En un texto, ya clásico, del profesor Joan Benach éste afirmaba rotundo que “son las clases sociales más desfavorecidas las que mueren antes, enferman más, y tienen con mayor frecuencia hábitos perjudiciales para la salud y peor calidad de vida”. Las desigualdades en salud son uno de los mejores indicadores para valorar los logros sociales de un país. Este experto lo tiene muy claro: la desigualdad perjudica seriamente la salud. En un artículo más reciente defiende que “sin salud no hay libertad y sin libertad no hay salud”.
Este mismo autor, junto con Montse Vergara y Carles Muntaner, publicaron en 2008 un excelente trabajo en el que afirman que la desigualdad en salud es la mayor epidemia del siglo XXI, la principal “enfermedad” que asola nuestro planeta. La globalización capitalista “ha ensanchado las desigualdades sociales y de salud hasta extremos jamás conocidos en la historia”. En este tiempo de inmoralidad y barbarie (donde domina la codicia y se idolatra el dinero) la pobreza y las desigualdades son inmensas, escandalosas. Es evidente que la pobreza afecta a nuestra vida y a nuestra salud: “los pobres enferman en mayor proporción y mueren antes que los ricos”. En Uganda, 200 de cada 1.000 niños nacidos en los hogares pobres mueren antes de cumplir los cinco años, mientras que en los países ricos sólo mueren siete de cada 1.000. Pero también “las áreas más pobres de la ciudad de Glasgow tienen una esperanza de vida 28 años menor que las zonas más ricas de la ciudad”.
Hay más bibliografía que avala la relación entre desigualdad y salud. Los economistas y epidemiólogos británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett demostraron en su libro "Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva" (2009) que existe una clara relación entre la desigualdad en países de renta alta y la incidencia de problemas sociales y de salud (disminución de esperanza de vida, aumento de la mortalidad infantil, aumento de obesidad y de la patología cardiovascular, incremento de patología mental y consumo drogas, aumento de la violencia, mayor porcentaje de suicidios, etc.). El libro "Por qué la austeridad mata, El coste humano de las políticas de recorte" (2013) de Stuckler y Basu, incide en las mismas claves: la recesión global y el incremento de la desigualdad afectan claramente al bienestar físico y mental de los ciudadanos.
Las desigualdades sociales han crecido de manera espectacular, a ambos lados del Atlántico Norte, en las últimas décadas, con la aplicación de las políticas ultraliberales iniciadas por el tándem demoníaco Reagan-Thatcher, y que sus actuales seguidores aplican con diligencia en beneficio de la casta dirigente y perjudicando a la mayoría social. Un informe de la Fundación 1º de Mayo revela que las políticas de recortes aplicadas en este país han intensificado la pobreza hasta alcanzar el 27 % de la población. Y lo más terrible es que, en este contexto, tener empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza; de hecho el 12 % de la población ocupada vive en hogares por debajo del umbral de la pobreza: existen cada vez más los “trabajadores pobres”.
Frente a las condiciones impuestas por las élites económicas y políticas dominantes hay una creciente conciencia de la necesidad reducir la desigualdad social pues la actual situación, injusta y cruel, puede provocar, a corto plazo, situaciones de grave conflictividad social. Las desigualdades en salud también pueden reducirse y existe suficiente evidencia para afirmar que “los sistemas sanitarios universales, con propiedad y gestión públicas, basados en la atención primaria y una elevada calidad de prestaciones, no sólo ofrecen mejores resultados de salud sino que también son más eficientes, equitativos y humanos” (Benach).
La privatización y mercantilización de la sanidad no se realizan por la búsqueda del bien común: son los potentes grupos empresariales privados los que presionan para transformar el SNS y crear nuevos espacios de negocio. Los lobbies de las aseguradoras, de las empresas de tecnología sanitaria y de la industria farmacéutica actúan con persistencia para conseguir sus objetivos. Y colocan a su gente en puestos de mando de la sanidad pública para trabajar en su propio beneficio. Boi Ruiz, jefe de la patronal catalana es el actual consejero de Sanidad. Él lo tiene claro: en su opinión la salud es un bien privado que depende de cada persona y no del Estado y “no existe un derecho a la salud”. Esta es la ideología que sustenta las decisiones políticas que llevan al desmantelamiento del sistema sanitario público. No buscan la eficiencia ni la calidad: solo persiguen el lucro, a costa de la salud de los ciudadanos.
