Miércoles 26.06.2019

Porqué debemos recuperar el acceso universal a la salud

La Sanidad Pública necesita muchas medidas para recuperarse del proceso intensivo de deterioro, recortes, desmantelamiento y privatizaciones a que fue sometida por el PP desde 2011.

Existen algunas muertes documentadas a raíz de la exclusión (al menos 2), pero un estudio reciente habla de un exceso de mortalidad de 70 personas/año

El objetivo del derecho universal a la salud viene desde hace años, ya la Conferencia de Alma Ata (1978) señalaba que “la salud…es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo” y que “Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas”. La Organización Mundial de la Salud ha seguido reiterando tanto que la salud es un derecho humano básico como la necesidad de que los gobiernos garanticen el acceso a las prestaciones sanitarias a todas las personas y así lo especifico en 1998 cuando aprobó la Estrategia Salud para todos en el siglo XXI, y posteriormente en el Informe de 2010 La financiación de los sistemas de salud. El camino hacia la cobertura universal y cuando  en la declaración sobre  la Cobertura sanitaria universal (2013) señalo que:

El objetivo de la cobertura sanitaria universal es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Para que una comunidad o un país pueda alcanzar la cobertura sanitaria universal se han de cumplir varios requisitos, a saber: un sistema de salud sólido; un sistema de financiación de los servicios de salud; acceso a medicamentos y tecnologías esenciales; personal sanitario bien capacitado.

Pues todas estas políticas eran conocidas cuando el gobierno del PP aprobó el RDL 16/2012 que establece entre otras medidas que se vincula la atención sanitaria al aseguramiento, contempla la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas que no estuvieran regularizadas el 1/9/2012 y ofrece “convenios alternativos”  para las personas excluidas. Después de su aprobación varios de estos organismos han señalado los efectos negativos del mismo y la conveniencia de volver a la situación anterior (el ultimo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en abril de 2018).

Aparte de que vulnera las recomendaciones internacionales suscritas por nuestro país hay que oponerse por los siguientes motivos: Razones humanitarias, razones de justicia, razones de organización de los servicios sanitarios, razones de salud pública y razones económicas.

Las razones humanitarias precisan poca explicación, se vulneran derechos humanos básicos, se desprecia la salud de las personas y se fomenta la xenofobia.

Las razones de justicia tienen que ver por un lado con el hecho de que la financiación sanitaria en España depende sobre todo de impuestos indirectos (IVA, impuestos especiales), de manera que cada persona que consume cualquier cosa en nuestro país (incluidos los elementos básicos de la dieta) esta sufragando el sistema sanitario público, y por otro lado conviene recordar que los países del primer mundo en gran parte se benefician de la explotación de los menos desarrollados ( un excelente chiste de el Roto decía: “Yo llegue a Europa siguiéndoles la pista a las riquezas de mi país”), acoger a estas personas supone de alguna manera devolverles algo de lo que históricamente se les robo.

Las razones de organización sanitaria tienen que ver con que los costes y la eficacia de los sistemas sanitarios están pensados para que nivel asistencial atienda los problemas para los que esta diseñado, dejar las urgencias como única alternativa asistencial colapsa las urgencias con una demanda inapropiada que empeora la asistencia de los problemas que si precisan utilizar ese nivel asistencial. Hay constancia de que se incrementado la utilización de las urgencias por los grupos excluidos y de que a nivel global se han incrementado las urgencias atendidas (un 8,68% en los últimos 5 años).

Existen potentes razones de salud pública que provienen de que no se detectaran las enfermedades infectocongiosas o se hará tarde incrementándose los riesgos de su propagación y se dejara sin tratamiento a personas ya diagnosticadas. De hecho una de las personas fallecidas por desatención después de la aprobación del RDL propago la tuberculosis a otros 20 contactos. Por eso, toda la población somos los primeros interesados, aunque solo sea por egoísmo, de que todas las enfermedades infectocontagiosas se detecten y se traten con prontitud. Existen algunas muertes documentadas a raíz de la exclusión (al menos 2), pero un estudio reciente habla de un exceso de mortalidad de 70 personas/año.

Existen por fin potentes razones económicas ya que la utilización inapropiada de las urgencias y el retraso en el diagnóstico incrementaran los costes de atención de una manera muy importante y por otra parte los costes de atención de los inmigrantes son bajos (0,5% del gasto sanitario) ya que se trata de personas mayoritariamente jóvenes y sanas cuya demanda asistencial esta muy por debajo de las personas autóctonas. Por otro lado los gobiernos del PP han sido incapaces de cuantificar ningún ahorro de esta medida, que por cierto fue el argumento que se utilizo para justificarla.

Por otro lado la mayoría de la población está en contra de esta medida, así en el ultimo Barómetro Sanitario publicado (2018), el 64,8% de los encuestados opinaban que debían recibir la misma atención sanitaria pública que cualquier otra persona, el 27,8% pensaba que “solo en determinadas situaciones” y solo el 3,1% que en ningún caso.

De hecho la mayoría de las CCAA habían arbitrado sistemas para garantizar su atención sanitaria, si bien el PP sistemáticamente recurrió estas normativas ante el Tribunal Constitucional que las había anulado por invadir competencias estatales, y al final la situación de estas personas esta en manos de la arbitrariedad de las administraciones sanitarias y los profesionales, y aunque la mayoría de las personas son buenas y solidarias, siempre hay algunas que no lo son (el 3,1% según el Barómetro Sanitario) y pueden ocasionar a los excluidos un verdadero calvario de humillación y desatención.

Así las cosas es una gran noticia que el Gobierno esté dispuesto a acabar con esta intolerable situación, corre prisa porque hay muchas vidas en juego. Es evidente que la universalización del derecho a la atención sanitaria y el fin de las exclusiones exige la derogación del RDL 16/2012, que además incorpora unos copagos que impiden a muchas personas, las mas enfermas y las mas pobres, el acceder a prestaciones sanitarias que necesitan.

La Sanidad Pública necesita muchas medidas para recuperarse del proceso intensivo de deterioro, recortes, desmantelamiento y privatizaciones a que fue sometida por el PP desde 2011, esperamos que este solo sea el primer paso.


Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública