La junta directiva de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha rechazado que se establezca un pago por el mal uso de los servicios sanitarios al entender que esta medida es contraria a la "equidad" y afecta a grupos desfavorecidos.
Ha rechazado la posibilidad de implantar un copago por ir al médico pero ha planteado un cobro por mala praxis como ir a Urgencias en lugar de al centro de salud o no ir a recoger pruebas diagnósticas
SEMES ha respondido de esta forma a la propuesta del presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, quien ha rechazado la posibilidad de implantar un copago por ir al médico pero ha planteado un cobro por mala praxis como ir a Urgencias en lugar de al centro de salud o no ir a recoger pruebas diagnósticas.
Según SEMES, existe "una abrumadora evidencia científica" de que los pacientes que recurren a las urgencias "son buenos usuarios de estos servicios". Se trataría, según datos oficiales, de casi el 50 por ciento de la población que anualmente hace uso de estos servicios, siendo entre un 15 y un 20 por ciento personas que van "varias veces año, normalmente mayores con varias enfermedades crónicas y con reagudizaciones".
Este organismo ha recordado que casi dos tercios del año muchas zonas geográficas sólo cuentan con los servicios de urgencias y de emergencias como único dispositivo sanitario.
"Si se hace algo así", ha propuesto SEMES sobre el 'copago' por el mal uso de las urgencias, "sugerimos que cambien algunos artículos del Código Penal, porque la situación en España no es equivalente a lo que ocurre en otros países en donde sí existe copago".
SEMES ha sostenido que los médicos de urgencias no están "para juzgar" sino para "atender", sin que esto signifique hacer una "llamada indiscriminada" al uso de este tipo de servicios. "Hora es ya de que entendamos que un sistema sanitario debe estar al servicio de las tendencias sociales, y no al revés", han defendido, en alusión al aumento de patologías crónicas y el aumento de la prestación a personas de mayor edad.
"Cuando una persona acude a las tres de la mañana a un servicio de urgencias es porque tiene un problema, y nuestro trabajo es darle una respuesta proporcionada", han asegurado.
Tras abogar por una mayor educación sanitaria, SEMES sostiene que el paciente no es un experto en materia médica y defiende la definición que hace la OMS del servicio de urgencias, "aquello que el paciente o su entorno próximo considera susceptible de atención inmediata", sabiendo que "no es nada raro ver que problemas que parecían leves, luego no lo eran".
LA FADSP DICE QUE LA MEDIDA ES “INJUSTA”
La medida, “además de injusta está destinada a culpabilizar a los ciudadanos enfermos de los problemas económicos de la sanidad pública"
Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública asegura que la medida, “además de injusta está destinada a culpabilizar a los ciudadanos enfermos de los problemas económicos de la sanidad pública, como si el mal uso de los recursos sanitarios por la población fuera el responsable de los recortes que el PP está haciendo en el sistema sanitario público”.
En un comunicado, esta asociación considera que “los auténticos culpables de los problemas económicos del sistema público tienen que ver con los recortes presupuestarios, el uso intensivo e inadecuado de las tecnologías, el derroche en aparataje tecnológico (estamos a la cabeza de Europa), el enorme gasto farmacéutico que sigue creciendo pese al copago, o la financiación privada de los nuevos hospitales que multiplica por siete sus costes y que luego se regalan a empresas multinacionales y fondos de capital riesgo. En ninguna de estas cuestiones los pacientes tienen responsabilidad alguna”.
Además, la FADSP recuerda que determinar la ineducación o el uso abusivo de los servicios por los pacientes es en muchos casos difícil de determinar (incluso para los profesionales) y en algunos casos es sencillamente imposible. “Esta medida puede condicionar enfrentamientos de los ciudadanos con los trabajadores sanitarios que evaluarían la adecuación y pondrían en peligro la salud e incluso la vida de los paciente que ante el temor de tener que pagar retrasarán acudir a urgencias o a las consultas para casos cuyo retraso puede poner en riesgo la vida”, asegura.
Tanto la Organización Médica Colegial como el autodenominado Foro de la profesión presididas por el Dr. Sendín “no son representativos de los médicos de este país”, dada la colegiación obligatoria y el bajo nivel de participación en las elecciones o la limitación de organizaciones que las integran, que “parecen interesadas en dar un apoyo a una ministra absolutamente aislada y rechazada por la mayoría de los sanitarios, muy castigados por los recortes”.
La asociación para la defensa de la Sanidad Pública también advierte de que la aprobación, por parte del Gobierno, de un decreto que destina fondos económicos para el denominado Foro de la Profesión, “puede dar algunas pistas sobre estos posicionamientos”.
