jueves 09.04.2020
Asoc. para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía

Sucedió en Granada

Lola Martínez Ruiz y Bernardo Santos Ramos | Las manifestaciones que se han realizado en Granada contra la fusión de los dos hospitales de la ciudad han tenido un gran éxito de participación y una gran repercusión mediática...

Sucedió en Granada

Las  manifestaciones que se han realizado en Granada contra la fusión de los dos hospitales de la ciudad han tenido un gran éxito de participación y una gran repercusión mediática, tanto por la participación de la población, por su continuidad como por haberse  producido un fenómeno de extensión a otras ciudades de Andalucía.

Los proyectos de fusión podrían tener algún sentido si por ello se entiende la unificación de la gestión, de algunos servicios comunes y logísticos y el compartir servicios altamente especializados que podrían estar ubicados en uno u otro centro. Es un fenómeno existente en grandes aglomeraciones como Londres o Bruselas.

En Andalucía lo que se ha hecho en estos años no tiene nada que ver. Ha sido un proceso que no ha estado planificado, que no ha seguido a una búsqueda de las mejores evidencias en gestión, a un análisis de las carteras de servicios y las cargas asistencias, y que por tanto no ha tenido un plan estratégico de implantación ni se ha explicado ni consensuado con profesionales y con la población. No se puede explicar o consensuar un plan que no existe. Los procesos han sido pura improvisación. Se ha ido fusionando aquellos servicios en los que había una coyuntura de acuerdo, posibilidad de presión o debilidad, con continuos avances y retrocesos. Independientemente de que fuera mejor o peor para la prestación de servicios.

Lo de Granada ha sido ya el colmo del despropósito. El proyecto de fusión de los hospitales parece bastante disparatado y motivado sobre todo por criterios económicos de ahorro. La intervención del viceconsejero Martín Blanco, un personaje bastante oscuro cuya ascensión en el escalafón político no es fácil de explicar por sus méritos, ha sido decisiva en imponer un modelo pensado más hacia una logística y economía de laboratorio sin importar los resultados asistenciales.

Resulta difícil entender que se pretenda mantener urgencias hospitalarias en centros que carecen de los servicios clínicos y diagnósticos básicos, y más aún que se  plantee una gran parte de la asistencia en base a desplazamientos entre dos centros geográficamente alejados y con unas comunicaciones muy deficientes. Y sobre todo que se haya hecho con escaso dialogo, sin escuchar las quejas y las protestas planteadas hace ya muchos meses que señalaban los problemas que luego acabaron planteándose, y que una vez iniciado el conflicto no se abriese una vía de negociación con quienes estaban protagonizándolo.

La prepotencia de la Consejería ha conseguido el triple salto mortal, que la inauguración de un gran hospital como el Parque Tecnológico de la Salud de Granada,  en el que se han invertido grandes recursos durante muchos años, no sea una celebración sino un estrepitoso ridículo.

Es obvio que la amplia respuesta que han tenido las manifestaciones tiene un caldo de cultivo que viene desde lejos.

Conviene recordar que Andalucía lleva años ajustando plantillas, aplicando el aumento de jornada para evitar contratos o pago de guardias, reduciendo la jornada a miles de profesionales, (lo cual, aunque actualmente revertido, ha dejado una huella de crispación que la reversión no ha eliminado), reduciendo prácticamente a cero las sustituciones en atención primaria, reduciendo el número de residentes, con una eventualidad cercana a un tercio de la plantilla, con profesionales de más de treinta y de más de cuarenta años que no han tenido o apenas han tenido ocasión de consolidar su puesto, con un sistema de acreditación de calidad y carrera profesional cuestionado profundamente por los profesionales y dejando de invertir en la reposición de tecnología y dejando que se deterioren las instalaciones. A esto se añade que la participación ciudadana efectiva en los  servicios de salud quedó hace bastantes años confinada en documentos y discursos.

Todo ello inevitablemente ha deteriorado el funcionamiento del sistema sanitario generando un importante descontento entre los trabajadores del mismo y entre la población. A lo que hay que sumar la puesta en funcionamiento de las unidades de gestión clínica que, en la práctica,han estado centradas de una manera importante en el ahorro, de las que las fusiones hospitalarias son una secuela, y los modos excesivamente autoritarios y prepotentes de una administración sanitaria que ha invertido más en propaganda que en pedagogía y donde el Goebeliano repetir de los éxitos en terapias avanzadas o trasplantes e investigación cansaba, irritaba y desmotivaba a los profesionales que estaban sacando adelante el sistema cada día a pesar del nulo apoyo político que recibían. Los profesionales han mantenido el Sistema Sanitario Público Andaluz por puro profesionalismo y responsabilidad con la población, por eso no hay cosa que más irrite que se sacaran réditos políticos continuamente de su trabajo.

Desde la administración andaluza se vende queel grado de privatización en comparación con las otras CCAA es  bajo. Esto es cierto si se miran solo las cifras del presupuesto público que va a conciertos o prestaciones externalizadas. Sin embargo, si se mira la ingente cantidad de recursos que los andaluces dedican a la privada, ha crecido más del doble en los últimos 10 años. Más de un millón de andaluces tienen una póliza privada en una región económicamente desfavorecida, más del 40% de las camas instaladas en Málaga son privadas y hay que recordar que 260.000 andaluces reciben atención hospitalaria de la Empresa Pascual y unos 320.000 de San Juan de Dios. Las puertas giratorias de los directivos del SAS y Empresas Públicas hacia las empresas privadas de asistencia sanitaria, pero también social no han parado de funcionar en estos años.

Por otro lado y como es evidente a las movilizaciones se han apuntado muchos que nunca han tenido el menor interés en la Sanidad Pública pero que ven la ocasión de debilitar al gobierno de la Junta de Andalucía, mas en un momento en que este, o al menos su presidenta, parecen tener ambiciones de ámbito estatal. Esto es legitimo, aunque hay que tenerlo en cuenta, como también lo es que la amplitud de la respuesta social y profesional evidencia el gran aprecio que tienen la ciudadanía y los sanitarios por el sistema sanitario público y la disposición a tener un  compromiso activo con el mismo.

En esta situación ¿Qué se puede hacer?. Lo primero es asumir la realidad, cuando hay un movimiento tan mayoritario de rechazo es que las cosas se han hecho mal y es necesario rectificar. A veces, las administraciones sanitarias tienen el reflejo de intentar doblegar la protesta social con el cansancio y con la represión de mayor o menor intensidad. Es lo que se ha hecho otras veces, el clientelismo entre los profesionales, las maniobras tácticas con los agentes sociales. Sería un error porque estas acciones solo consiguen aumentar la crispación y el descrédito, y  hay que ser conscientes de que, aunque se consiga desactivar la protesta se deja detrás un sentimiento de desapego y frustración que es lo peor que le puede pasar a la Sanidad Pública que precisa del compromiso activo de profesionales y ciudadanía para su buen funcionamiento.

Lo segundo debería de ser buscar una salida razonable que solo puede surgir del acuerdo con las entidades que protagonizan la movilización, porque un acuerdo solo es bueno si hay un consenso social sobre el mismo. Sin querer dar lecciones a nadie, es obvio que existen muchas fórmulas que pueden ser razonables para todos los participantes y que deben ponerse en marcha ya y estar abiertas a todos los que tienen algo que decir, porque, ya lo dice la Declaración de Ottawa  de 1986: La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan sobre sus propios empeños y destinos.

Entra dentro de lo probable  que la  administración sanitaria andaluza obre de buena fe, pero ya se sabe que “el infierno está empedrado de buenas intenciones” y creemos que es hora de rectificar, de llegar a acuerdos y de entender que la mayoría de quienes convocan y participan en las movilizaciones solo desean mejorar la Sanidad Pública y contribuir a su mejora.

Sucedió en Granada
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