La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid denuncia un nuevo paso de la privatización sanitaria en la región con la externalización de determinados servicios en la Fundación Jiménez Díez (FJD). La FADSP se refiere a la contratación de las actividades del área de Oncología en una empresa “IDCsalud Instituto Oncológico” con personalidad jurídica propia, una SL perteneciente al grupo IDC.
En 2002, favorecido por las transferencias sanitarias que acababa de asumir el gobierno del PP de Madrid se realiza una operación por la que se establece una “relación asociativa” entre IBDYCSA (del grupo IDC) y la FJD creando una UTE para el funcionamiento de la entidad, que deja así de ser sin animo de lucro y cuya participación se reparte en un 5% para la FJD y un 95% para IBDYCSA los primeros 21 años (es decir hasta 2023) y a partir de esta fecha ira aumentando progresivamente la participación de la FJD hasta alcanzar el 50% en 2032.
Es conocida también la vinculación de la FJD con la multinacional CAPIO y la recuperación del antiguo nombre de IDC para evitar el seguimiento de las actividades de esta empresa.
La FADSP denuncia que ”esto se hace sin la existencia de un cambio en el convenio singular ni la autorización expresa y no sabemos si el conocimiento de la Consejería de Sanidad de Madrid”.
PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
La Fundación Jiménez Díaz (FJD) fue en su momento una entidad sin ánimo de lucro que se puso en funcionamiento en un tiempo (1955) en que la red hospitalaria pública del país era muy deficiente e incompleta.
Posteriormente con el desarrollo de la Seguridad Social y después con la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), el hospital empezó a prestar asistencia a los enfermos de la Seguridad Social y se vinculo al SNS mediante un convenio singular de acuerdo con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley General de Sanidad, pensados para situaciones especiales.
La quiebra de la FJD, resultado de la convivencia de un sector privado con el de asistencia pública obligó al sistema público a reflotar por dos veces el hospital y a participar en su gestión. De hecho, a día de hoy, la FJD adeuda una gran suma de dinero a la Seguridad Social
A pesar de ello la Comunidad de Madrid realiza un “acuerdo de novación del concierto singular de vinculación” con la FJD-UTE mejorando sustancialmente la dotación económica, con fecha 3 de marzo de 2011, y aún mas se conoce que al finalizar este año la Consejería de Sanidad aporta a la FJD-UTE un total de 94 millones € suplementarios a los 211 presupuestados en el acuerdo. Se le cede además la atención sanitaria de un área y la utilización de los centros de especialidades de Quintana y Pontones.
Para la FADSP “es evidente que se pretende sacar fuera de la FJD-UTE a unos servicios que se considera fundamentales y de alta rentabilidad, dejándolos fuera de la participación creciente prevista para la FJD, para luego subcontratarlos con una empresa del mismo grupo IDC, es decir pura ingeniería financiera. Paralelamente se vacía de contenido la FJD, y previsiblemente se hará lo mismo con otros servicios y/o unidades que se considere rentables, y la FJD quedara solo como el “envoltorio” de las actividades y los beneficios del grupo IDC. Por otro lado los artículos 66 y 67 de la LGS posibilitan el control administrativo de los centros sujetos a convenios singulares, cosa que será irrealizable en las empresas subcontratadas.
Por todo ello, la asociación considera que se está dando “otro paso más en la privatización del sistema sanitario madrileño y en la apropiación empresarial de beneficios a costa de los fondos públicos sin tener en cuenta la legalidad”. La FADSP pide a los responsables de la Administración sanitaria que intervengan “para garantizar que se respetan los términos del convenio entre la FJD-UTE y el Servicio Madrileño de Salud paralizando estas maniobras de subcontratación y desmantelamiento de los servicios sanitarios de la FJD”.
