Nuevatribuna

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

Siete propuestas contra los "destrozos" del PP en la sanidad pública

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública nos trae siete propuestas para paliar las deficiencias acaecidas en la sanidad pública y las formas de financiarlas.

1.- Recuperar los recursos recortados por el Gobierno de Rajoy, con la excusa de la crisis

Económicos: Recuperar dos puntos en el PIB destinado a Sanidad Pública, lo que supone 20.000 millones de euros, en dos años.

Personal sanitario: Recuperar todos los puestos de trabajo perdidos por la no reposición del personal sanitario jubilado. Priorizar las plantillas de Medicina de Familia y Enfermería (especialmente la Comunitaria). A medio plazo elaborar un Plan de Recursos basado en necesidades asistenciales (Atención Primaria, Salud Pública, Atención a la Dependencia con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Educación)

2.- Reintegrar al sistema sanitario público los servicios privatizados:

Plan para reintegrar la gestión pública,  los centros y servicio de financiación y gestión privada (concesiones, PFI, Consorcios ..)

  • No renovar las concesiones, rescatar las incumplidoras y negociar con las concesionarias, las que no tienen vencimiento cercano.
  • Recuperar los servicios externalizados: Historia Clínica. Receta Electrónica, Centrales de Llamadas, Centrales de Información, Logística,  evaluación recursos tecnológicos, auditorias, etc.

Para financiar estas medidas crear un Fondo Especifico para recuperar el sistema sanitario público,  financiado con ahorros en gasto farmacéutico y nuevas tecnologías.

3.- Implementar Programas Estatales y Autonómicos de Investigación, Desarrollo e Innovación  (I+D+i) de financiación, gestión, personal y recursos públicos

Suprimir las actuales Agencias, Cluster, ... de I+D+i. penetradas por la industria y fondos de inversión multinacional que orientan la misma a sus intereses empresariales y al uso intensivo de fármacos y aparatos tecnológicos, en detrimento de la sostenibilidad, la racionalidad y la   salud de la población, potenciando la medicalización sobre las políticas de promoción, prevención y salud pública. Este modelo pone al servicio de los laboratorios farmacéuticos y a las empresas tecnológicas, una enorme cantidad de fondos públicos, los centros sanitarios, los equipamientos diagnósticos, el personal y los enfermos. El sistema público pone la mayoría de los recursos y los productos los patenta y comercializa el sector privado. 

Derogar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2011, que puso los recursos del sistema público al servicio de las empresas e inversores internacionales. Elaboración de una Nueva Ley I+D+i orientada las necesidades de la población, con  recursos y gestión públicos

Elaborar y poner en marcha un Plan Estratégico  de I+D+i, por el Consejo Interterritorial de Sanidad

  • Fundamentado en problemas y necesidades de salud de la población (Planes de Salud Estatal y autonómicos, elaborados con la participación del personal sanitario y la población)
  • Con recursos, financiación y gestión públicos
  • Personal estatuario y estable  

4.- Racionalizar y mejorar la formación del personal sanitario (a financiar con un  parte del ahorro en gasto farmacéutico)

Formación pregraduada: Incorporar la atención primaria a las universidades, con la creación de asignatura obligatoria y cátedras de Medicina Comunitaria de Familia y Salud Pública, en las Facultades de Medicina y Escuelas de Enfermería. Acreditación (con recursos públicos) de los centros y servicios docentes,  en función de sus resultados en salud

Formación Postgraduada

  • Incentivar el desempeño de la Atención Primaria y Comunitaria con recursos económicos y mejoras de la promoción profesional, para prestigiarla en las pruebas MIR y las especialidades de enfermería
  • Potenciarla, dotándola de recursos suficientes  y reorientando la formación de los Centros Docentes de Medicina Familiar a la promoción, prevención y la salud comunitaria.

Formación continuada del personal sanitario a cargo de recursos públicos. Sacar a la industria farmacéutica y tecnológica de esta actividad.

5.- Diseñar y aplicar una Política de Personal incentivadora que mejore la calidad y la eficiencia de la atención 

Poner fin a la precarización del personal: Contratos basura y e inestables. Acabar con las interinidades y la contratación temporal indefinida, que afecta al 50% de las plantillas.

Racionalizar la gestión del personal homogeneizando las situaciones laborales, dando estabilidad laboral, un acceso y trato.

Unificar en un solo Estatuto de Personal Público a todas las formas  y Categorías (funcionarios, laborales y estatutarios)

Desarrollar instrumentos de incentivación:

  • Económicos (ligados al cumplimento de objetivos de salud, rendimiento y calidad)
  • Profesionales extendiendo a todo el personal una Carrera Profesional que incentive la dedicación, la formación y el compromiso con la asistencia sanitaria pública 

6.- Reorientar el sistema sanitario a la equidad y a la mejora de la salud

Desarrollar las Áreas Sanitarias dotándolas de instrumentos de dirección y gestión participativa, que garanticen la integralidad de la atención y garanticen la  coordinación de los recursos de salud pública, atención primaria y hospitales. Control de los procesos asistenciales por la AP (justo lo contrario de lo que ocurre ahora)

Potenciar la Atención Primaria garantizar su autonomía de gestión y acabar con su sometimiento a las gerencias hospitalarias a través de las Entidades de Gestión Integrada. La responsabilidad de la gestión de los Procesos Asistenciales debería recaer en la AP que tiene una orientación integral de los mismos (y no los jefes de servicios hospitalarios que la tienen parcelar por su propia naturaleza). Incrementar su participación en el gasto sanitario del actual 15% al 25%, mediante una progresiva asunción de responsabilidades asistenciales ampliando plantillas, equipamiento y eliminando las limitaciones de acceso a los recursos diagnósticos. Redefinir las competencias y responsabilidades de cada nivel asistenciales   

Promover la elaboración conjunta (AP y servicios hospitalarios) de programas, protocolos, guías clínicas, basadas en la evidencia  científica, que unifiquen y racionalicen la practica clínica (que hacer, donde y quien), para darles un enfoque integral y garantizar la continuidad asistencial.

Recuperar la Planificación de Salud (dándole un carácter participativo incorporando a profesionales y población), para poder identificar los problemas y necesidades de salud, establecer las prioridades de intervención y definir los recursos e intervenciones necesarias para afrontarlos.

Diseñar y poner en práctica Planes y Programas de salud dirigidos a las mujeres con orientación de género para acabar con la combatir las desigualdades de salud.

Controlar las actividades de marketing de los laboratorios farmacéuticos y de las empresas fabricantes de equipamiento tecnológico, mediante las que condicionan la prescripción y el uso de los recursos diagnósticos y terapéuticos

Desarrollar instrumentos de participación social en la planificación, actividades, programas y evaluación de la actividad de los organismos de dirección del sistema, las áreas y centros sanitarios.

Potenciar los Servicios de Salud Pública y mejorar  su coordinación con el resto de niveles asistenciales en las áreas sanitarias. Sus orientaciones deberían se de obligatorio cumplimiento.

 7.- Racionalizar el sistema

Garantizar una gestión eficiente del Sistema:

  • Trasformar el Consejo Interterritorial de Salud (CIS) que integra a todos los Servicios de Salud Autonómicos. El Consejo debería transformarse en el órgano de gobierno del SNS, que garantice la coordinación de las actividades y programas, garantice la equidad mediante el reparto racional y equitativo de los recursos.
  • Consensuar un Nuevo Modelo de Financiación Sanitaria de carácter finalista y equitativo, basado en las características especificas de cada Comunidad Autónoma (población y principales necesidades de salud, detectadas en los Planes de Salud Participativos). Este Modelo debería ser aprobado mediante consenso general  y contar con Fondos de Cohesión (en los prepuestos del Estado) necesarios para garantizar la equidad. La creación de una Agencia Central de Compras permitiría la compra de medicamentos y equipamiento tecnológico beneficiándose de la economía de escala.  
  • Aprobar Planes Integrales  para Racionalizar las Listas de Espera basados en la trasparencia, con criterios basados en indicadores e la gravedad, la trascendencía de las patologías, para garantizar la equidad y la utilización racional de los recursos. Suprimir las listas de espera no estructurales que permiten a las administraciones ocultar a miles de pacientes.

Implementar una política de medicamento basada en:

  • El control de las actividades de promoción de medicamentos de los laboratorios dirigidas a facultativos prescriptores y organizaciones de pacientes.  
  • Centrales de Compras Únicas que permitan negociar a las administraciones y garantizar políticas escala en los precios
  • Programas y protocolos del uso racional de medicamentos basados en resultados científicamente comprobados que garantice la eficacia, la  efectividad y eviten el daño a los pacientes (iatrogenia).
  • Evaluación de la eficacia, riesgos y necesidad del equipamiento tecnológico antes de su generalización en los centros del sistema mediante la creación de una oficina de gestión pública vinculada al CIS y al Ministerio de Sanidad.
  • Recuperar las medidas de impulso de los genéricos por las administraciones sanitarias (frenadas en los últimos años). Pasar del 40% al 60% de la media europea en la prescripción de estos medicamentos   supondría un ahorro anual de 1.500 millones. 
  • Reconsiderar la aprobación de Novedades Terapéuticas, cada vez más costosas y que representan la segunda causa del aumento del gasto farmacéutico, y establecer preciso basados en costes reales y no en posiciones de monopolio. Únicamente el 10% de estos medicamentos son calificados como innovadores por las propias autoridades sanitarias.

Crear una Oficina Nacional de Evaluación e Investigación de Tecnología y Servicios del SNS, vinculada a Consejo Interterritorial (Servicios de Salud) que:

  • Unifique la función de evaluación de las nuevas tecnologías antes de su generalización en el sistema. Muchas de las innumerables agencias autonómicas actualmente existentes tienen problemas de calidad y racionalidad en su funcionamiento.
  • Acabe con la irracionalidad, la burocratización y politización de las decisiones, basándolas en criterios científicamente demostrados.

Creemos que todas las propuestas que hacemos son perfectamente viables en nuestro país, dado su potencial económico y social, y son necesarias para garantizar un servicio sanitario público de calidad para toda la población, que es la mejor garantía de la protección de su salud.

Como financiar estas propuestas:

No es la tarea de la federación en defensa de la sanidad pública el encontrar fuentes de financiación de las actuaciones en el sistema sanitario, pero si lo es señalar que existen muchas vías concretas para mejorar la financiación de los servicios públicos y que solo se precisa voluntad política para hacerlo. Entre otras señalamos las siguientes:

1.- Combatir el fraude fiscal: El fraude fiscal en España, según los técnicos de Hacienda (GESTHA),  asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español (el IVA dejado de ingresar en 2016 fue 18.000 millones de euros). Las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron 42.711 millones de euros en 2010 (suponen el 71% del total del fraude en España).

2.- Perseguir la corrupción en la contratación de las obras públicas: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima los sobrecostes en obras públicas en 40.000 millones. Los fraudes en los concursos suponen unas desviaciones medias en los costes del 25%.

3.- Recuperar los capitales en  paraísos fiscales: en torno a los  144.000 millones de euros, que representa un fraude fiscal de 7.400 millones.

4.- Anular la reforma fiscal de 2012, redujo los ingresos fiscales en de 12.400 (entre el 2015 y 2016)

5. Dentro del propio sistema sanitario podrían realizarse considerables ahorros racionalizando la política farmacéutica y mejorando la utilización de recursos tecnológicos.

2.- Algunas medidas:

  • Incrementar el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas que tienen un  tipo efectivo del 6,9%, frente al tipo efectivo medio del 21,3% (en los últimos años este impuesto se ha reducido un 60%).,
  • Incrementar y recuperar los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, cuyos recortes benefician  solo a las grandes capitales.
  • Incrementar la  vigilancia de grandes fortunas, que son las potenciales defraudadoras junto a las grandes empresas.
  • Incrementar la dotación de personal de la Agencia Tributaria
  • Recuperar la parte pendiente de cobrar por Hacienda de los beneficiarios de la amnistía fiscal, 2.800 millones
  • Replantear la fiscalidad medioambiental
  • Eliminar duplicidades en las administraciones
  • Incrementar el gravamen a bancos y entidades financieras del 30 al 40%  (1.160 millones de euros anuales)
  • Poner en marcha la recomendación de Gestha de acometer una reforma fiscal integral del sistema tributario español.