viernes. 29.03.2024

En la Ley anunciada la interrupción voluntaria del embarazo admite que se lleve a efecto, pero impone tantas trabas a la mujer que toma esta decisión que va a hacer muy difícil ejercer este derecho, llegando al límite de que para poder llevarlo a cabo, debe ser declarada enferma, aunque no lo esté, y la sociedad tampoco considere enfermas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

Si nadie lo remedia vamos a asistir en nuestro país a la privación de derechos fundamentales. Actualmente la interrupción voluntaria del embarazo es legal y, por lo tanto, la mujer tiene derecho a decidir sobre la misma. Si se aprueba esta Ley, la mujer perderá este derecho hasta el punto de no ser considerada capaz de tomar esa determinación y se criminalizarán conductas actualmente legales, y al propio tiempo se despenalizarán determinados supuestos, lo que no es coherente jurídicamente, ya que las conductas criminales se despenalizan cuando las mismas están incluidas en el Código Penal y existen causas extraordinarias de política criminal que lo aconsejan, pero en este caso, partimos de una conducta legal, cuya criminalización es rechazada socialmente y con esta reforma la legalidad del derecho no se mantiene.

Además, cuando las mujeres opten por no mantener su embarazo, su decisión será sometida a diversos periplos, que culminarán con que dos médicos expertos la declaren enferma y fijen si tiene derecho o no a decidir sobre si ser madre, cuándo serlo y cuál es el momento más adecuado para ello.

Si a una mujer embarazada se le priva de un derecho fundamental, como es la capacidad de decisión, ¿no se le está privando de su condición de persona?, ¿no se le está privando de la libertad de planificar su propia vida en torno a la maternidad, si previamente no obtiene el permiso de unos médicos que tienen que declararla enferma?

Esta Ley admite la interrupción voluntaria del embarazo, pero impide tomar esa decisión a la mujer embarazada, se la deniega un derecho que hasta ahora tenía, tratándola de enferma. Sin embargo, se considera que son otras personas las que sí pueden adoptar la medida por ella. Me pregunto cómo es posible que se permita a una persona ajena a la propia mujer embarazada tomar una determinación que afecta decisivamente a su vida, cuando es ella la que de verdad conoce sus capacidades, sus circunstancias, sus fuerzas y sus limitaciones a la hora de afrontar algo tan importante como es la maternidad. 

Las mujeres hemos ido conquistando derechos, derechos que hace unas décadas no hubiéramos podido soñar. Estamos mucho más presentes en puestos de relevancia social económica y política y debemos de ser capaces, desde donde estemos, de hacer comprender que no tenemos ningún menoscabo de nuestra salud psíquica para tomar una decisión que compromete nuestras vidas, que somos capaces por nosotras mismas de meditar y determinar sobre algo tan importante en la vida de cualquier mujer, como es la maternidad y  que esta decisión sólo corresponde a la propia mujer. Hay que hacer entender que no hay necesidad de traspasar esa decisión a otros para que diagnostiquen que estamos enfermas, en un asunto de tal transcendencia.

Las mujeres somos capaces de decidir sobre nuestros propios actos y un derecho fundamental básico es el derecho a decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para tomar dicha determinación. Este derecho incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que se afrontan en la vida, considerando que pertenece al ámbito de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero tienen la obligación de establecer las condiciones para que éstas se adopten de forma libre y responsable y ello implica no tratar a las mujeres como enfermas.

Actualmente la mujer, que se somete a una interrupción voluntaria de su embarazo, tiene garantizado el respeto a todos sus derechos y a poder adoptar dicha decisión de forma libre y meditada, con unas pautas y límites concretos. En ningún caso se fomenta la realización del mismo. Se garantiza como un derecho en el marco de la autodeterminación de las mujeres.

Todos deseamos que el Estado aplique las medidas de prevención, difusión e información en materia de educación sexual, de forma eficaz, para lograr reducir el número de embarazos no deseados. Esto conllevará,  la disminución de la cifra de abortos en España, objetivo que debería inspirar la política de nuestros gobernantes, además se garantizará que  el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se realice, en unas condiciones que no ofrezcan riesgo para la vida o integridad física de las mujeres.

Una mujer tiene que tener capacidad para forjar su propio destino conforme a sus imperativos éticos y  al lugar que desea mantener en la sociedad y por ello, la decisión de interrumpir o mantener su embarazo es una decisión que compete exclusivamente a la mujer, por ello, desde  allí donde estemos, debemos conseguir que se nos oiga y si es preciso gritar que las mujeres somos capaces de tomar una decisión y no somos enfermas.


Por Angela Alemany Rojo | Abogada | Expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis

La mujer no está enferma cuando toma una decisión