#TEMP
lunes. 15.08.2022

La asistencia sanitaria tras los recortes y los planes de sostenibilidad

Por Sergio Fernández Ruiz | Dos años después del RD Ley 16/2012 parece un tiempo razonable para empezar a conocer el impacto de estas medidas en la atención sanitaria que recibe la población.

sanida

Dos años después del RD Ley 16/2012, 1,5 años después de la aprobación del Plan de Sostenibilidad y 2,5 años después de los recortes presupuestarios en la Sanidad Pública parecen un tiempo razonable para empezar a conocer el impacto de estas medidas en la atención sanitaria que recibe la población.

Desgraciadamente la información pública y la transparencia de las administraciones sanitarias son mínimas y la información pública existente esta convenientemente “maquillada” por lo que no es útil para conocer la realidad de la situación y solo es un elemento de confusión.

Por ese motivo desde la FADSP se ha realizado una encuesta a los usuarios de los centros sanitarios públicos para obtener datos fidedignos de las repercusiones que han tenido las transformaciones sanitarias sobre la población que utiliza los servicios sanitarios públicos.

La encuesta realizada a 1.107 usuarios/as de los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid puede consultarse en el texto integro del informe.

No obstante merece la pena resaltar algunos de sus resultados más llamativos porque el estudio recoge una muestra elevada de la población usuaria de los servicios sanitarios públicos, por lo que sus resultados son altamente representativos. Estos son:

La opinión sobre los profesionales

La opinión que tienen los usuarios del sistema sanitario sobre los profesionales es en general, buena o muy buena. No llegan al 13 % las personas que se consideran poco o nada satisfechas con la atención recibida, y ese es precisamente el gran activo del sistema sanitario público, la buena opinión de la ciudadanía sobre los profesionales que les atienden.

Tiempos de espera

Los tiempos de espera en cambio se objetivan como muy elevados, los promedios de espera para la consulta del especialista (3,30 meses), para la realización de una prueba diagnóstica (53,68 días) o en la lista de espera quirúrgica (7,13 meses) son intolerables y desvelan que la información que aportan las administraciones sanitarias es simple y llanamente falsa.

Solo el 6,5 % de las consultas del especialista cumplen con la recomendación del Consejo Interterritorial del SNS de que tengan una demora máxima de 15 días, y nada menos que el 19,3 % tienen una espera superior a 6 meses.

Algo parecido ocurre con las pruebas diagnósticas, donde el 43,8 % de los casos esperan más de 1 mes y el 7,4 % más de 6 meses.

Por fin esta la demora en la lista de espera quirúrgica,  tan lejos de las promesas oficiales de la Consejería de Sanidad (recuérdese un máximo de 1 mes) que solo se cumple en el 13,06 % de los casos, existiendo nada menos que un 35,79 % que superan los 6 meses.

En resumen, se han detectado unos tiempos de espera muy elevados, totalmente intolerables, que ponen en evidencia la falsedad de las cifras oficiales y que hay que tener en cuenta que son sumatorias (los pacientes hacen las 3 esperas, para el especialista, para las pruebas diagnósticas y para la intervención quirúrgica, en total una demora promedio de 12,21 meses a los que hay que sumar la demora en la atención por el medico de atención primaria). Al final una situación de esperas excesivas que empeoran notablemente la calidad de la atención sanitaria y que suponen un riesgo para la salud de las personas.

Derivaciones al  sector privado

Se detecto un elevado porcentaje de derivaciones al sector privado de pruebas y/o intervenciones quirúrgicas, en un 37,53 % de los casos los pacientes señalaron que se les había intentado la derivación al sector privado, contradiciendo las declaraciones oficiales  de la Consejería de Sanidad y poniendo de relieve que, tal y como se viene denunciando, entre otros por la ADSPM, hay una política sistemática de derivación hacia el sector privado, política que coincide con una infrautilización de los recursos del sistema sanitario público.En el mismo orden de cosas un 15,6 % de los pacientes que habían sido hospitalizados lo fueron en centros privados.

Consumo de medicamentos y efectos de los copagos

Un 70,82 consumía algún medicamento (media  de 3,81 medicamentos, con un rango entre 1 y 23), y solo el 2,89 % consumía medicamentos de uso hospitalario, lo que parece corresponder con las características de la población estudiada. La cantidad mensual que pagaban por ellos estaba en el total de los que consumían medicamentos un promedio de 10,41 €  (entre 45 céntimos y 115 €), y en el caso de los pensionistas en 10,19 €. Se encontraron diferencias significativas en cuanto al mayor numero de medicamentos consumidos por los pensionistas respecto a las personas en paro y las que estaban trabajando (p < 0,0001).

El 14,76% de los que consumían medicamentos señalo que había dejado de consumir algún medicamento por motivos económicos, todos ellos estaban en el grupo de ingresos familiares inferiores a 1.000 € y presentaban unos ingresos mensuales por persona de 295 € con una diferencia significativa con el grupo que no dejo de consumir medicamentos (p < 0,0001).

Según la situación laboral, dejaron de comprar medicamentos prescritos el 1,77% de las personas con trabajo, el 25,92 % de los parados, y el 20,39% de los pensionistas (los porcentajes se calcularon  sobre las personas que consumían medicamentos en cada uno de los grupos).

Todos los datos conocidos (encuestas sobre pensionistas, sobre médicos de familia, etc) abundan en el mismo sentido: se ha producido una significativa dificultad en el acceso a los medicamentos prescritos por un sector de la población que es precisamente el que tiene menos ingresos, es decir hay una desigualdad en el acceso a los medicamentos con un gradiente económico, y  también de enfermedad, lo que, una vez mas, contradice las declaraciones oficiales, entre otras las de la Ministra de Sanidad, al respecto, y evidencia un efecto muy negativo de los nuevos copagos sobre los medicamentos.

Por supuesto ninguna de la administraciones sanitarias han hecho el menor esfuerzo en comprobar las consecuencias de esta reducción en las recetas retiradas de las oficinas de farmacia, mas allá de congratularse de los ahorros económicos, y así sus efectos sobre la adherencia a los tratamientos, el acceso a tratamientos necesarios y efectivos, la presencia de complicaciones y la utilización de otros recursos sanitarios, sobre la salud, la morbilidad y la mortalidad, permanecen desconocidos, porque la lógica de nuestros “irresponsables sanitarios” parece ser la de “ojos que no ven… corazón que no siente” y prefieren desconocer y no investigar los efectos de sus medidas para evitar las malas noticias.

Seria deseable el poder hacer también un análisis sobre el impacto que han tenido sobre la salud, la morbilidad y la mortalidad, pero se  trata de un empeño muy complicado, tanto por la dificultades para obtener datos contrastados, como por el hecho de que el efecto de las políticas sanitarias solo tienen repercusiones en la salud en el medio plazo y porque es obvio que otros aspectos de la crisis (el desempleo, la bajada de recursos económicos, etc) tienen de manera independiente repercusiones obre la salud.

En resumen, se ha demostrado que el sistema sanitario en la Comunidad de Madrid tiene graves problemas de demoras en la atención,  y que se esta produciendo una barrera en el acceso a las prestaciones farmacéuticas en las personas con bajas rentas, de manera que muchas de ellas dejan de tomar los tratamientos prescritos con los problemas secundarios que ello producirá, negándoseles en la practica el derecho a la protección a la salud reconocido en la Constitución.

 Esta situación no es sino el resultado de unas políticas de recortes, privatizaciones y deterioro del sistema sanitario público, ejecutadas por los responsables de las administraciones sanitarias a nivel del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Madrid.

La asistencia sanitaria tras los recortes y los planes de sostenibilidad