jueves. 28.03.2024
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Hace varios años, un grupo de ex-altos cargos de la Xunta de Galicia y de Caixanova, crearon el fondo de capital riesgo -Netaccede- al que pertenece la empresa "Consultores y Asesores Net Global", que gestionó, junto con Indra, la asistencia técnica de la Xunta en las dos últimas elecciones autonómicas.

Posteriormente, Núñez Feijóo cedió al fondo privado Netaccede el control de las contrataciones públicas, a través de la plataforma electrónica Vortal, participada por Telefónica e Indra. De esta forma, las empresas más beneficiadas por la privatización sanitaria de la Xunta (“call center”, teleasistencia, receta electrónica e historia clínica electrónica), también son “arte y parte” en las licitaciones de los servicios públicos.

Recientemente, el gobierno de Rajoy adjudica a Indra -“in extremis”- el concurso para el recuento de votos de las elecciones del 26 J, a pesar de los conflictos de interés existentes, ya que la privatización de los servicios públicos que gestiona esta empresa, así como sus beneficios empresariales, pueden variar significativamente de ganar una u otra opción política.

Indra está presidida por Fernando Abril Martorell, la persona que lideró la privatización de Telefónica y que posteriormente se convirtió en su consejero delegado. Además, Indra no es precisamente una empresa modélica en su “modus operandi”, ya que está imputada en la operación Púnica.

Es urgente sustraer de manos privadas el control de las elecciones gallegas-a la vuelta de la esquina- y de las siguientes convocatorias electorales, evitando especialmente las empresas implicadas en casos de corrupción, vinculadas a alguno de los partidos en liza o las que se han beneficiado de las privatizaciones de los servicios públicos, para evitar dudas y suspicacias con respecto a nuestra democracia.

Las elecciones del 26 J y la externalización de la democracia