lunes 26.08.2019
OCASIONADAS EN LOS SUPUESTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

El Gobierno sitúa bajo sospecha a trabajadores y facultativos en las bajas por incapacidad temporal

El art. 10 del nuevo Real Decreto del Gobierno, sin precedentes en el ordenamiento jurídico establece que primero se sancione al trabajador y luego se compruebe si esa sanción está justificada o no.

 El Gobierno sitúa bajo sospecha a trabajadores y facultativos en las bajas

La propuesta del Gobierno para modificar la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal supone trasladar de facto una competencia de la Administración Pública, como es el alta médica, a las Mutuas de Accidentes y Enfermedades profesionales dependientes de las empresas. Esta propuesta supone un nuevo recorte en los derechos sociales y dificulta la protección de los trabajadores en las situaciones de incapacidad temporal y su recuperación.

UGT exige la retirada de ambos artículos porque van en contra de los trabajadores, priorizando el ahorro económico sobre la recuperación de la salud del trabajador

UGT ha hecho llegar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social sus alegaciones a este Proyecto de Real Decreto, que presume de conseguir el ahorro de trámites y cargas burocráticas, pero que en realidad persigue establecer más control sobre los trabajadores y los facultativos de los Servicios de Salud, tratando a los primeros como presuntos defraudadores y a los segundos como unos incompetentes.

El Proyecto de RD articula dos procedimientos. Uno que se recoge en el art. 10, sin precedentes en el ordenamiento jurídico, que establece que primero se sancione al trabajador y luego se compruebe si esa sanción está justificada o no. Es decir, se suspende cautelarmente la prestación económica por incapacidad temporal cuando el trabajador no comparece a los reconocimientos médicos, sin darle oportunidad de justificar dicha incomparecencia, vulnerando de esta manera, la presunción de inocencia.

Por otra parte, en el artículo 7, se regula un procedimiento mediante el cual las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales van a poder dar “altas presuntas” a los trabajadores, en contra del criterio de los facultativos de los Servicios Públicos de Salud, responsables de la recuperación de la salud de los trabajadores, a los cuales se les ignora en este procedimiento. Un alta que se puede realizar sin la pronunciación expresa de estos facultativos y de los Servicios de Inspección de los Servicios Públicos de Salud y del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Por último, se pretende permitir el acceso a la totalidad de la historia clínica, de manera innecesaria, a instancias ajenas a la atención sanitaria de los trabajadores, a pesar de que este mismo proyecto de Real Decreto articula instrumentos e informes complementarios, que recogen de manera adecuada y suficiente la información necesaria para el control de la prestación económica. Lo que redunda en la desconfianza de la Administración en los profesionales de la Sanidad Pública.

Comentarios