El Gobierno debe aprovechar la tramitación parlamentaria para corregir las insuficiencias que han impedido alcanzar un acuerdo sobre el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros.
Ante la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto Ley para la Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo.
Este Real Decreto-Ley nos devuelve a un sistema que deja a la Administración la detección de las necesidades formativas del sistema productivo y a los centros o entidades privados, la impartición de las acciones formativas, relegando a los verdaderos protagonistas del sistema productivo a un papel meramente consultivo
CCOO comparte la necesidad de dotar a la formación para el empleo de mayores cotas de transparencia, calidad y controles y se compromete a seguir trabajando con el Gobierno y el resto de grupos políticos en el proceso de tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley.
En el actual contexto, un sistema de formación profesional para el empleo eficaz, transparente y de aplicación en todo el territorio del Estado, es fundamental y necesario para ayudar a superar la actual situación de desajuste de cualificaciones en España y contribuir a la salida de la crisis, a la mejora de la empleabilidad y la promoción profesional de los trabajadores. Y ese modelo sólo puede afrontarse desde la participación y el compromiso de las Administraciones y las organizaciones empresariales y sindicales. Pero no somos capaces de entender cuál puede ser la extraordinaria y urgente necesidad que ha obligado al Consejo de Ministros a aprobar un Real Decreto-Ley para reformar el subsistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, sin el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales.
Aunque se alude en el preámbulo a la escasa vinculación del actual sistema de formación para el empleo con la realidad del tejido productivo, la propuesta del Gobierno está lejos del mercado de trabajo. Son justamente las organizaciones empresariales y sindicales las que conocen las necesidades de los sectores, los problemas de competitividad de las empresas y la necesidad de adquisición o actualización de conocimientos de los trabajadores. Y son precisamente estas organizaciones las que quedamos fuera de este nuevo modelo, ya que el Ejecutivo les conceda un papel muy poco relevante en la organización, gobierno y gestión de la formación, limitando su participación a un mero papel decorativo.
Este Real Decreto-Ley nos devuelve a un sistema que deja a la Administración la detección de las necesidades formativas del sistema productivo y a los centros o entidades privados, la impartición de las acciones formativas, relegando a los verdaderos protagonistas del sistema productivo (organizaciones empresariales y sindicales) a un papel meramente consultivo. Los centros de formación públicos (Universidades, Centros de FP y de Educación de Personas Adultas) siguen siendo relegados a un papel subsidiario, muy por detrás de los centros y entidades privadas de formación, que acaparan el mercado de la formación para el empleo.
También sorprende que el derecho a 20 horas anuales de formación de cada trabajador o trabajadora se entienda cumplido con la autorización al trabajador de un permiso individual de formación, ya que en el primer caso la formación debe estar vinculada a la actividad de la empresa, mientras que en el segundo, y a falta de que un desarrollo posterior lo modifique, se garantiza al trabajador el derecho a realizar cualquier tipo de formación, con las únicas limitaciones de ser presencial y estar respaldada por una titulación oficial.
En cuanto al papel de las comunidades autónomas, les corresponde velar por la programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo en su ámbito de competencia, pero no se soluciona uno de los principales problemas del modelo: la falta de coordinación y el solapamiento de las acciones formativas impartidas en los distintos ámbitos territoriales, así como la garantía de canales de participación de organizaciones empresariales y sindicales en la formación impartida desde las Comunidades Autónomas.
La formación bonificada, que es la que organizan directamente las empresas, se convierte en el eje principal de la formación para el empleo, saliendo reforzada en este nuevo modelo. Los principales esfuerzos del gobierno se han centrado en controlar el uso y destino de los fondos de la formación de oferta, olvidando que la formación que realizan las empresas recibe el 63 % del presupuesto total de formación para ocupados, con casi 600 millones de euros de presupuesto. Según se desprende del "Informe de Evaluación de la formación de demanda en las empresas entre los años 2010 y 2012" publicado recientemente por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, la formación bonificada necesitaba una profunda revisión para conseguir:
- Acercar la formación llegue a las pequeñas y medianas empresas.
- Intensificar el papel de los representantes de los trabajadores en la formación de sus empresas y en la determinación de los criterios de selección de los participantes.
Se incluye la posibilidad de que los servicios públicos de empleo proporcionen el famoso "cheque formación" a los trabajadores desempleados. La experiencia europea con esta herramienta de financiación demuestra dos cosas: que intensifica las desigualdades formativas porque es usado preferentemente por trabajadores ya cualificados, y que es "propenso al fraude".
Si lo primero hizo que Suecia retirara el cheque formación tras una experiencia piloto, lo segundo llevó a Inglaterra a suspenderlo tras descubrir un fraude millonario de los centros de formación. CCOO no entiende que no se contemple definitivamente en este Real Decreto Ley la reanualización de los fondos, que tanto el Tribunal de Cuentas como el Constitucional han venido planteando, al ser estos fondos de carácter finalista que sólo pueden ser aplicados a la actividad formativa.
