Miércoles 19.06.2019
TRIBUNA SANITARIA

¿Cómo garantizar la accesibilidad de nuestro sistema sanitario público?

Por Marciano Sánchez Bayle | Garantizar la accesibilidad de la población es la clave del funcionamiento de la Sanidad Pública.

La accesibilidad es la garantía de la equidad y la base del funcionamiento del sistema sanitario público

Para que exista una Sanidad Pública de calidad hay que garantizar la accesibilidad de la población a sus prestaciones. Hablar de accesibilidad significa que esta sea universal (que cubra a toda la población), geográfica (que los recursos necesarios estén disponibles cerca de la población que los necesita), de prestaciones (el sistema debe garantizar la atención necesaria para cado caso que tiene una eficacia científica comprobada), gratuidad en el momento del uso (que no existan barreras económicas para acceder a las prestaciones del sistema) y una respuesta adecuada en el tiempo (de nada vale tener acceso teórico a las prestaciones si hay unas demoras o listas de espera para la atención tan prolongadas que la convierten en un espejismo).

La inexistencia de barreras de cualquier tipo en la utilización del sistema sanitario garantiza que las personas reciban la atención que precisan, en cantidad y en calidad, en el momento óptimo. La presencia de estas barreras, aparte de problemas de equidad, genera problemas sanitarios (muchas personas no pueden recibir la atención que precisan) e incluso económicos (ya que resulta mucho mas costoso atender los problemas de salud cuando ya están mas evolucionados y a veces el establecimiento de barreras de acceso en un determinado servicio provoca la mayor utilización de otros, habitualmente mas costosos).

Por supuesto esta accesibilidad tiene unas limitaciones, digamos que razonables, no es posible, ni seria eficaz ni eficiente, tener un servicio de cirugía cardiovascular  o de neurocirugía en cada esquina, y por lo tanto es lógico que algunas personas que viven en núcleos con poca población y mal comunicados tengan algunos servicios muy especializados menos cercanos a su lugar de residencia, pero no lo es que no se les asegure una atención primaria cercana y medios de transporte especiales para casos de urgencia.

Dicho esto, nuestro sistema sanitario público se caracterizaba por una elevada accesibilidad, tenia una cobertura universal, en lo geográfico una amplia red extendida por todo el territorio, especialmente de Atención Primaria, pero también de hospitales (muy ampliada en los años 90 del siglo pasado), en lo económico porque no existían copagos (salvo para los trabajadores en activo en la prestación farmacéutica) y la cartera de servicios era muy amplia, y solo tenia el problema de las listas de espera en muchos casos excesivas.

¿Cómo cambio esta situación? Los recortes y el RDL 16/2012 excluyeron a grupos de población, produjeron el cierre de puntos de atención continuada, especialmente en el área rural (Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura) y de servicios, plantas, quirófanos y horario de atención (prácticamente en todo el país pero especialmente en Cataluña donde hay varios casos denunciados de muertes presumiblemente resultado del cierre de servicios y/o limitaciones de horarios). Además el RDL 16/2012 estableció mecanismos para sacar prestaciones de la cartera de servicios (hasta hora realmente pocas y con un fuerte sesgo ideológico: la fecundación in vitro para mujeres solas y parejas homosexuales), y sobre todo puso en marcha una gran variedad de copagos: el farmacéutico para los pensionistas y la farmacia hospitalaria, a mas de un incremento para los activos, y copagos nuevos sobre transporte sanitario no urgente, dietas, órtesis y prótesis. De resultas de ellos se ha producido una dificultad de la ciudadanía para acceder a la prestación farmacéutica, y las encuestas han evidenciado que existe un grupo de población significativo que no retira los medicamentos prescritos (el 14,76% del total que se eleva al 20,39% de los pensionistas y el 25,92% de los parados), con los efectos negativos que ello tendrá sobre su salud. Por fin, los recortes incidieron de una manera muy negativa sobre el funcionamiento de los servicios  sanitarios y las listas de espera se dispararon a todos los niveles  (cirugía, consultas externas, pruebas diagnósticas y atención primaria) con resultados desastrosos cada vez que se produce un pico en la demanda, como durante la temporada de gripe este invierno.

La accesibilidad es la garantía de la equidad y la base del funcionamiento del sistema sanitario público, porque las barreras en el acceso, siempre penalizan a los mismos grupos de población, a los que tienen menos recursos y a los más enfermos, pero también a las personas que viven en el área rural, a las dependientes, a las mujeres mayores de 65 años y a la infancia, que tienen una situación de social y de salud mas vulnerable.  Un calculo aproximado estima que si se hubieran aplicado las medidas previstas en el RDL 16/2012 en cuanto a los copagos un total de 6 millones de personas no tendrían acceso a prestaciones sanitarias que necesitan.

Los resultados de esta situación no los conocemos porque las distintas administraciones sanitarias no han tenido ningún interés en hacer un seguimiento y análisis de los mismos, pero lo razonable es pensar que ha habido un deterioro en la salud de muchas personas y que además de han incrementado notablemente las desigualdades.

¿Cómo garantizar la accesibilidad de nuestro sistema sanitario público? Habría que avanzar en algunos aspectos claves:

Primero, habría que hacer es derogar el RDL 16/2012 para acabar con las exclusiones y todos los copagos, no solo los farmacéuticos para las recetas, y esto es importante porque conviene recordar que aunque muchos de ellos no se han hecho efectivos (farmacia hospitalaria, trasporte, dietas, órtesis y prótesis) siguen estando vigentes.

Segundo, acabar con los recortes económicos que son la fuente de donde provienen los cierres de centros, puntos de atención continuada, cierres de plantas y servicios, etc.

Tercero, el compromiso del acceso de la población a todos los medios diagnósticos y de tratamiento que han sido validados científicamente, para lo que es conveniente una Agencia Pública de Evaluación de Calidad de la Atención Sanitaria, que mantenga actualizada la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Cuarto, potenciar la Atención Primaria que es la base de una buena atención sanitaria a toda la población, y que con  personal y medios  suficientes puede solucionar el 80% de los problemas de salud de la ciudadanía.

Quinto, asegurar unos tiempos de demora adecuados, estableciendo limites máximos de demoras en la atención sanitaria: 48 hs en atención primaria, 15 días en consultas de especialista y demoras quirúrgicas máximas de acuerdo con la gravedad de las patologías, para lo que se deben de arbitrar los recursos públicos necesarios (hay que tener cuidado con el establecimiento de tiempos máximos de demora, porque en mas de un caso se ha utilizado para potenciar la  derivación a los centros privados y la privatización).

Y por fin, realizar un diagnostico y un Plan de Salud que permita identificar los problemas y las necesidades de salud de la población y dotar a la Sanidad Pública de los recursos adecuados para responder a e estas necesidades de salud.

Son medidas, unas que pueden adoptarse de manera inmediata, otras mas complejas y más a medio plazo, pero en las que habría que avanzar de manera decidida porque la accesibilidad es un punto central de la Sanidad Pública, ya que al fin y al cabo un derecho si no puede ejercerse en la práctica se acaba convirtiendo en un eslogan vacío de contenido.


Por Marciano Sánchez Bayle

Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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