Izquierda Unidad-Unidad Popular ha registrado ante la Junta Electoral Central (JEC) un escrito en el que denuncia los graves problemas de lo/as ciudadano/as españole/as que residen en el extranjero, tanto de forma permanente como temporal, para poder votar en los comicios del 20D. Ante el agravamiento de la situación y la inacción por parte del Gobierno del PP -IU ya actuó también sobre esta cuestión en las elecciones autonómicas de mayo pasado- la candidatura que encabeza Alberto Garzón plantea una batería de medidas urgentes para paliarlos.
Izquierda Unida hace constar que los impedimentos para el ejercicio con normalidad del derecho al voto a los emigrantes españoles y nacionales que residen temporalmente fuera del Estado afecta en estas elecciones a más de 1,8 millones de personas inscritas. De ahí que plantee directamente a la JEC que “inste a la Administración General del Estado a remover los obstáculos que dificultan el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles y españolas inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes que viven en el extranjero, y a los españoles y españolas inscritos en el Registro de Matrícula Consular que se encuentran temporalmente en el extranjero”.
Adolfo Barrena, representante general de la coalición Izquierda Unida-Unidad Popular ante la Junta Electoral, advierte de que “este grave problema es consecuencia directa del interés compartido en su día de PP y PSOE por pactar y aplicar un cambio en la Ley Electoral que ambos entendían que les beneficiaba, pasando por encima de los derechos de la ciudadanía”.
“Nosotros volvemos a actuar ahora -señala Barrena- con la autoridad política y moral que nos da habernos opuesto radicalmente y votado en contra en su día de esta reforma, pese a las duras descalificaciones de ‘populares’ y socialistas por ello, y de llevar meses de actuaciones y denuncias para tratar de paliar las consecuencias de este asunto”.
Por ello, el también responsable federal de Organización de IU indica que “ahora ya no sirven las lamentaciones del PSOE y sus propósitos de enmienda, ni tampoco que el PP mire para otro lado mientras con la boca pequeña el Gobierno de Mariano Rajoy dice que actúa. Ni lo uno ni lo otro vale para los cientos de miles de personas que se van a quedar sin poder votar por su negligencia e interés partidista”.
El último ejemplo del alcance y la magnitud de la dificultad de los emigrantes y desplazados españoles para votar se tuvo en las elecciones autonómicas de mayo pasado, cuando apenas el 3% de las personas inscritas en el Censo Electoral de Residente Ausentes (CERA), pudo votar.
“Votar -asegura Barrena- deja de ser un derecho y se convierte en una carrera de obstáculos para nuestros emigrantes y exiliados económicos, muchos y muchas de ellos jóvenes a los que las medidas neoliberales han expulsado de sus casas y a quienes les gustaría estar en nuestro país”.
“El voto rogado con garantías que tanto querían PP y PSOE en su momento se ha convertido en la práctica en ‘voto robado’, denuncia Adolfo Barrena.
Las cifras, con datos oficiales del INE, señalan que de los 1.875.272 inscritos/as en el CERA con derecho a voto, tan solo van a tener posibilidad de ejercerlo las 142.619 personas cuya solicitud de voto por correo ha sido aceptada.
“Es inadmisible -concluye el dirigente federal de IU- que un país democrático tenga un sistema electoral que condena a la abstención forzosa a más de 1,7 millones de personas con derecho a voto. Es como si se dejase a toda la provincia de Sevilla (1.501.422 votantes), a la de Valencia (1.893.409 votantes), o a las de Zaragoza (714.458 votantes) y Murcia (1.003.904 votantes) juntas sin derechos”.
