jueves. 28.03.2024

Cuando va a finalizar el año, merece la pena hacer una breve evaluación de lo que ha sido la política sanitaria en 2016, tanto a nivel del gobierno central como de las CCAA.

A nivel del Gobierno se ha vivido una situación de interinidad que ha llevado a la inacción, y que en el caso de Sanidad ha sido más acusada porque es bien conocido que el titular del Ministerio dimitió en medio del año para presentarse a las elecciones en Euskadi.

Estas circunstancias han hecho que las cosas hayan seguido su curso, empeorando progresivamente. A resaltar algunas cuestiones como son la continuidad en el mantenimiento del RDL 16/2012 con los afectos negativos que tiene sobre el acceso a las prestaciones asistenciales, las exclusiones y la equidad, favoreciendo la desatención sanitaria y el aumento del gasto de bolsillo (lo que pagan las personas directamente para acceder a prestaciones sanitarias, bien en la Sanidad Pública, bien en el sector privado) que se ha incrementado en un 53%. Mientras tanto, y a pesar del importante incremento del gasto farmacéutico en 2015 (especialmente el hospitalario, pero también el de recetas a pesar del copago) y de que los presupuestos de Sanidad evolucionan por debajo del aumento del PIB, el Ministerio de Sanidad mantiene un acuerdo con Farmaindustria garantizándole un incremento del gasto farmacéutico ligado al PIB y continua haciendo el ridículo intentando paralizar las subastas de medicamentos (por suerte el Tribunal Constitucional por fin ha rechazado los recursos) y cualesquiera intentos de poner coto a los incontrolados precios que intenta imponer la industria farmacéutica.

Por otro lado se ha favorecido la deriva privatizadora del conjunto del sistema favoreciendo la provisión privada a cargo de los fondos públicos y la infrautilización de los recursos de la Sanidad Pública, como un ejemplo mas, Muface (cuyos fondos mayoritariamente acaban financiando al sector privado) ha visto incrementarse su presupuesto en un entorno de recortes generalizados de la Sanidad Pública.

Por otro lado no se ha producido ninguna iniciativa para solucionar los problemas pendientes, como la ausencia de fondos de cohesión, el desaguisado de la prescripción enfermera, etc, y el nombramiento de la nueva ministra no plantea perspectivas muy halagüeñas.

El resultado es que en el CIS de noviembre de 2016 la Sanidad aparece como el principal problema para el 13,6% de los encuestados (el valor más alto desde 2010).

En las CCAA ha habido más cambios, especialmente en las que tuvieron cambios de gobierno en mayo de 2015, aunque la tónica general ha sido de un ligero incremento presupuestario en 2016 que no ha superado los recortes realizados desde 2009 (parece que en 2017 la situación tendrá una mejora), y la continuación del proceso privatizador en marcha aunque de manera más lenta y silenciosa para evitar el contundente rechazo social y profesional.

Conviene destacar el caso de Valencia, que ha garantizado la universalización de la atención sanitaria, ha prometido la no continuidad de la concesión del hospital de Alzira (el paradigma del modelo de concesiones administrativas) y está haciendo un amplio trabajo de detección de las irregularidades y corruptelas en los centros sanitarios. Baleares, Castilla la Mancha y Extremadura son otras CCAA donde se han producido cambios positivos de diversa entidad, aunque con repercusiones distintas, porque su grado de recorte y/o privatización era distinto y también lo era el tiempo que los gobiernos del PP habían destinado a desmantelar la Sanidad Pública.

En esta situación desde la FADSP entendemos que sería prioritario:

- Acabar con los recortes recuperando cuando menos los presupuestos sanitarios de 2009 y establecer una formula más equitativa de financiación sanitaria en la línea de una financiación finalista. 

- Recuperar los fondos de cohesión sanitaria y elaborar un Plan Integrado de Salud para asegurar la equidad, coherencia y coordinación del Sistema Nacional de Salud. 

- Derogar el RDL 16/2012 para acabar con las exclusiones y avalar la universalidad del derecho a la atención sanitaria 

- Recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público comprometiéndose con la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública. 

- Paralizar los procesos de privatización sanitaria y recuperar los centros privatizados - Control del gasto farmacéutico priorizando el derecho de las personas al acceso a los medicamentos por delante de los beneficios empresariales de la industria. - Poner en funcionamiento sistemas eficaces de participación social y profesional en todo el sistema sanitario público.

Algunas de estas medidas dependen directamente del Gobierno central, otras de las CCAA y otras de ambos, en todo caso entendemos que es el momento de apostar seriamente por la Sanidad Pública porque de ello depende la salud de la población.

Un año perdido para la sanidad pública