viernes 06.12.2019
DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Las medidas sanitarias de Ciudadanos ¿regeneración o negocio?

Las medidas sanitarias que Ciudadanos ha impuesto al PSOE en Andalucía pueden condicionar la gestión del Sistema Andaluz de Salud.

Medidas sanitarias de C's ¿regeneración o negocio?

Las medidas sanitarias que Ciudadanos ha impuesto al PSOE en Andalucía pueden condicionar la gestión del Sistema Andaluz de Salud (SAS) y suponer un incremento importante del gasto público por lo tanto, el equipo de Susana Díaz debería haber contactado con los profesionales del Sistema y con la agencia de evaluación de tecnologías de Andalucía antes de su aceptación, además de disponer de memoria económica y de estudios con suficiente base científica que apoyen que son estas medidas y no otras, más factibles y menos costosas, las que mejorarán la salud de la población andaluza y la sostenibilidad futura de su Sistema Sanitario. Sin embargo, existen enormes dudas al respecto:

1. Contratación de entre 400 y 500 profesionales sanitarios para reforzar prioritariamente los servicios de urgencia: Los servicios de Urgencias se encuentran actualmente desbordados, debido a las listas de espera por los recortes, a la gestión actual centrada en pruebas y tecnologías, y por tratarse de la única alternativa para las personas a las que se ha anulado su cartilla sanitaria. Los profesionales no “dan a basto” y necesitan refuerzos. Sin embargo, hipertrofiar aún más la atención en urgencias sin resolver los problemas que favorecen esta alta frecuentación incrementará el coste y la “americanización de la atención”, con la utilización de los servicios de urgencia para resolver problemas no urgentes y como la principal puerta de entrada al Sistema, como ocurre en EEUU, a causa de la exclusión sanitaria de millones de personas y al subdesarrollo de la atención primaria.

2. Pactar plazos máximos para cirugía cardiaca y reproducción asistida es adecuado, siempre que sirva para mejorar estos servicios en la sanidad pública y no se utilice como criterio “imposible de cumplir” para justificar la derivación a la sanidad privada, muy interesada en estas patologías.

3. Aprobar un Plan específico de retorno del talento investigador en el ámbito biosanitario parece una petición sensata, siempre que se acompañe de la desprivatización de la gestión de la investigación, o solo servirá para derivar aún más dinero público hacia la industria privada, que prioriza la fabricación de patentes sobre las necesidades sanitarias de los ciudadanos. Actualmente, los Institutos públicos de investigación biomédica de Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba, que gestionan los biobancos y los ensayos clínicos para experimentar con nuevos fármacos en la población andaluza, son socios de la Asociación Española de Bioempresas Asebio, donde comparten mesa e intereses con las multinacionales farmacéuticas, las grandes empresas biotecnológicas, varias universidades públicas y privadas, como la universidad de Navarra del Opus Dei y los fondos de Capital Riesgo.

4. Hacer extensivo el Cribado de Cáncer Colorrectal (CCR) a toda Andalucía: Debería valorarse si realizar el cribado de CCR a toda la población asintomático de entre 50 y74 años es una prioridad en unos momentos con fuertes recortes en necesidades sanitarias básicas de personas realmente enfermas y dependientes, sobre todo considerando las incertidumbres existentes sobre este y otros cribados, que se están cuestionando seriamente en países de nuestro entorno, como el de cáncer de mama o próstata, por los graves perjuicios ocasionadas de forma innecesaria a una proporción no despreciable de las personas estudiadas.

5. Implantar los tratamientos biológicos de células madre: Sorprende su inclusión en las medidas prioritarias de ciudadanos, ya que la bibliografía actual indica que todo uso de células madre que no sea el trasplante de medula ósea (ya implantado en el SAS) es experimental.

6. Programas para la detección precoz de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer (EA): Hoy por hoy la EA es una enfermedad de diagnóstico difícil. Incluso en las etapas tardías, con demencia declarada, un porcentaje de pacientes (hasta cuatro de cada diez) se diagnostican de forma errónea. Los programas para detectar la EA años antes de que se manifieste clínicamente no están avalados por una evidencia científica suficiente, teniendo además en cuenta que realizar un diagnóstico de sospecha de una enfermedad grave y alarmante, sin disponer de un tratamiento eficaz, roza el ensañamiento clínico. Por otra parte, si lo que se pretende es la realización de un ensayo clínico pagado con fondos públicos, con el fin de probar nuevas terapias en la población andaluza, esta deberá disponer de todos los consentimientos informados, requisitos y aval ético, aunque de entrada parezca difícil comprobar la eficacia de un tratamiento en pacientes sin síntomas, con un diagnóstico de EA más que incierto.

Centrar la atención sanitaria en la población sana puede parecer una estrategia para incrementar la salud de la población. Sin embargo, es la industria la principal beneficiaria de la alarma sanitaria y del miedo a la enfermedad, impulsando costosas actuaciones no siempre necesarias y en ocasiones perjudiciales, de las que es difícil “escaparse”. Por el contrario, es clamoroso el silencio de Ciudadanos sobre la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria de parte de la población, sobre los recortes y copagos que dificultan el acceso a las personas más enfermas, o sobre el ninguneo de los profesionales de la Atención Primaria de Salud y de sus programas comunitarios, frente al poderío tecnológico.

Las medidas sanitarias que Ciudadanos ha impuesto y el gobierno andaluz ha aceptado, sin negociación profesional ni debate previos, no disponen de evidencia científica suficiente y deberán reevaluarse, ya que pueden condicionar seriamente la asistencia a la población y la sostenibilidad futura del SAS.

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