El Ministerio de Sanidad modificó el pasado 18 de julio las condiciones para la adjudicación de la gestión clínica rebajando considerablemente los requisitos según consta en un informe remitido por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. Si antes, las empresas debían acreditar ‘haber realizado dos proyectos de creación de áreas o unidades de gestión clínica en los últimos tres años’; ahora basta con “haber impartido docencia en relación con la gestión clínica”, de tal forma que, según el sindicato, “parece evidente que esta sospechosa modificación se realiza ad-hoc”.
La modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) en el transcurso de la licitación, “suavizando” mucho la exigencia de experiencia de estas empresas en el campo de la gestión clínica podría haber beneficiado a las dos empresas adjudicatarias de la gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla. Con respecto a la primera, Mensor Consultoría y Estrategia, S.L., sí figura en su página web quienes son los profesionales implicados; mientras que en la segunda, BAPPH, a la que pertenece el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, no se puede verificar quién está al frente de esa empresa ni con qué profesionales cuenta, es decir se desconoce su experiencia al respecto.
Sospechoso también resulta en opinión del sindicato que se hayan adjudicado dos lotes, uno para cada empresa y no haya sido solo una la licitadora, lo que podría indicar que ambas consultoras llegaron a un acuerdo.
Otro de los aspectos más polémicos de la adjudicación hecha por la ministra de Sanidad, Ana Mato, es el hecho de que Lamela esté imputado por tráfico de influencias y prevaricación durante el proceso de privatización de la sanidad madrileña. Así lo han denunciado oposición y sindicatos. La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, lo ha calificado como una “falta de ética inadmisible y ha pedido la comparecencia urgente de Mato para que explique en el Congreso las razones por las que ha decidido dar a Lamela un contrato para asesorar la gestión clínica de los hospitales de Melilla y Ceuta.
CCOO también ha solicitado al Ministerio que se verifique la presencia de personas imputadas por casos de prevaricación; y, de confirmarse, se proceda a una investigación urgente del proceso de adjudicación de este contrato.
La ley de contratación pública establece que son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante esto sería aplicable si existiera una condena en firme y no es el caso, recuerdan desde el PSOE y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
La ministra también debería aclarar en sede parlamentaria porque se recurre a empresas privadas para realizar tareas que pueden hacerse perfectamente con los medios propios del INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), como así está ocurriendo en otras Comunidades, donde ya están funcionando Unidades de Gestión Clínica con personalidad jurídica propia.
Al respecto, la socialista Trinidad Jiménez se pregunta porque el Ministerio “está pidiendo asesoramiento para intentar privatizar la gestión de los dos únicos hospitales que dependen íntegramente del Ministerio, como son Melilla y Ceuta”, así como las “razones” para tomar esta decisión y si la ministra Mato “tiene algún conocimiento de que la gestión privatizada puede ser más eficiente que la pública, porque los datos que tenemos son justo lo contrario”. La dirigente socialista critica que se busque asesoramiento "ajeno al Ministerio” cuando hay organismos oficiales como el Instituto de Salud Carlos III -dependiente del Ministerio de Economía-, y la Escuela Nacional de Sanidad que pueden llevar a cabo dicho trabajo y cuentan con "extraordinarios expertos".
