de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con los agentes sociales en materia retributiva para su personal.
Una visión más general nos la puede ofrecer la evolución que ha experimentado el Programa a lo largo de los últimos años:
Significar lo apuntado anteriormente, que la bajada sufrida en el presente ejercicio presupuestario es debida a que no se incorpora en este año la transferencia del ICO. Por lo demás, las cantidades son similares a las de años anteriores.
Conclusiones
Nos encontramos ante un Presupuesto, el destinado a Consumo, muy insuficiente y que apenas sufre variaciones sustanciales, lo cual nos da la imagen de la escasa importancia que para este Gobierno tiene la materia. Sería deseable que la administración más cercana al ciudadano a través de sus Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Asociaciones de Consumidores y Usuarios, estuviesen dotados de un Presupuesto más generoso, acorde con la evolución del PIB.
Desde UGT entienden que el consumo debe adquirir la relevancia suficiente que merece, con políticas singularizadas, transversales y con poder ejecutivo, máxime si tenemos en cuenta el volumen de reclamaciones en esta materia (más de un millón) y los sectores afectados (banca, telecomunicaciones, seguros, suministros de luz, agua, gas, etc.)
Igualmente se hace necesario una rápida adaptación de nuestra normativa nacional al derecho de la Unión Europea para con ello conseguir que nuestros consumidores y usuarios se equiparen en derechos al resto de ciudadanos comunitarios.
