La Comunidad de Madrid, junto con la Comunidad Valenciana, han sido abanderadas, líderes de esta ideología neoliberal que promueve la venta de los bienes públicos
La salud de los ciudadanos de un país y su protección es un derecho recogido en la Constitución. La organización sanitaria del Estado o la Autonómica, es un estructura muy extensa, multifuncional y compleja, quizás la de mayor complejidad, por el número de personas a las que da servicio, por la diversidad y variabilidad de sus prestaciones, por sus diferentes ámbitos de atención, por el número de personas que emplea y sobre todo, por la fragilidad y vulnerabilidad de las personas a las que atiende y cuida.
La asistencia sanitaria universal, las pensiones y atención a la dependencia, constituyen los pilares principales del estado del bienestar en los países occidentales. Su sostenibilidad financiera es motivo de debates y reformas en los últimos 15 años, reformas que han optado en varios países por la privatización de muchas de las prestaciones que con anterioridad eran públicas.
En nuestro país este debate viene de lejos, - el Informe Abril en 1991- ya ponía en cuestión la eficiencia del SNS tanto, por el aumento de la demanda de la población, como por su envejecimiento, - en un horizonte de recursos limitados- que lo haría viable en el tiempo; y así recomendaba que la atención sanitaria no fuera controlada por el estado, entre otras propuestas.
La aprobación de la Ley 15/1997, durante el gobierno del PP, abre la puerta a métodos de gestión que permiten la oportunidad para el negocio sanitario. Este modelo se había iniciado en 1979 en el Reino Unido, durante los gobiernos de Margaret Thatcher. (Un documental reciente, “El espíritu del 45”, realizado por Ken Loach, da cuenta de la construcción de su servicio socio-sanitario- el HNS-, y sus protagonistas octogenarios, van recordando los logros alcanzados, y cómo la victoria conservadora de los años 80, cercena la mayoría de las conquistas, provocando un retroceso impensable). Un espejo donde mirarnos.
El debate, la controversia sobre nuestro SNS, se ha mantenido en el tiempo, con mayor o menor repercusión social y mediática, dependiendo de los intereses políticos, económicos, sociales o profesionales. La forma de abordar la actual crisis financiera, por los gobiernos con políticas neoliberales, ha acentuado dicho cuestionamiento que se ha hecho extensivo a todos los servicios públicos.
La hegemonía de las políticas conservadoras y reformistas ha ganado alternativamente en las urnas en la última década, lo que ha propiciado y justificado la política de recortes y privatizaciones que se han ido sucediendo en estos cuatro años, aunque con intensidades y prioridades diversas, según ideologías y territorios.
Voces autorizadas, avaladas por diversos estudios han rebatido y desvelado los tramposos argumentos, las medias verdades, y las falsedades de algunos representantes políticos cuando en el Parlamento, en los medios de comunicación u otros foros, se expresan sobre esta cuestión. Y además, los ciudadanos y los trabajadores públicos, sean o no funcionarios –tan denostados estos- se han revelado y rebatido en la calle, en las aulas, en los centros sanitarios, las políticas conservadoras que han hecho de lo común, de lo público, una oportunidad de negocio.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) desde su creación en el año 1986 con la promulgación de la Ley General de Sanidad, se fue haciendo camino en todo el estado, arropado por leyes y estatutos, que garantizaban las trasferencias sanitarias a todas la CCAA, con ritmos temporales diversos, como todos conocemos. La piedra angular y constitutiva del estado del bienestar se hacía realidad tras años de reivindicaciones sociales y profesionales, sostenida por un amplio consenso político. Su desarrollo y evolución en cada territorio ha sido diversa y es causa, aún hoy, de algunas desavenencias entre comunidades. No es el propósito de estas líneas profundizar en esta cuestión, dado que hay análisis específicos y extensos sobre la misma. Sí nos gustaría señalar, que tanto las reformas estructurales, como las producidas sobre prestaciones sanitarias, bien por el Ministerio de Sanidad, o por los Gobiernos Autonómicos, derivaban y se fundamentaban en el modelo de política sanitaria que cada partido de gobierno tenía.
Durante 30 años, la universalización de la atención sanitaria, la equidad y el carácter público de los servicios han sido las características referenciales de este modelo, desarrollado ya en otros países de Europa, tras la 2ª guerra mundial. Muchos son los beneficios que los ciudadanos hemos obtenido desde su implantación, y en las encuestas, año tras año, ha quedado reflejada nuestra satisfacción, aunque no exenta de críticas y propuestas para mejorar el sistema, impulsadas por amplios sectores profesionales, ciudadanos, desde los sindicatos o los políticos.
Ya señalábamos que la cohesión y perdurabilidad del SNS está en tela de juicio. A la controversia y debates sobre sus fundamentos, sobre las diferencias sociodemográficas de las distintas comunidades, sobre su sostenibilidad económica, se han sucedido los debates ideológicos sobre derechos y prestaciones. Se han aprobado leyes que ponían en solfa estos principios y derechos, como: la interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción sexual reproductiva o los cuidados paliativos, entre otros y, a pesar de ello, el sistema ha aguantado aunque se ha debilitado. A los embates ideológicos se han sucedido los de financiación, los de los pacientes trasformados en consumidores, todo ello unido a los intereses de diferentes sectores, -farmacéuticas, organizaciones profesionales, las aseguradoras del sector- y otros actores menos visibles, que han ido tensando la cuerda de la solidaridad entre generaciones y territorios, entre sanos y enfermos, entre profesionales.
La sanidad de un país y su SNS, -al igual que la educación-, no puede ser una empresa económicamente rentable, pero sí socialmente viable. La diversidad de sus presentaciones de naturaleza tan distinta y en ámbitos geográficos tan diferentes, incide en que determinados dispositivos sanitarios, -los ubicados en las zonas rurales o mal comunicadas-, resulten poco “eficientes” desde la perspectiva economicista. Y aunque todos, según la Constitución, somos iguales, vemos como en algunas CCAA se proponen cerrar dispositivos sanitarios, en aras de esa eficiencia económica, una irresponsabilidad manifiestas.
Hoy, atónitos, temerosos, e indignados asistimos a los recortes, a la mutilación de derechos, a la exclusión de la asistencia de los inmigrantes sin papeles, de los jóvenes mayores de 26 años sin empleo, a que la salud reproductiva libre de las mujeres la decidan otros, al repago de los medicamentos incluyendo los de dispensación hospitalaria, al pago de la tarjeta sanitaria, entre otros antiguos derechos. Y además, presenciamos como se va gestando el proceso de privatización de la asistencia sanitaria, tanto de la Atención Primaria, como de la especializada y la hospitalaria. Esta conculcación de derechos, estas podas en las prestaciones sanitarias no han sido homogéneas en todas las autonomías y varias se han opuesto a la aplicación de algunos decretos ministeriales, incluso en aquellas donde gobierna el PP, propulsoras de este modelo.
Es además, muy preocupante observar, como señala Josep Fontana, en su libro “El futuro es un país extraño” que la crisis financiera obedece a un proyecto social que ha empezado privatizando la política y aspira a privatizar el estado.
La Comunidad de Madrid, junto con la Comunidad Valenciana, han sido abanderadas, líderes de esta ideología neoliberal que promueve la venta de los bienes públicos, que en depósito por un tiempo, los ciudadanos con su voto confirieron a sus representantes políticos, y que ahora dilapidan sin sonrojo, sin trasparencia, de forma insensata e irresponsable para así favorecer intereses mercantiles, y en ocasiones espurios, donde los intereses personales parecen haber primado sobre el interés público.
En la CAM estos hechos, que se ha venido gestando desde hace varios años, han provocado un gran rechazo entre los trabajadores sanitarios, y la ciudadanía, provocando una amplísima movilización social, de la que han ido dando cuenta los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.
Era Presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, corría el año 2000, y prometía en aquellas elecciones, la construcción de 7 hospitales en esa legislatura y con financiación público-privada.
Durante estos años, se ha preparado el terreno, fertilizándolo con la desacreditación de los sindicatos del sector y de los trabajadores, con acusaciones falsas, graves (caso Leganés, por ejemplo), y se ha puesto en cuestión la eficiencia del sistema público y la satisfacción de los ciudadanos. Se han realizado cambios legislativos y organizativos, como por ejemplo, la supresión de las 11 áreas sanitarias que conformaban el mapa sanitario de la comunidad, y la creación de un área sanitaria única que englobaba a toda la CAM: un disparate organizativo, necesario para que el negocio sanitario fuera más atractivo, viable y así facilitar la derivación de pacientes de la sanidad pública a la privada, con el gancho de la libre elección.
Abonado el terreno, en el 2012, se aprueba el “Plan de sostenibilidad”, elaborado por el Gobierno de la CAM y se da luz verde la privatización de 6 hospitales y de 27 centros de salud.
La opacidad informativa, la ausencia de documentos y programas que fundamenten de forma rigurosa, contrastada, tal decisión, ha sido el modus operandi de los sucesivos gobiernos del PP, con sus respectivos consejeros de sanidad: Lamela, Güemes y Lasquetty, que alardeando de su mayoría absoluta en las urnas, se sienten legitimados para vender el patrimonio sanitario. Al sucesor y heredero, Sr. Ignacio González, le ha tocado ir cerrando el negocio, que como en Eurovegas, creía ultimado. Si bien, la ciudadanía, los trabajadores, sindicatos de clase y profesionales, asociaciones científicas, etc., han dicho basta: NUESTRA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE.
Un año de movilizaciones en la calle, en los centros, unidos todos en la gran marea blanca, que ha inundado Madrid de entusiasmo social y de lucha reivindicativa, de un sector poco proclive a salir de sus centros. Y en estos últimos meses, los jueces nos dan la razón, y paralizan el proceso de privatización por irregularidades manifiestas y además llama a declarar a los 2 exconsejeros de sanidad, artífices de este despropósito. Una victoria parcial, pero importante, un reconocimiento que estimula y favorece el seguir manteniendo la presión hasta conseguir los objetivos irrenunciables. Nada, nunca, se ha conseguido sin lucha.
Esther Nieto Blanco | Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
