El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “es indispensable un Pacto de Estado por la Industria, porque nuestro país crece, pero vuelve a crecer con pies de barro. Es necesario realizar un cambio de nuestro modelo económico y productivo y éste se debe sustentar sobre la industria”. En este sentido, ha manifestado que UGT va a proponer una subcomisión en el Congreso de los Diputados que aborde esta cuestión. El Pacto por la Industria debe ser transversal, con la participación de todos, y acomodado a otro Pacto de Estado sobre Energía”.
Álvarez ha hecho estas declaraciones en la clausura de las jornadas “La Industria en España”, organizadas conjuntamente por la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) y UGT Castilla y León que se han desarrollado, del 30 de mayo al 1 de junio, en Valladolid y en Burgos. En la clausura ha participado también el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en su intervención ha aceptado la propuesta de pacto planteado por UGT, y ha coincidido en la importancia de trabajar conjuntamente por fortalecer el tejido industrial.
Álvarez ha insistido en la necesidad de una política activa, coordinada y consensuada con todos los agentes implicados, para que la industria se convierta en “el principal motor económico y de generación de empleo estable y con derechos”.
La temporalidad del conjunto de la economía, en 2016, fue del 26,06%, mientras en la industria se situó en 20,87%, cinco puntos por debajo de la tasa del conjunto, pero reduciendo a la mitad los diez puntos de distancia que había en 2009.
Álvarez ha recordado que para ello es preciso aumentar el peso de la industria en el PIB, de tal forma que pase del 16% actual al 20%, tal y como establece la Agenda Europea para 2020. “Un objetivo difícil pero no imposible, pues un ejemplo claro lo tenemos en la provincia de Burgos, en donde la industria representa el 30% del PIB”.
El Secretario General ha señalado que, desde hace años, UGT ha reclamado a sucesivos Gobiernos dieran un giro a su política económica y pasaran a “industrializar la economía española”. Pero hasta ahora, se han limitado a discutir con los agentes sociales el proceso de privatización de empresas públicas y algunas iniciativas aisladas de carácter industrial, pero en ningún caso se ha negociado una política global para la industria. Además, ahora ni siquiera existe un Ministerio de Industria y sus competencias se han repartido entre otras carteras ministeriales, especialmente Economía. Aunque la cuestión no es esa.
Lo importante es que exista un Gobierno que apueste realmente por la industria, que la regenere, la oriente y la convierta en el motor de creación de empleo en nuestro país. Para ello hay que superar los principales déficits de nuestra industria actual. Déficit en inversión, formación y cualificación profesional, en el nivel tecnológico, en el desfase en I+D, en la escasa dimensión de las empresas, etc.
Además, la precariedad en la industria cada vez es más creciente; hay importante presencia de capital extranjero en sectores fundamentales, con centros de decisión fuera de nuestras fronteras; tenemos dependencia técnica e importadora del exterior; la presencia del sector público se va reduciendo cada vez más; y la autofinanciación de las empresas es muy escasa. Por otra parte, la producción es intensiva en el uso de la energía y nuestra industria se ha especializado en exportaciones de bajo contenido tecnológico basadas, fundamentalmente, en ventajas derivadas de una mano de obra barata.
Para cambiar nuestro modelo industrial es preciso articular actuaciones de carácter horizontal y vertical, atendiendo las necesidades de cada sector y territorio. Se trata de hacer una política de Estado que afecte al conjunto del Gobierno. Al Ministerio de Economía o el de Hacienda (respecto a medidas fiscales, por ejemplo) el Ministerio de Medio Ambiente, pasando por el de Trabajo, o el de Fomento (como el mayor gestor de suelo industrial o de infraestructuras) o al de Educación (con una formación profesional dirigida a las nuevas necesidades de los sectores industriales).
A su vez la política industrial debe coordinarse con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales;, debe ser consensuada con los representantes empresariales y sindicales; y en ella debe participar activamente la Universidad y las instituciones o las cámaras, por citar algunos ejemplos.
La política industrial debe ser sostenible social y medio ambientalmente, desarrollar nuevos sectores de alto potencial tecnológico y también garantizar un progreso eficiente de los sectores tradicionales.
Hay que impulsar las inversiones en formación permanente del trabajador y la mejora de las condiciones de trabajo; en innovación y tecnologías; recuperar el papel de los observatorios industriales; establecer medidas que limiten las deslocalizaciones, o desarrollar políticas para evitar el desempleo en los procesos de reestructuración y establecer planes sociales que consideren las alternativas industriales.
Asimismo es preciso abordar la transparencia y participación sindical en fenómenos como “externalización de actividades”, o la implantación de procesos como la digitalización. Todo esto implica consolidar el diálogo social sectorial. Por último, hay que fomentar que esa política industrial esté coordinada con la europea.
