viernes. 29.03.2024
salud

El sistema de patentes es una pesada losa sobre la accesibilidad a los medicamentos

Como sucede habitualmente en nuestro país los problemas solo alcanzan relevancia pública cuando se produce un estallido o una situación muy llamativa y así sucede la política farmacéutica que ahora se ha puesto en cuestión con la crisis del tratamiento de la hepatitis C, y desde luego no se trata de una problemática que no haya sido abordada por múltiples actuaciones legislativas (leyes del medicamento 25/1990 y 29/2006, RDL 16/2012 y ley de reforma de la ley del medicamento 10/2013)

Para comprender los problemas de la política farmacéutica en nuestro país habría que tener en cuenta algunas cuestiones:

Primera, tenemos un gasto farmacéutico (GF) elevado y en parte escondido (los datos sobre gasto farmacéutico hospitalario permanecen ocultos y solo se conocen públicamente con muchos años de demora), si nos fijamos en las comparaciones  públicas internacionales (Health Data 2014) podemos constatar que nuestro gasto farmacéutico se situaba por encima de la media de la OCDE (en $/ habitante en poder paritario de compra) y que si en 2012, último año para el que se ofrecen datos españoles el gasto farmacéutico se hubiera igualado al promedio de la OCDE se habrían gastado 1.162,5 millones $ ppc menos. Sabemos también que el gasto farmacéutico en recetas que era uno de los impulsores del crecimiento del GF se moderó durante algunos años, pero ha vuelto a incrementarse (1,95% de crecimiento en 2014 respecto al año anterior) y que el GF hospitalario no ha dejado de crecer incluso en los años en que disminuía el GF de recetas. Ese es el primer reto que afronta el sistema sanitario, controlar el GF y homologarnos cuando menos al promedio de la OCDE.

Segunda: el perfil de prescripción también es manifiestamente mejorable, por ejemplo el consumo de antibióticos es elevado (38% lo consumieron en el último año según el Eurobarómetro 2013) lo que favorece una elevada resistencia bacteriana (nos encontramos entre los países europeos con mayor porcentaje de resistencia a los antibióticos). Se han hecho muchas intervenciones al respecto, la primera de promoción de los genéricos que ha tenido un impacto muy importante con grandes diferencias según CCAA, y otras sobre la mejora del perfil de la prescripción de resultados mucho menos evidentes y con demasiada variabilidad.

Tercera, el sistema de patentes es una pesada losa sobre la accesibilidad a los medicamentos. Generalmente las empresas farmacéuticas justifican sus monopolios por los costes de la investigación de nuevas moléculas, pero estos costes suelen estar “inflados” (un artículo del British Medical Journal en 2012 señalaba que frente a la información de la industria de que la investigación de un nuevo medicamento tenía un coste de 1.300 millones $, la realidad es que el coste promedio se situaba en 60 millones $), esta situación de monopolio explica los elevadísimos costes que pretenden poner a los nuevos medicamentos, que no se justifican ni por sus costes de producción ni por las inversiones realizadas en la investigación. Por otro lado una parte importante de las nuevas investigaciones se hacen con dinero público, pero las patentes acaban en manos privadas, un buen ejemplo de cómo la llamada “colaboración público – privada” no es sino dinero público para beneficios privados.

Cuarta, la industria es muy poco transparente y con mucha frecuencia da información manipulada (sesgada, dicho de manera elegante). Un buen ejemplo es el caso del oseltamivir (® Tamiflu) del que ante la alarma de la gripe A (H1N1) se realizaron grandes compras en casi todo el mundo y que luego se descubrió que los ensayos clínicos que presentaba la empresa que lo comercializo habían sido convenientemente “maquillados” para mejorar sus resultados, además hay muchos ejemplos de ocultación de los efectos adversos. Por otro lado y con frecuencia se presentan ensayos clínicos en que se utiliza la nueva droga frente a placebo, en lugar de compararla con los otros tratamientos eficaces ya existentes, con lo que se crea una falsa imagen de buenos resultados cuando la realidad es que prácticamente no se modifica el efecto.

Quinta, la industria farmacéutica utiliza estrategias bastante sofisticadas para mejorar sus beneficios,  algunas de ellas son: disfrazar como innovación lo que son solo cambios cosméticos, es decir pequeñas variaciones de las moléculas para patentarlas como novedades y subir los precios (esta situación y lo comentado anteriormente hacen que solo un 10-20% de los nuevos medicamentos supongan beneficios significativos para la salud); en parte por ello hay una gran inversión en “marketing”  y promoción ( por cada $ dedicado a la  investigación se dedican 19 a promoción), esta promoción tradicionalmente iba dirigida hacia los profesionales sanitarios (visitadores médicos, financiación de revistas, a veces de revistas científicas con lo que también se conseguía influirlas, regalos, corruptelas, etc) pero mas recientemente se ha hecho una gran inversión hacia las asociaciones de enfermos, y por supuesto Internet supone una gran vía para popularizar y promover los medicamentos;  otra cuestión relevante es el control de la formación por parte de la industria, lo que favorece  la sobreutilización de sus productos, así como de la investigación, enfocada hacia sus intereses y no los de la sociedad, usada para hacerse con patentes de productos que frecuentemente solo ha financiado en una pequeña parte y sometida a la opacidad y la ausencia de control de las empresas farmacéuticas de manera que frecuentemente (por ejemplo en los ensayos multicéntricos) ni siquiera los investigadores individuales pueden conocer los resultados de las investigaciones y se convierten en meros recaudadores de datos o reclutadores de participantes en la investigación (bien es cierto que recibiendo una contraprestación económica); y por fin esta la medicalización de la sociedad, convirtiendo los problemas cotidianos de la vida en enfermedades (“las enfermedades inventadas”) para las que la industria se encarga de promover medicamentos siempre costosos y no siempre inocuos, un buen ejemplo es el tratamiento hormonal sustitutorio para la menopausia.

Sexta, estos grandes beneficios se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (recientemente se ha denunciado que en España hay desabastecimiento de 170 medicamentos cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen muy bajos precios y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más que las farmacéuticas solo se preocupan por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población.

Séptima, los efectos secundarios de los medicamentos son mas frecuentes de lo que se piensa, por ejemplo en Francia mueren 18.000 personas por efectos adversos y en España el número de muertes anuales triplica la de los accidentes de tráfico, por eso todas las autoridades sanitarias advierten respecto a la sobremedicación de la población y a la necesidad de evaluar y reducir de manera estricta la utilización indebida (aquella en que los riesgos superan a los beneficios potenciales). También hay que tener presente que cuanto mas nuevo es un medicamento menos conocimiento se tiene de sus efectos secundarios (especialmente los que son infrecuentes).

Octava, los copagos establecen una barrera en el acceso que no se hace en relación con la utilidad de los medicamentos sino con el poder adquisitivo de las personas, así disuaden a los mas enfermos y a los mas pobres, reduciendo tanto la utilización inapropiada como la necesaria para el mantenimiento de la salud. Lógicamente la industria los aplaude porque así evita que las intervenciones se hagan sobre sus negocios.

La actuación sobre la política farmacéutica es necesariamente compleja, porque se trata de uno de los mayores entramados multinacionales que además tiene una fuerte concentración y funciona como un oligopolio, por lo que su influencia política y económica es muy grande, por otro lado la Agencia Europea del Medicamento (EMA) es la que tiene capacidad para la aprobación de los medicamentos que en España se reconocen de manera automática, quedando en manos de los países el establecimiento de los precios de venta al público y la financiación pública de los mismos. Con estos condicionantes las claves de la actuación deberían ser:

  • Modificar los criterios de la financiación pública y la fijación de precios, para que estos incluyan criterios que tenga en cuenta los costes reales de la investigación y producción. Existen algunos mecanismos que deben de plantearse como las subastas de medicamentos para abaratar los precios, revisiones de los precios abusivos, los precios por equivalentes terapéuticos, los contratos de riesgos compartidos e incluso la denuncia de las patentes cuando las empresas quieran imponer precios abusivos e irracionales valiéndose de su situación de monopolio.
  • Garantizar el abastecimiento de los medicamentos eficaces, evitando los que se producen por intereses económicos de las empresas farmacéuticas, para ello es importante contar con una empresa pública farmacéutica que pueda asegurar la fabricación de los medicamentos necesarios.
  • Fomentar el uso racional del medicamento para lo que es precisa la creación de agencias de evaluación y una muy activa política sobre los prescriptores de formación y evaluación independiente de la industria, de utilización de la medicina basada en la evidencia y de prevención del uso inapropiado de los mismos.
  •  Complementario a lo anterior es el control  estricto del marketing y la información realizada por la industria y su financiación de eventos “científicos”.
  • Desarrollar la investigación pública tanto para orientarla hacia los principales problemas de salud como para  desarrollar patentes públicas que permitan escapar de la asfixia económica de las patentes privadas.
  • Eliminar los copagos del RDL 16/2012 para acabar con las barreras económicas para el acceso de medicamentos necesarios.

Algunas de estas medidas son fáciles de implementar y otras tienen una eficacia más a medio plazo, pero lo que es evidente es que hay que plantarle cara a la industria farmacéutica y anteponer el derecho a la salud a los desproporcionados beneficios empresariales.


Marciano Sánchez Bayle

Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Por una política farmacéutica al servicio de la salud