Uno de los mayores avances en la respuesta a la enfermedad de los seres humanos fue la creación y desarrollo de los Sistemas Nacionales de Salud en la segunda mitad del siglo XX en Europa. Los Sistemas Nacionales de Salud de iniciativa estatal se fundamentaron en los principios de universalidad, justicia y eficiencia. Tal esfuerzo de las sociedades provocó el reconocimiento y desarrollo del derecho a la protección de la salud. Así fue como la salud se convirtió en una obligación protectora del estado frente a la realidad humana de la enfermedad. Los pueblos consiguieron mejorar rápidamente los indicadores de salud y la esperanza de vida al nacer aumentó hasta niveles inesperados.
EL SISTEMA INGLÉS: DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO
En Inglaterra, tras décadas de desarrollo, en los años 70 y 80, bajo los gobiernos liberales de Margaret Thatcher, el sistema sufrió una gran transformación al incorporar nuevas fórmulas de gestión privada
Uno de los países pioneros en la creación de un SNS fue Inglaterra. El sistema nacional de salud inglés, National Health Service (NHS), fue desarrollado por gobiernos laboristas y se fundamentó en el Informe Beverigde, con un enfoque a la cuestión de la enfermedad colectivo, social, nacional y no individualista. El desarrollo del NHS supuso una gran transformación histórica llevada a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. Sus principios fundamentales fueron que los servicios debían ser integrales, universales y gratuitos en el momento de la utilización. Fue todo un logro de los laboristas británicos y fundamentó el llamado “Estado del Bienestar” keynesiano, frente al “Estado de Guerra” de la Alemania Nazi. Algunos autores consideran que el desarrollo de los estados del bienestar con fuertes compromisos sociales fue la respuesta de los estados capitalista para contrarrestar las políticas sociales de la Unión Soviética durante la “Guerra Fría”, un peaje a pagar por el capitalismo tras la victoria del socialismo soviético. Pero fuere como fuere, se consiguió plantear una respuesta a la enfermedad de manera colectiva y no individualista, y fuere como fuere los Sistemas Nacionales de Salud se extendieron por numerosos países europeos, incluyendo el nuestro, consiguiendo resultados magníficos para la salud de los pueblos. La historia del ser humano es en ocasiones terrible y magnífica, después de una Guerra Mundial que asoló el mundo, las sociedades pudieron ofrecer una respuesta a la realidad humana de la enfermedad hasta el momento no conocida en la historia.
Pero esté horizonte de esperanza cambió tras evidenciar una terrible contradicción: los sistemas sanitarios públicos financiados a través del esfuerzo colectivo de una sociedad (impuestos), estaban rodeados de un sistema capitalista de libre mercado que los observaban como una oportunidad de negocio. Las tensiones no se hicieron esperar y se concretaron en cada país de manera similar. La privatización de los servicios públicos fue la norma en casi todos los países en consonancia con los nuevos tiempos del neoliberalismo globalizado, quizás por ello afirma A. Pollock que “separar la financiación de la provisión (quien suministra y abastece) es el primer paso para la privatización total de la Sanidad Pública, pues favorece la pérdida de control del sistema y el desarrollo de un mercado interno fácil de desarrollar para el interés privado”.
Para conocer mejor como afecta la privatización de la sanidad pública a los objetivos históricos de un país, de una sociedad o de un colectivo, es preciso conocer cuáles son los sistemas y relaciones económicas que afectan al sistema sanitario. Sin este conocimiento, tan solo se puede llegar a una visión parcial del asunto y las conclusiones solo pueden servir para captar reflejos de la realidad pero sin conseguir modificarla (1). Es por ello que conviene recordar un poco la historia.
En Inglaterra, tras décadas de desarrollo, en los años 70 y 80, bajo los gobiernos liberales de Margaret Thatcher, el NHS sufrió una gran transformación al incorporar nuevas fórmulas de gestión privada que supusieron la apertura del sistema sanitario público a las empresas sanitarias privadas. Posteriores gobiernos laboristas no modificaron la dirección política de esta reforma sanitaria inglesa. La reforma neoliberal sanitaria supuso un fracaso a nivel de eficiencia por incrementar los costes y fragmentar el sistema sanitario complicando su gobernanza, no mejoró los resultados de salud de los ciudadanos ingleses, y aumentó las desigualdades en salud y abriendo el negocio de la salud a empresas transnacionales (2).
ESPAÑA: LEY GENERAL DE SANIDAD DE 1986
El Sistema nacional de salud español, desde sus comienzos, también manifestó la contradicción de ser un sistema público de salud rodeado de un sistema capitalista de libre mercado
En España, en 1986 entró en vigor la Ley General de Sanidad, inspirada en el modelo Beveridge. La financiación de la sanidad pública en estos sistemas de salud procedía directamente de los impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, y la asistencia sanitaria también se prestaba en condiciones de universalidad, equidad y gratuidad. En España este modelo sustituyó al modelo franquista de sanidad para los asegurados. La rápida mejoría de los resultados de salud de la población a un coste social aceptable demostró la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, pues aumentó la esperanza de vida de los ciudadanos y consolidó el denominado “Estado de bienestar” en España. El Sistema Nacional de Salud español, desde sus comienzos, también manifestó la contradicción de ser un sistema público de salud rodeado de un sistema capitalista de libre mercado.
En 1991, comenzaron las propuestas para una reforma neoliberal mediante un informe redactado por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell y presentado en el Congreso de los Diputados, el Informe Abril, que marcó la hoja de ruta para privatizar la Sanidad Pública. Este informe fue muy criticado por lo que fue relegado a un aparente olvido alejado de la opinión pública, pero sus medidas se han ido aplicando en las últimas décadas. Ejemplo de ello son las normativas privatizadoras como la “Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud “(VI legislatura del gobierno del Partido Popular), que favoreció y consolido la participación privada en la gestión de la asistencia sanitaria (ya se habían producido algunas experiencias anteriores). Estas normativas debilitaron los principios de la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud y tuvieron su culminación en el “RD 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, que supone el fin de la universalidad al volver al modelo de asegurado y legitima el inefectivo impuesto a la enfermedad también llamado “copago” (3). La mercantilización de las cuestiones humanas y la alienación de las mismas, es una herramienta poderosa de la ideología dominante para conseguir objetivos políticos. Al mercantilizar la sanidad y la salud se le desposee de su auténtico valor inmaterial para reducirlas a un precio, a una mercancía, quizás por ello afirmaba el profesor Antonio Machado aquello de “tan solo el necio confunde el valor con el precio”.
La necesidad de blindar los derechos sociales
La situación de los derechos sociales no pasa por unos de sus mejores momentos. En la actualidad, las desigualdades avanzan de norte a sur. Este país huele a elecciones, pero parece que no serán unas meras elecciones legislativas. En un reciente artículo publicado por el profesor universitario Héctor Illueca, se expone el nudo en el que se encuentra España, cito aquí su análisis textual: “Desde que empezó la crisis económica, nuestro país ha experimentado una profunda transformación en los dos grandes pilares que vertebran y sostienen cualquier constitución democrática: la constitución económica y la constitución territorial. En lo que respecta a la primera, la reforma del artículo 135 CE acometida en 2011, supuso la derogación de facto de la cláusula del Estado social prevista en el artículo 1.1 de la Ley fundamental. En su formulación clásica, esta cláusula implicaba el reconocimiento a nivel fundamental de los principales derechos sociales y la consagración de un nuevo tipo de Estado intervencionista y planificador, orientado a garantizar las principales condiciones de existencia a la ciudadanía. Pues bien, la tipificación del principio de estabilidad presupuestaria y el otorgamiento de absoluta prioridad al pago de la deuda pública desvirtúan cualquier compromiso social por parte de los poderes públicos, sometiendo nuestra Carta Magna al imperio de la economía. Desde el mes de agosto de 2011, España ya no es un Estado social. España es un Estado neoliberal”. (4).
Frente a esta realidad, la necesidad de blindar los derechos sociales por encima de los intereses económicos resulta no solo adecuada, sino imprescindible para preservar la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, el trabajo digno y reconstruir el Estado Social liquidado por un mercado reaccionario que engendra a su propio Leviatán (5).
Pedro Lorente | Asociación de defensa de las Sanidad Pública ACDESA-Castellón
(1) Gramsci, Antonio. Antología. Selección y traducción de Manuel Sacristán, Editorial AKAL. 2013.
(2) Las cuestiones clave de la sanidad pública: un diagnostico comparado de los Sistemas Públicos Sanitarios de España y el Reino Unido. Colección Estudios nº54. Fundación 1º de Mayo. En http://www.pensamientocritico.org/salrua0515.pdf. Visitado en octubre 2018.
(3) Lorente P. Nueva Tribuna. 31 de marzo de 2018. En https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/modelo-alzira-cronica-fracaso-anunciado/20180331084325150297.html. Visitado en octubre de 2018.
(4) https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/03/22/28a-elecciones-materialmente-constituyentes/
(5) Job 47. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+41&version=DHH
