Martes 25.06.2019
AVANCES HACIA LA SANIDAD UNIVERSAL

Nuevos pasos para lograr el derecho universal a la atención sanitaria

La derogación del decreto de exclusión sanitaria aprobado por el Gobierno del PSOE es un avance muy positivo pero no suficiente.

La situación de la denominada Sanidad Universal, en realidad cobertura universal de la atención sanitaria, ha vivido altibajos en nuestro país, desde las xenófobas exclusiones del PP, en teoría justificadas por unos ahorros económicos que no se han podido demostrar, hasta la aprobación por el gobierno actual del RDL 7/2018. Pasemos revista a lo que ha pasado.

Un cambio legislativo de corte neoliberal que busca el ahorro del gasto público a costa de la asistencia de los colectivos más vulnerables y que cambia la naturaleza del sistema público

En el año 2012, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 que supuso una auténtica contrarreforma del Sistema Sanitario Público, con el subterfugio de hacer frente a la crisis económica reduciendo el gasto sanitario público. El RD contemplaba el cambio del sistema sanitario que pasó de estar basado en la residencia en el Estado Español a otro basado en el aseguramiento (pese a que la financiación corría a cargo de impuestos). Esta medida privó del derecho a la asistencia a miles de personas, fundamentalmente extranjeros no regularizados que trabajaban sin contratos en la llamada economía sumergida (873.000) y a otros miles jóvenes en paro y amas de casa que no habían tenido la oportunidad de acceder al mercado de trabajo (50% del colectivo), y acababa también con el derecho a una sanidad universal y equitativa a todos los ciudadanos que vivían en España. Pero esta reforma legislativa contemplaba entre otras medidas la modificación de la Prestación Farmacéutica como el pago de medicamentos por los pensionistas el incremento de las aportaciones de los acogidos al régimen general y la supresión de la financiación de más de 400 fármacos de gran utilización por enfermos crónicos y ancianos; la fragmentación de la Cartera de Servicios, para introducir nuevos copagos como el transporte no urgente en ambulancia, las prótesis y las ortesis.

El cambio legislativo sufrió importantes cambios como consecuencia de la presión social y profesional

Aunque las protestas sociales impidieron el desarrollo de una parte de las medidas (mantuvo la asistencia a jóvenes y amas de casa y no desarrolló el pago por medicamentos hospitalarios y la Cartera Complementaria), el cambio legislativo generó importantes problemas en la atención sanitaria como un aumento de las muertes evitables por falta de asistencia (la universidad Pompeu Fabra estima una sobremortalidad de este grupo de población de alrededor de unas 70 personas al año); el aumento de enfermedades trasmisibles; la desatención de niños y ancianos enfermos de familias emigrantes; la imposibilidad de muchos pensionistas para retirar los medicamentos prescritos (un 13 - 25% según los diferentes estudios) por sus médicos; o la interrupción de los tratamiento de los enfermos crónicos o pluripatológicos. La situación generada se podría resumir en un aumento de las desigualdades en salud de las personas.

La gran mayoría de las fuerzas políticas llegaron a un pacto para su derogación

La crueldad de esta medida impropia de una cultura como la española incapaz de tolerar que las personas fallecieran o no accedieran a los cuidados de salud por su situación administrativa propiciaron que seis CCAA interpusieran y recursos de inconstitucionalidad (Cataluña, País Vasco, Canarias, Asturias, Andalucía y Navarra) y a que casi todas (que gestionan y prestan la asistencia) a adoptar diferentes fórmulas para atender a las personas excluidas. Estas medidas (auténticos parches), además de insuficientes fueron minando la naturaleza del RDL 16/2012 aunque propiciaron el aumento de las desigualdades de salud territoriales y contribuyeron a fraccionar, aún más, un sistema de salud muy fragmentado. Al mismo tiempo el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que esta medida legal no era conforme con la Carta Social Europea que contempla el derecho a la protección de la salud de quienes viven en la Unión Europea.

Por iniciativa de 70 organizaciones sociales, sindicales y de profesionales de la salud lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), en septiembre del año 2017, la mayoría de los grupos políticos entonces en la oposición (PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu),  firmaron en las Cortes el llamado “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal” por el que estos partidos se comprometieron a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho, revertiendo un cambio de modelo del sistema sanitario impuesto sin debate público y sin memoria económica que justificara los recortes adoptados.

El nuevo gobierno negocia la derogación del RDL pero deja lagunas que se deberán corregir

Tras la Moción de Censura el nuevo gobierno liderado por el Partido Socialista aprobó un nuevo decreto para recuperar la sanidad universal, por el que los titulares del derecho a la salud serán quienes tengan nacionalidad o residencia en España y a los colectivos no registrados o autorizados en España, medida que beneficiará a 280.000. Para el desarrollo de este cambio, el Gobierno ha abierto un proceso de información con buena parte de las organizaciones sociales y profesionales que han protagonizado la lucha por la derogación del RD 16/2012 y abierto una negociación con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos para abordan la sanidad en la negociación para los Presupuestos que incluye esta derogación y la creación de un grupo de trabajo con plataformas en defensa de la sanidad pública, asociaciones de usuarios, sindicatos y personas expertas para realizar una propuesta de desprivatización del sistema de salud público español en el plazo de seis meses. El coste de esa media es perfectamente asumible dado que esta población ha disminuido notablemente con la crisis y se trata de una gente mayoritariamente sana que hace poco uso del sistema sanitario.

Hasta ahora se ha aprobado el RDL 7/2018 que desvincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento y que rompe con las exclusiones del RDL 16/2012, y que debe ser convalidado por el Parlamento esta próxima semana

Conclusión final: apoyo y exigencia de algunos cambios y mejoras

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideramos que el RDL 7/2018 es una mejora sustancial de la situación actual y un avance muy positivo que obliga a apoyar su convalidación. Sin embargo, entendemos que el proyecto presenta varios problemas que obligan a exigir al Gobierno la corrección de determinadas carencias y ambigüedades, lo que puede y debe hacerse posteriormente:

1.- Continúa vinculando el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, a pesar de que el acceso a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico, por lo que no debe estar condicionado a estar asegurado (abre la posibilidad de actuaciones restrictivas por nuevos gobiernos conservadores).

2.- Deja en manos de las CCAA la concreción de los requisitos para el acceso a la atención favoreciendo así una posible discrecionalidad,

3.- No garantiza el acceso a la atención a quienes no acrediten la estancia de 90 días en España, lo que supone un riesgo en caso de necesitar asistencia, especialmente para solicitantes de asilo o victimas de trata.

4.- El certificado de no exportación puede suponer una importante barrera para el acceso.

5.- No garantiza el derecho a los familiares que lleguen a España por un proceso de reagrupación.

En resumen, avanzamos hacia el derecho universal a la atención sanitaria, pero aún quedan algunos flecos que deben ser solucionados posteriormente a la convalidación del RDL 7/2018.


Manuel Martín García, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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